PSOE y PRC en Santander han pedido una auditoría extraordinario a todo el sector público municipal, tras conocerse el desvío de fondos por parte de la concejala de Empleo, Noelia Espinosa, de la sociedad SANTURBAN.

Una solicitud a la que el equipo del Gobierno del PP ha respondido acusándoles de querer sacar «rédito político» y «mentir».

El portavoz del equipo de Gobierno, César Díaz, informaba de que la denuncia ya se trasladado a la Fiscalía, en una documentación que también se ha remitido a los portavoces de los partidos municipales.

Se hará una auditoría, sí, pero la ya prevista, la habitual. Y la concejala Gema Igual asumirá las funciones de Espinosa –que ya devuelto los 3.000 euros que le quedaban por reintegrar de las partidas que desvió– hasta que se incorpore el siguiente de la lista, Daniel Portilla, y se redistribuya el equipo de Gobierno.

«FALTA DE CONTROL»

Así, por un lado Pedro Casares, secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, ha considerado “absolutamente necesario” hacer una auditoría extraordinaria de los seis primeros meses en 2016 “y no esperar al año que viene”.

Noelia Espinosa, concejala de Empleo, dimitió tras confesar el desvío de fondos por valor superior a 6.000 euros

“Desde el PSOE exigimos que se revisen todos los pagos ordenados por esta concejala en su área de gobierno en el Ayuntamiento y no solo lo de la empresa pública” ha afirmado el líder de los socialistas santanderinos.

Para Casares, la falta de control de las empresas públicas es una evidencia “tras comprobar que una concejala puede disponer de los fondos municipales a su antojo sin ningún tipo de fiscalización”.

El edil incidía en la responsabilidad del alcalde por haber nombrado a Espinosa, por lo que urgía a De la Serna a “reconocer su error y pedir disculpas a los santanderinos”.

A su vez, el líder socialista ha propuesto al resto de los grupos municipales una moción conjunta para que en el próximo Pleno se apruebe una modificación de la ordenanza de Transparencia para que se constituya el Consejo Municipal de Control y Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.

«DEMASIADAS SOSPECHAS»

Por su parte, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, apuntaba que hay ya “demasiadas sospechas” sobre el entramado público, por lo que pedía también una “auditoría” global y externa de todo el entramado público municipal para que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en la gestión de su dinero”.

Para Fuentes-Pila, lamentablemente el “caso de Santurbán no un caso aislado, sino que llueve sobre mojado”.

“El desfalco de Mercasantander, la sustracción de dinero público en Ciriego y las graves irregularidades en el organismo autónomo Instituto Municipal de Deportes (IMD) demuestran que están fallando gravemente los mecanismos de control”, enumeraba.

Además, se ha “extrañado” por la “contundencia estudiada” del regidor, con una “puesta en escena y medición de los tiempos planificada en detalle”, cuando “ha mirado para otro lado” en casos anteriores, como el del IMD en el que, ha recordado, se negó a realizar la auditoría que solicitó el PRC después de las “graves irregularidades detectadas”.

En este sentido, considera que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, debería ser el “primer interesado” en “despejar las dudas de su gestión y de la de las personas nombradas por él”, por lo que, a su juicio, “lo deseable hubiera sido que ayer mismo anunciase el inicio del proceso para auditar todas las empresas públicas y los organismos dependientes del Ayuntamiento”.

Además, ha abogado por la modificación y actualización de los Estatutos, para introducir “mecanismos de control más exhaustivos y más transparentes”. “Han pasado demasiadas cosas demasiadas veces”, ha enfatizado.

“Nos sobró un poco de victimización y echamos en falta algo de autocrítica”, ha afirmado sobre la reacción del alcalde Fuentes-Pila, para quien “la persona que nombra a un corrupto no es la víctima, es el responsable”. “Las víctimas son los santanderinos que sufren el quebranto económico y la falta de confianza en sus gestores”, ha finalizado.

Finalmente, desde Santander Sí Puede, su concejal Antonio Mantecón llegó a plantear la posibilidad de solicitar incluso una Comisión de Investigación sobre esta empresa pública municipal que canaliza las políticas de empleo, como la que pidió también sobre esta concejala por las contrataciones de parados con dinero del Gobierno de Cantabria y que ella misma rechazó que se hiciera.

“Todas las sociedades están auditadas y el PSOE y el PRC lo saben de sobra porque la oposición forma parte de los Consejos de Administración de las empresas públicas municipales en Santander y, por lo tanto, participan directamente de los acuerdos que allí se toman”, les ha replicado César Díaz.

“Es lamentable y hasta rastrero que, conociendo perfectamente los hechos que han sucedido porque se lo ha contado el alcalde de primera mano y participando en todas las empresas públicas como consejeros, no tengan reparo alguno en utilizar este caso políticamente y de la manera en la que lo están haciendo”, ha afirmado.

Asimismo, ha considerado “impresentable” que hablen de que se ha mirado hacia otro lado en relación al IMD, puesto que precisamente gracias a los mecanismos internos de control se actuó inmediatamente en cuanto se conoció que podía haberse producido una irregularidad en la adjudicación de un contrato de suministro, por valor de 16.443 euros más IVA (obviando el hecho de que la irregularidad se detectó por la denuncia de una empresa externa).