El aval concedido por el Gobierno de Cantabria al Grupo SADISA (fue necesario cambiar una ley para darle cobertura legal al ser por una cuestión no contemplada) concentró el 13,41% del riesgo en manos del ICAF (el Instituto Cántabro de Finanzas) el año en que se concedió (2012).

En total, seis empresas representaban casi la mitad de los avales concedidos en cuanto a cifra (por valor de 9,7 millones de euros) , de las que tres eran empresas públicas (MARE, el Parque Científico y SICAN).

En conjunto, el riesgo (calificado como bajo) es el cuarto de los seis más grandes y el segundo de entre las empresas privadas.

SADISA

Entre ellas, el mayor riesgo lo aporta ECOMASA (la frustrada operación para rescatar a Nestor Martin incluyendo a los despedidos de TEKA, con el Gobierno como socio, pendiente de una Comisión de Investigación parlamentaria), y la tercera le corresponde a la también frustrada aventura, pagada con dinero público, de Cuervos.

Entre ambas, el segundo aval más importante en cuanto a cantidad y a empresa privada le corresponde al Grupo SADISA.

Este conglomerado constructor, cuya matriz es ASCAN y que tiene entre sus sociedades a la adjudicataria de las basuras en Santander, logró el aval la legislatura pasada, gobernando el PP, con quien mantuvo un intenso enfrentamiento público por el mal trato que denunciaban.

El Tribunal de Cuentas relata en un informe cómo SADISA solicitó ese aval, para un crédito por valor de 5 millones de euros, apelando a la necesidad de crédito por su situación financiera.
Y sucedía que por ley las operaciones para avalar a empresas desde lo público tenía que ser a empresas de sectores considerados estratégicos por el Gobierno de Cantabria (y eso es algo que se definía previamente).

De modo que el Ejecutivo hizo dos cosas: primero, un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que incluía esa posibilidad, la de avalar a empresas que no hubieran sido incluidas en sectores estratégicas y añadiendo expresamente el mantenimiento del empleo en empresas con dificultades para acceder a financiación bancaria.

Y poco después, cuando ya se le había concedido el aval, se hizo una modificación legal, de la Ley de creación del Instituto Cántabro de Finanzas (el cambio se hizo a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos), de modo que ya se podían conceder créditos o avales a empresas eliminando criterios, que se reducían a estar domiciliados en Cantabria y a los criterios que fuera marcando el ICAF.

Es algo (el hecho de que no se estableciera “ningún tipo de requisito adicional a cumplir”) que le pareció “especialmente significativo) al Tribunal de Cuentas, quien además llama la atención sobre que no se difundieran públicamente estos cambios para que los pudieran conocer todas las empresas.