El despacho de Garayar Asociados Abogados S.L. trabajó desde la empresa pública SODERCAN en la gestión de las empresas Greyco y GFB para SODERCAN entre 2008 y 2011, precisamente cuando estas empresas se encontraban en su situación más vulnerable.

Emiliano Garayar

El despacho está presidido por Emiliano Garayar, abogado que también gestionó la intervención del Gobierno de Cantabria en el Racing por la cual CANTUR se querelló contra él en los tribunales, junto a los ex consejeros Angel Agudo (PSOE) y Javier López Marcano (PRC), el que fuera responsable de las empresas públicas ICAF y CEP Cantabria, Luis Egusquiza, y el expropietario del Racing, Jacobo Montalvo.

Y aunque la Fiscalía retiró la acusación en su contra en junio de 2015 al entender que «ninguna participación» se le atribuye en los hechos imputados, la acusación particular de CANTUR sí mantuvo los cargos (el asunto se encuentra a la espera de la resolución de varios escritos de las defensas en la Audiencia Provincial).

Durante esos años, en que la crisis industrial se cebó especialmente en estas empresas cántabras, que se vieron al borde del cierre, este despacho tuvo vinculación con distintos asuntos en Cantabria como el Ecoparque Besaya o la Fundación Comercio), y también en la gestión desde la intervención de la empresa pública SODERCAN en las enquistadas operaciones industriales de Greyco y GFB.

Ambos fueron proyectos apoyados con dinero público, la fábrica de fibroyeso de GFB prácticamente no llegó a ver la luz y Greyco, tras varias intentonas y desembolsas, ha visto esta semana un anuncio de solución, pendiente de concretar, y también con inversión pública.

Su trabajo consistía especialmente en asesoramientos jurídicos, elaboración de informes y la interposición de demandas, por los cuales se embolsaron más de 500.000 euros (y a los que habría que sumar trabajos al margen este objetivo concreto), en un contrato sobre cuyos criterios de adjudicación ha llamado la atención el Interventor General de Cantabria en un informe hecho público recientemente.

Este alto funcionario también reseña, según documentación consultada por EL FARADIO, constan trabajos de asesoría de los que no se ha encontrado respaldo documental, pero también facturas emitidas antes del contrato o por trabajos que en realidad estaba asumiendo otra empresa.

LA COMPLEJIDAD DE LA INDUSTRIA

Entre las facturas que revela la documentación aportada por la auditoria a SODERCAN durante la anterior etapa de su actual gestor, Salvador Blanco, al frente, destaca una por 174.000 euros en la que Garayar y sus socios, junto a AlbiaCapital Partners, cobraron por un asesoramiento jurídico por los proyectos de las dos empresas.

Sobre esta factura, el interventor destaca que no se ha podido encontrar soporte documental adecuado de los conceptos facturados y que las facturas emitidas tienen una fecha anterior a la celebración del contrato entre las partes.

Mientras la situación en GFB y Greyco estaba en sus momentos más sensibles, esta firma de abogados y la consultoría Cambior Consultor S.L. se embolsaron centenares de miles de euros por trabajos relacionados con la gestión de diferentes asuntos de ambas empresas.

Las facturas comienzan en febrero de 2008 y la última que consta del informe data de mayo de 2011, pocos días antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

EL INTERVENTOR DE LA AUDITORIA SEÑALA VARIAS IRREGULARIDADES

En varios de los casos el interventor destaca que son facturas emitidas con anterioridad a la celebración de un contrato entre las partes, que no puede encontrarse soporte documental que las justifique o que son conceptos que corresponden a obligaciones asumidas por otra empresa.

Es el caso de una de las facturas que se emitió el 1 de mayo de 2009, en el que se facturó a SODERCAN un total de 20.512,28 euros en concepto de trabajos relacionados con Greyco desde el 20 de febrero al 3 de marzo de 2009.

Este pago se realizó por elaborar documentos sobre la totalidad de pagos y cobros realizados, así como facturas emitidas y recibidas, en la actividad productiva de Greyco.

Estado de las instalaciones de Greyco en febrero de 2015

Y el interventor destaca que el concepto de esta factura se corresponde con las obligaciones asumidas por otra empresa, Arithmos en virtud del contrato celebrado por Sodercán con fecha del 4 de febrero de 2008, y dedicada también a la gestión del asunto Greyco.

En el caso de GFB, Garayar y sus socios cobraron entre octubre de 2008 y abril de 2009 casi 206.000 euros de dinero público por tramitar informes jurídicos, renegociar la estructura accionarial de GFB y en materia de asesoría en diferentes conceptos.

En el caso de Greyco, las facturas van desde abril de 2008 a mayo de 2011. En la primera factura, emitida el 16 de abril de 2008, el despacho de abogados de Garayar cobró casi 48.000 euros por asesorar el contrato de apoyo financiero a Greyco y elaborar un contrato con Arithmo Consultores.

Posteriormente, entre octubre de ese año y abril de 2009 se embolsaron casi 165.000 euros en concepto de asesoramiento jurídico en el marco del concurso de acreedores en el que Greyco estaba sumida.

En octubre de 2009, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social interpusieron sendas demandas contra la administración concursal de Greyco, cuya elaboración había asesorado ellos mismos, y en la que SODERCAN también contrató la defensa del despacho de abogados.

Por la realización de estos servicios a SODERCAN, cuyas facturas comienzan en ese mes y acaban en mayo de 2011, Garayar y sus socios cobraron más de 123.000 euros de dinero público.