Antonio Zabala, exdirector general de MARE, y Javier Fernández, senador y exconsejero de Medio Ambiente del PP || Foto: Gobierno de Cantabria

SOCAMEX, empresa participada por URBASER, del Grupo ACS (Florentino Pérez), también se benefició de las irregularidades en la contratación pública de la empresa pública MARE, del Gobierno de Cantabria.

Lo hizo en una adjudicación por 3,7 millones de euros para la explotación, mantenimiento y conservación de las EDARES (estaciones de depuración de aguas residuales) municipales de la zona I.

Así lo revela la auditoría de la Intervención General del Gobierno de Cantabria difundida el pasado fin de semana por la macroconsejería que dirige la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que tiene las competencias de Medio Ambiente.

El informe, elaborado de oficio por la Intervención General de la comunidad autónoma, resalta incidencias en diversos contratos mayores (y menores) en la empresa pública durante la etapa de Gobierno del PP (2013 y 2014), cuando el actual senador popular, Javier Fernández, era consejero de Medio Ambiente y presidente de MARE.

En uno de los epígrafes de la auditoría, el equipo de auditores destaca las incidencias en las adjudicaciones de tres contratos mayores: a la UTE Saneamiento Comillas y Ruiloba, a OXITAL (de la familia Huerta) y a SOCAMEX, del Grupo ACS.

Sobre esta última, en concreto, y según documentación pública consultada por EL FARADIO, el presupuesto de licitación del contrato que se llevó SOCAMEX fue de 5,6 millones de euros (se descartó a FCC Aqualia por baja temeraria), aunque el anuncio de adjudicación (27 de febrero de 2015) eleva el valor estimado del contrato a 7,5 millones de euros  (IVA no incluido) por seis años y opción a prórroga de dos.

En estos tres expedientes, subraya el informe, recaen muchas de las incidencias que pone de manifiesto el cuerpo del informe, particularmente en la necesidad de contratar, los pliegos que rigen el contrato, los criterios de adjudicación y los informes de valoración de las ofertas.

Así, se produjo un peso mayor de los criterios subjetivos en la adjudicación respecto a los objetivos, que, por otra parte, fueron sufriendo cambios en los criterios económicos y medibles a lo largo del proceso, cuando no eran, directa (y paradójicamente) ambiguos, llegándose a extremos como que se cambiaran las condiciones cuando ya se sabía qué empresas se iban a presentar o que los criterios subjetivos se acabaran convirtiendo en objetivos.

Unas “debilidades” detectadas por las que “el equipo auditor no ha tenido evidencia de que finalmente la adjudicación haya recaído en la oferta económicamente más ventajosa”, al tiempo que “contravienen el principio de transparencia y objetividad que ha de regir la contratación pública”.

INCIDENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

En primer lugar, los auditores señalan que la memoria de necesidad de contratar y los pliegos de estos tres contratos (SOCAMEX, OXITAL y Saneamiento Comillas y Ruiloba) no permiten su trazabilidad (su seguimiento respecto a los planes iniciales y su evolución) con la encomienda de gestión del Gobierno de Cantabria para prestar estos servicios.

También apuntan que los tres expedientes tienen objetos similares, pero con criterios de adjudicación en los pliegos “diferentes”, ponderaciones “distintas” y fórmulas de distribución de la puntuación de la oferta económica “también cambiante”, “sin que esté motivado en los expedientes”.

En todos ellos “resulta importante” el peso relativo de los criterios “subjetivos”, de al menos un 50% y de un 60% en el caso del contrato con la empresa del Grupo ACS, expediente que se señala “en concreto” por los 30 puntos destinados a las mejoras (de los que logró 29) “sin que tampoco esté justificado”.

“A mayor abundamiento de la situación”, relatan los auditores, las mejoras que presenta el aspirante y que son objeto de valoración como criterio de adjudicación “pueden ser modificadas a voluntad de MARE una vez adjudicado el contrato, ya que será libre de aceptarlas, tal y como establece en los pliegos”.

Esto es, la parte de las mejoras que se podían ofrecer respecto a lo planteado contaban para la adjudicación pero la empresa adjudicataria podía no asumirlas, por contrato.

Además, se apunta “una descripción poco detallada y concreta” en los pliegos de condiciones particulares de los criterios no evaluables mediante fórmulas, lo que lleva a que posteriormente “hayan sido baremados por otros más precisos” y “una vez abiertas las ofertas” y “por tanto conocido el contenido”.

Una vez abiertos los sobres y conocido el contenido de la documentación presentada, se establecen subcriterios y una baremación más precisa que la que se recogía en la documentación (de modo que en la práctica los criterios para la selección se fijaban después de conocerse los aspirantes y el contenido de sus ofertas, no antes).

Y en la subdivisión que se hace para valorar las ofertas técnicas, los auditores aprecian casos en los que algunos de ellos se transforman en criterios objetivos cuando según el pliego se consideraban subjetivos.

Por último, tanto en el contrato adjudicado a SOCAMEX, como en otro que se llevó OXITAL, la fórmula para asignar la puntuación de la oferta económica “se basa en la baja media”, lo cual “contraviene el principio de economía”.

Y se han apreciado “errores en la aplicación de dichas fórmulas otorgando puntuaciones incorrectas a los licitadores (a las empresas candidatas)”.

DE NUEVO OXITAL

De estas nuevas irregularidades también resultó beneficiada OXITAL, de la familia Huerta, que se llevó en otro proceso con incidencias detectadas el mayor contrato (7 millones de euros) adjudicado en el periodo 2013-2014 (de la muestra de expedientes analizados por los auditores).

Este segundo contrato mayor, para la explotación de los sistemas de saneamiento de Liendo y Guriezo, también se adjudicó con algunas de las anteriores incidencias, como refieren los auditores.

Salió a licitación por 1,39 millones de euros y se adjudicó en un importe estimado de 973.000 euros, aunque el valor estimado, incluyendo prórrogas, supera los 2 millones de euros.

Oxital es la empresa de la familia Huerta. La presidenta es Ana Huerta Terán y el vicepresidente es Manuel Huerta Terán, presidente de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar y expresidente de la Asociación Eólica de Cantabria, que reunía a los empresarios con expectativas en el frustrado Plan Eólico, tumbado en los tribunales de justicia.

Ambos empresarios son herederos del negocio de Manuel Huerta Castillo, el que fuera alcalde de Santander por el PP (87-95) y presidente del Racing de Santander en dos etapas (96-97 y 2005-2007), que cesó en sus cargos en Oxital en 2012.