Los vecinos afectados por el urbanismo en Santander están comenzando a recibir las primeras notificaciones para comparecer en el Parlamento de Cantabria.

Será en la comisión que se ha creado para la modificación en la Ley de Suelo de Cantabria, que prevé crear la figura obligatoria del realojo para así solucionar situaciones como la del Pilón, que es una espada de Dámocles que el Ayuntamiento santanderino está tratando de esquivar con esta tramitación en la institución autonómica.

Vecinos del Pilón y Prado San Roque frente al Ayuntamiento de Santander.

Sin embargo, Podemos dio una vuelta de tuerca a la pretensión del PP y ha convertido esta comisión en un juicio de cómo se está gestionando el urbanismo desde la capital cántabra y, especialmente, las consecuencias que están trayendo para los vecinos afectados el Plan General de Ordenación Urbana.

Por ello comparecerán los vecinos de los barrios de Prado San Roque y el Pilón, así como Marco Santamaría, el nieto de Amparo Pérez, (la anciana fallecida en febrero de 2015 tras luchar contra la expropiación de su finca en la Vaguada de Las Llamas para construir uno de los viales de la S-20).

También acudirán al Parlamento miembros de la Plataforma DEBA en Defensa de la Bahía de Santander, que estos meses están realizando charlas por toda la ciudad para alertar de las consecuencias del PGOU, y abogados y expertos en urbanismo que estos mismos han solicitado, como el abogado Juan Mantilla, el arquitecto Jesús Molinero y el ecologista Carlos García.

COMPARECENCIAS A PUERTA CERRADA

Las comparecencias tendrán lugar los martes 10 y 17 de mayo y el viernes, día 13. Serán en horario de tarde y a puerta cerrada, lo que ha enfurecido a los vecinos por la «falta de transparencia» que demuestra la institución.

Los vecinos ya están preparando las comparecencias con los miembros de DEBA y sus abogados. Desde la Plataforma Salvemos Prado San Roque ya adelantan que van a centrarse en cambiar el concepto de realojo por el de rehabilitación, una medida que llevan solicitando al Ayuntamiento desde el comienzo de su problemática.

Es la misma medida que solicitan en el Pilón. En ninguno de los dos casos los vecinos creen que tirar sus casas y realojarlos en otro lugar sea la única y la mejor opción, sino que apuestan por una rehabilitación integral de sus barrios.

Juan Ramón Carrancio (Ciudadanos), José Ramón Blanco (Podemos) y María José, vecina del Pilón en una de las sesiones de la Comisión Parlamentaria. Foto: PODEMOS.

Y eso es lo que solicitan en cada uno de los escritos que han presentado ante el Consistorio, aunque este ha negado tajantemente esta opción a los vecinos del Pilón. Los de Prado San Roque aún están esperando respuesta al proyecto alternativo que un vecino registró en abril del pasado año.

El hecho de que las comparecencias sean «secretas» y a puerta cerrada se decidió entre el PP y el PSOE, algo que ha enfurecido a los vecinos que en un comunicado de prensa lo tacharon de «acto antidemodrático».

Y es que las demás intervenciones que ha habido, como la del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, o su concejal de Urbanismo e Infraestructuras, César Díaz, sí fueron públicas. En ella, los representantes del Consistorio se limitaron a asegurar que su presencia en el Parlamento tenía «intencionalidad política» y que era una modificación pensada para todos los cántabros.

También han sido llamados a declarar el exconsejero de Urbanismo con el PP, Javier Fernández, que previamente fue responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander, la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Urbanismo, Eva Díaz Tezanos (PSOE) y el consejero de Vivienda, José María Mazón (PRC).

LA SENDA CONVOCA UNA ASAMBLEA TRAS RECIBIR RESPUESTAS A MÁS DE 400 RECURSOS CONTRA EL CATASTRAZO

Aunque no participarán en la Comisión del Parlamento, los vecinos que componen la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander también tienen sus particulares problemas con el PGOU de Santander.

No solo es el desarrollo de la senda y sus fallidas obras, cuya factura supera los 600.000 euros, sino que ahora le han declarado la guerra al catastrazo que afecta especialmente a los vecinos de Cueto, Monte y San Román por el cambio en la calificación de sus fincas.

Vecinos de la zona norte pidiendo información para alegar al ‘catastrazo’.

La Asamblea volverá a reunirse este martes, 10 de mayo, para abordar las respuestas que se están recibiendo a los más de 400 recursos de reposición presentados a la revisión catastral.

Desde la Asamblea se solicitó a la Gerencia Regional del Catastro que ampliara el plazo para presentar recursos, y también informan que han registrado una nueva petición para solicitar una respuesta a su escrito, así como para pedir información sobre el número de recursos que se han mandado subsanar y pedir la confirmación de que han sido notificados el 100% de las fincas afectadas por la revisión catastral.

En la reunión se informara de las resoluciones que han sido desestimadas y de la posibilidad de dirigir un nuevo recurso en el plazo de 30 días al Tribunal Económico Administrativo Regional.

Con esta nueva cita aprovechando para denunciar «las pocas facilidades y muchas trabas dentro de la legalidad», que han recibido los ciudadanos, así como la «insuficiente» información recibida.

Este ‘catastrazo’ depende del Ministerio de Hacienda, que es quien notifica el cambio, pero es consecuencia directa de la nueva regulación del suelo que marca el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, que en la práctica eliminó el suelo rústico (con menos carga de impuestos al no poder edificarse sobre él).

Este cambio es un aumento en el valor de las propiedades en una hipotética venta, pero también se traduce en un incremento en el pago de los impuestos. Algo que niega el Ayuntamiento de Santander, apelando a la sentencia del Tribunal Supremo que matizaba que de cara al pago de impuestos, los suelos tienen que estar desarrollados, y que la cifra de recaudación global por el IBI bajará, del orden de 34.000 euros.

Un descenso en el que el arquitecto y estudioso del PGOU, Jesús Molinero, miembro de la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía de Santander), pone un matiz: hay suelos urbanizables que no están desarrollados por la mala situación económica y en los que la consecuencia es un descenso en la recaudación.

Es decir, aseveraba, la bajada en la recaudación afecta a fincas propiedad de promotoras y constructoras, y la subida a ciudadanos.