El anterior consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, habla con un alumno de FP en prácticas en la empresa Troquemain XXI || Foto: Gobierno de Cantabria

La Inspección de Trabajo ha requerido a las empresas adscritas a los convenios de Formación Profesional Dual con la Consejería de Educación el alta en la Seguridad Social de los estudiantes desde el inicio de esta modalidad, en 2013, una obligación que no figuraba en el convenio aprobado por el anterior Ejecutivo cántabro, con el Gobierno del PP, según ha denunciado la patronal PYMETAL en un comunicado.

Esto supondrá para las empresas un desembolso de 2.000 euros de media, en concepto de alta, cotización y recargos por cada estudiante que ha trabajado estos años en los distintos centros, y llega en algunos casos a suponer un coste de hasta 6.000 euros.

La medida ha cogido por sorpresa a las empresas (alrededor de 30 asociadas a PYMETAL) y supone un «mazazo» para la Formación Profesional Dual, ya que obliga a realizar más trámites.

Según explica esta patronal, la medida equipa a los estudiantes con los trabajadores en plantilla, además de incrementarse la cuantía mensual pactada con la Consejería.

Para tratar de resolver esta situación y consensuar una solución para las empresas sin que afecte a los estudiantes, la patronal del metal en Cantabria, Pymetal, se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación para que a su vez medie ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Cantabria.

«Actualmente estamos a la espera de una respuesta para las empresas que han recibido el requerimiento, muchas de las cuales se han mostrado dispuestas a abandonar el proyecto si no se mantienen los compromisos fijados en el convenio», han advertido.

LA FP DUAL

La Formación Profesional Dual es un modelo educativo innovador que posibilita la cualificación profesional de los estudiantes en  un régimen de alternancia de actividad laboral con su formación académica, explica PYMETAL.

De esta manera, los alumnos compaginan su estancia en el instituto con cuatro horas al día en el centro de trabajo.

En 2013 se puso en marcha en Cantabria y desde el principio ha sido acogido «con entusiasmo» por las empresas cántabras, fundamentalmente las relacionadas con el sector industrial que son «las que más adolecen de trabajadores con formación específica».

La relación entre la empresa y el alumno se regula a través de un convenio suscrito con la Consejería de Educación por el que se especifica que el alumno no podrá cubrir ningún puesto de trabajo en plantilla ni podrá sustituir o suplir las bajas o no asistencias de otros trabajadores de la empresa.

A cambio de su actividad en la empresa, el alumno en prácticas recibe una retribución mensual, en concepto de bolsa de ayuda al estudio, que va variando conforme se suceden los años, hasta un máximo de tres: 200 euros el primer año; 300 euros el segundo y 400 euros el último año.

En el contrato que se firma con la Consejería no se especifica la obligatoriedad de dar de alta al alumno en la Seguridad Social.

Sin embargo, las empresas adheridas a este modelo formativo han recibido en junio un requerimiento de la Inspección de Trabajo que les reclama el alta y la cotización de los estudiantes de Formación Profesional Dual  más el recargo de estos tres años.

En total, cada empresa deberá abonar una media de 2.000 euros por estudiante, cifra que se multiplica en aquellas organizaciones que cuentan con más de un alumno.