Este lunes el Parlamento de Cantabria ha acordado por unanimidad instar al Gobierno de Cantabria a que lleve a cabo la contratación pública de todos los productos alimentarios con carácter de proximidad y, preferiblemente, ecológicos.

Será para los productos destinados a colegios públicos, hospitales, centros penitenciarios, residencias y demás centros públicos de estrecha colaboración con los respectivos sectores (sindicatos, cooperativas de productores y consumidores, asociaciones…). Estas instrucciones se llevarán a cabo de manera compatible con la legislación vigente, tanto a nivel nacional como europeo.

Ese es el contenido de la moción aprobada unánimemente en el Parlamento de Cantabria, que Podemos ha presentado con el motivo de «apoyar y fomentar el consumo de productos locales como herramienta para generar empleo en el medio rural», tal y como ha defendido este lunes el diputado de la formación morada, José Ramón Blanco.

Protesta de los ganaderos frente al Parlamento el pasado lunes.

Por lo tanto, si el Gobierno lleva a cabo esta medida, ya no será solo el precio el único criterio de adjudicación en los procedimientos de licitación de la adquisición de los productos, sino que también se valorarán los aspectos sociales y medioambientales de las ofertas.

Además, se pretende que el fomento local y ecológico disponga de su propia partida presupuestaria en todos los presupuestos del gobierno de Cantabria, comenzando por los de 2017.

«Es evidente que la compra por parte de las Administraciones Públicas de alimentos agrícolas y ganaderos de los y las productoras locales y más próximos se concibe como una herramienta muy adecuada, contribuyendo a la creación de empleo, al impulso de los mercados locales, a la dinamización territorial ayudando a la fijación de población en el mundo rural y a la sostenibilidad medioambiental», ha reiterado Blanco.

Ciudadanos ha manifestado la propuesta de «coherente». «No es cuestión de dinero sino de voluntad política», ha insistido Juan Ramón Carrancio, que ha recordado que solo se siguen las recomendaciones de Europa.

Luis Fernando Fernandez, del PRC, ha valorado positivamente esta medida en contraposición con los que ocurre hoy en día. «Cada vez es más difícil conocer el origen de lo que comemos», ha denunciado, y ha preguntado retóricamente. «¿Quién podría negarse a ofrecer una alimentación sana y de calidad en los hospitales, en los colegios y en los centros públicos, a la vez que generan puestos de trabajo? Yo creo que nadie», se ha respondido a sí mismo.

El PP también ha apoyado la propuesta, aunque el diputado Luis Carlos Albalá ha dejado ver dos dudas al respecto. Una, sobre si esta resolución es legal dentro de un marco de la libre competencia y mercado. «Creo que hay otras vías por explorar, que potencien el mercado de proximidad pero sin imposiciones legales», ha sentenciado.

La otra duda del PP es de origen práctico. «Si se homologa lo mismo en otras comunidades, ¿dónde colocaría el sector cántabro los excedentes de leche o carne?» ha preguntado, dejando caer que esta medida, aunque tomada «de buena fe», «podría ser perjudicial para nuestros productores».

Blanco se ha remitido a las recomendaciones europeas al respecto, y no ha podido evitar una alusión a las últimas y preocupantes informaciones vertidas sobre el TTIP, que Greenpeace ha hecho públicas este fin de semana.

«Cómo no voy a mencionar algo que se carga las denominaciones de origen, los productos locales, el medioambiente y todo lo demás», ha reprochado, recordado que tanto el PP como el PSOE apoyan el Tratado a nivel europeo, y que según las últimas informaciones ocultaría un intento por parte de EEUU de reducir los estándares europeos en temas de medio ambiente y salud, con vistas a comercializar en Europa productos actualmente ilegales.

Sobre la segunda cuestión ha sido menos expresivo. «Igual habría que venderla a sitios donde no produzcan leche», se ha limitado a sugerir.

CIUDADANOS DENUNCIA QUE EL DIRECTOR DE SOGIESE CAMBIÓ EL CONTRATO UN MES ANTES DE LAS ELECCIONES

Rubén Gómez en el Parlamento.

En este pleno la nueva y la vieja política han estado más separados que nunca. Ha sido, de nuevo, en el caso de SOGIESE. Ciudadanos ha presentado una nueva moción para exigir medidas y responsabilidades políticas inmediatas por el reiterado pago en sueldos superiores al límite legal en la empresa pública desde el año 2012.

PP, PSOE y PRC han coincidido en defender que SOGIESE es una empresa cuyos trabajadores tienen sueldos mayoritariamente pagados con fondos europeos a través del programa FEDER. Por ello, consideran que no debe ser Cantabria quién fije esos sueldos y esa responsabilidad política.

Además, los partidos que han formado el anterior y el actual Gobierno, insisten en que los contratos elaborados por la empresa SOGIESE son hasta fin de obra, y que son los países que componen FEDER los que fijan los sueldos.

La nueva política, Ciudadanos y Podemos, se queda sola exigiendo responsabilidades inmediatas en SOGIESE

Sin embargo, Rubén Gómez ha mostrado al Parlamento un documento que muestra que el director de la empresa cambió su contrato a tan solo un mes de las elecciones autonómicas. El contrato, fechado el 20 de abril de 2015, pasaba a ser indefinido.

Además, el contrato dice que podría ser co-financiado con el Fondo Social Europeo.

«Algo que es incompatible con los Fondos FEDER», ha denunciado Gómez, que ha dejado caer si en este caso puede haber «corrupción administrativa».

El PSOE había presentado una transaccional, apoyada por el PRC y el PP, en la que pedía que la exigencia de responsabilidades se retrasara hasta la finalización del control administrativo para saber si los sueldos de los técnicos de SOGIESE están dentro la legalidad o no. Podemos y Ciudadanos han coincidido en señalar que «ahí se ve la diferencia entre la nueva y la vieja política».

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EMBARAZADAS

Ciudadanos sí ha conseguido el apoyo unánime del Parlamento para aprobar una moción para mejorar la situación de las trabajadoras autónomas embarazadas. Según esta resolución, Cantabria bonificará la tasa de autónomas en su totalidad a las trabajadoras autónomas de baja y las cuotas sociales del trabajador contratado para sustituirlas.

Además, se restaurarán las bonificaciones a las mujeres que se reincorporen después de la maternidad, al igual que se eliminará la necesidad de cotizar cuando existe riesgo para el embarazo y se mejorará el sistema de prestaciones y ayudas en este ámbito.

Eso sí, pese a su apoyo, el cual han señalado irónicamente los demás partidos por su «cambio de criterio», el PP ha insistido en que se «trata de gobernar cuestiones nacionales desde un Parlamento autonómico», y ha recordado que actualmente no hay Gobierno. Rubén Gómez ha insistido en que este vacío de poder no es motivo para no ayudar a «uno de los colectivos más débiles del mercado de trabajo como son los autónomos y, concretamente, las mujeres autónomas».