El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa de reprobación al Gobierno de Cantabria, tras las declaraciones en pleno del consejero de Industria del Ejecutivo autonómico, Francisco Martín.

Y, en concreto, por la respuesta que dio en el mismo Parlamento el pasado 28 de marzo de que el Ejecutivo no había movido “un papel” sobre su actuación como acusación en el caso Racing (donde está personado como acusación particular, al darse perjuicio a las arcas cántabras, a través de la empresa pública CANTUR, que depende de Industria).

Pero poco después trascendió que ese mismo día se había despedido al abogado asignado, Javier Noriega, como avanzó BUENAS TARDES CANTABRIA.

El abogado Javier Noriega

La reprobación ha salido adelante gracias a la suma de los votos de toda la oposición, PP, Ciudadanos y Podemos, que suman mayoría frente a los grupos del Gobierno, PSOE y PRC.

Es Podemos quien ha presentado esta reprobación, ya que fue en su pregunta en la que Martín obvió contar al pleno sobre el cambio de abogado.

Con esta actuación, que califica de «errática y confusa», Alberto Bolado ha criticado al Gobierno por esta «decisión absolutamente inoportuna», que considera que ha dejado ver que con ello «parece que el Gobierno pretenda influir en el caso».

Por ello ha solicitado que el Gobierno, como ya se ha hecho tras la intervención de Revilla, que mantenga al abogado Javier Noriega al frente de la acusación. Además, la proposición incluye la solicitud de que en futuros casos en los que intervengan como perjudicadas las empresas públicas se encomiende su defensa a los servicios jurídicos del Gobierno.

Los otros partidos de la oposición, Ciudadanos y PP, han apoyado su propuesta. Rubén Gómez (Ciudadanos) ha criticado que el Gobierno sea «tan poco hábil» para cesar al abogado el mismo día que aseguraron no haber movido ni un solo papel de la causa; así como la actuación posterior del presidente del Gobierno.

«El presidente Revilla dice que no sabía nada, cuando dice en todos los medios de comunicación que un presidente debe conocer todo lo que pasa en su partido. ¿Es que conoce usted todo lo que pasa en su partido pero no todo lo que pasa en su gobierno?», le ha preguntado jocosamente.

El portavoz popular, Eduardo Van Den Eynde, ha asegurado que el consejero incurrió en «una mentira objetiva y consciente» al decir que no se había cambiado ni un solo papel. Además, cree que este «paso torpe», el intento de cambiar de abogado, se ha llevado a cabo con la intención de «tratar de debilitar a la acusación», en beneficio de Ángel Agudo y Javier López Marcano, imputados en la causa.

EL PSOE Y EL PRC CARGAN CONTRA LA FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA A MARTIN

Los partidos que sustentan al Gobierno han reaccionado a proposición atacando a Podemos, demostrando que el acuerdo al que llegaron cuando estos permitieron la investidura de Revilla está cada vez más tenso.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, se ha declarado «preocupado por esta nueva política», ya considera que con la actuación de Podemos «asistimos al descrédito de una realidad de los instrumentos parlamentarios».

Hernando ha matizado que el diputado de Podemos «realizó una pregunta muy clara», que no incluía cuestiones sobre el cambio de abogados, a pesar de que ya había rumores desde esa mañana. «El Gobierno ha respondido incluso por encima de sus obligaciones» ha asegurado.

También ha matizado que, tras acabar el pleno, Bolado se acercó al consejero para decir que no le había dado tiempo a preguntar sobre Noriega, a lo que Martín le procedió a relatarle la resolución del Consejo de Administración de CANTUR. Por ello, considera que la reprobación está «basada en mentiras» para «sacarse fotografías ante los medios de comunicación».

En respuesta, Bolado ha insistido en que su trabajo es fiscalizar al gobierno y no «decir al consejero cómo hacer su trabajo», ya que le presuponen «capacidad y conocimientos técnicos», como para saber que «el cambio de abogado en un asunto en que el gobierno tiene conflicto de intereses es una modificación sustancial que debe dar a conocer a la cámara».

También les ha acusado de pretender contarle sus chanchullos fuera del pleno para tratar de hacerle «su cómplice».

Hernando también ha asegurado que es «absolutamente legítimo que CANTUR elija a sus abogados», asegurando que Noriega fue «nombrado y adoctrinado en sus planteamientos de defensa por el Gobierno del PP». Y que la orden de Revilla se debió a las posibles dudas que ese cambio podían suscitar.

Por parte del partido socialista, Guillermo del Corral considera que las declaraciones de Martín «en modo alguno colisionaban» con el cambio de abogado, pues la pregunta de Podemos era muy específica sobre si el Gobierno tenía intención de retirar la acusación.

CASO RACING

El Caso Cantur está parado en la Audiencia Provincial, a la espera de que se resuelvan los recursos de los querellados y la Fiscalía, después del auto del 11 de mayo de 2015 que ponía a los acusados al borde del banquillo, aunque tras la renuncia a su acta de diputado del imputado Francisco Javier López Marcano el asunto pasó a la jurisdicción ordinaria.

Además de Marcano, están acusados el exconsejero de Economía y presidente actual del PSOE, Ángel Agudo; el máximo responsable de la empresa pública CEP Cantabria que canalizó las operaciones, Luis Egusquiza; el abogado externo que asesoró las operaciones del Gobierno en el Racing, Emiliano Garayar; el empresario que fue máximo accionista del Racing, presuntamente beneficiado por la venta del Racing en 2011, Jacobo Montalvo y su empresa Dumviro Ventures.

La primera jueza instructora del caso, Paz Hidalgo, elevó el quebranto patrimonial a 43,8 millones de euros e instó a CEP Cantabria a que se personara para defender el interés público, debido a que buena parte de la pérdida de dinero procedía de esta empresa pública.

A regañadientes, CEP se personó y llegó a presentar cargos contra los investigados. Aunque finalmente, el 2 de julio de 2015, y con el Gobierno del PP en funciones, se retiró de la acusación particular.

Al final de aquel mes, el 29 de julio, la Fiscalía rebajó las acusaciones y la gravedad de los hechos investigados. Dos semanas antes había presentado su renuncia el Fiscal Superior de Cantabria, José Ignacio Tejido.