Liberbank, el banco del que forma parte lo que antes era Caja Cantabria, la Caja, tiene muchos motivos para que se le incremente el estrés que va a evaluarle el Banco Central Europeo, dentro de su examen a las entidades que recibieron dinero del rescate al sector financiero.

Porque a las complejidades del mundo de la banca y a las particularidades de Liberbank (las dos investigaciones abiertas por la Fiscalía por el presunto pago de servicios realmente no desempeñados, entre ellos, al marido de María Dolores de Cospedal), se suman las consecuencias judiciales de la emisión de participaciones preferentes.

Según explican a El Faradio fuentes del mundo judicial, el banco presidido por Manu Menéndez tiene en estos momentos abiertas alrededor de 800 causas judiciales por este complejo producto financiero ofrecido a ahorradores pese a que en realidad sus características lo hacían más idóneo para inversores especializados.

La antigua Caja Cantabria es la destinataria de las más de 400 causas del juzgado de preferentes y de las 340 del resto de órganos

El problema que, según los afectados, afecta a del orden de 9.000 usuarios en Cantabria, empezó como un goteo de demandas en los tribunales, que llegaban, de forma dispersa, a los distintos Juzgados de Primera Instancia.

Hasta que llegó un momento en el que los jueces empezaron a detectar la necesidad de un juzgado más especializado que se encargara de tramitar todos los procesos.

En realidad no es que se haya creado un juzgado específico para las preferentes. Lo que se hizo es reforzar el Juzgado de Primera Instancia número 7, cuyo titular es el magistrado Luis Sánchez Gall.

Para ello, el TSJC recurrió a una fórmula de la que podía disponer: el uso del Juez de Adscripción Territorial. O sea, un juez (en realidad una jueza) enviado específicamente sin destino fijo para que los tribunales cántabros decidieran cuál era el mejor órgano o fin al que pudieran destinarle (que podía haber sido desde desatacar juzgados con mucha carga de trabajo o centrarse en cuestiones puntuales como los concursos de acreedores).

Así que se apostó por derivar a la jueza Cristina Rodiz a reforzar el número 7, que ha acabado convirtiéndose, desde el paso mes de julio, en un juzgado especializado en preferentes, al que se están desviando todos los procedimientos relacionados con este producto financiero.

Desde su puesta en marcha bajo este nuevo sistema, en este juzgado han ingresado (es el término que se utiliza en el mundo judicial para denominar a los procedimientos entrantes) 474 casos, que se quedan en unos 420 si se tiene en cuenta los que se han traducido en acuerdos o no encajan al 100% con el perfil de casos de preferentes.

Todos estos son casos nuevos, a partir de julio. Pero siguen por ahí, porque no se pueden derivar a otro órgano una vez que lo está tramitando ya uno, otros 335 procedimientos, sólo durante este año (cuando se empezó a apreciar lo voluminoso de las demandas) y sólo en el partido judicial de Santander.

RÁPIDO Y SENCILLO

La respuesta de este juzgado no ha sido mala. La semana pasada se conocía su primera sentencia (la primera derivada de un juicio), que ya establecía una serie de tendencias que no pintan bien para el banco que preside Manu Menéndez:

-una sentencia en contra de los intereses de Liberbank, que anuló unas preferentes por valor de 40.000 euros y condenó al banco a su devolución

-una sentencia accesible, con un lenguaje sencillo, que trata de traducir los entresijos de un producto financiero y que no tiene complejos en descalificar determinadas prácticas que se impusieron en Liberbank

-y una sentencia rápida, porque aunque el Juzgado empezó a funcionar así en julio, hay que tener en cuenta que agosto es un mes inhábil para la Justicia. La complejidad del procedimiento a la hora de empezar con las vistas judiciales demoró los primeros juicios propiamente dichos hasta la semana pasada, y aunque el juicio tarda (no tanto) en celebrarse, la redacción de la sentencia fue rápida. Cuestión de días.

FALTA DE INFORMACIÓN

El principal motivo que están esgrimiendo las distintas sentencias (tanto la de este juzgado como las de los otros que se han venido pronunciando sobre las preferentes) es la falta de información sobre este producto, que o bien se daba de forma “confusa” o bien no se daba, porque, además, los fallos judiciales inciden en dos aspectos relacionados con este aspecto:

-que la información debía ser personalizada, es decir, adaptada al perfil y necesidades del cliente, y acabar en una recomendación expresa por parte de quien las vendiera (es decir, que no vale con que simplemente se plasmen las condiciones en un folleto o en medios de comunicación masivos)

-y que se debía practicar al cliente el denominado test MIFID, específico para productos financieros.

La falta de adaptación a las necesidades del cliente ha llevado a extremos como que (sentencia conocida esta semana), se suscribieran preferentes con un hombre al que los tribunales habían declarado incapacitado para tomar este tipo de decisiones.