Una tercera parte del presupuesto de Santander corresponde a servicios públicos privatizados, por un importe de 55 millones de euros, para los que Izquierda Unida reclamaba este viernes en el Pleno una mayor fiscalización.

Recogida de basuras

Lo que proponían, según expuso su concejal Miguel Saro, quien ha difundido este dato, es la creación de un Observatorio de la Contratación con representantes de los empleados públicos y los trabajadores de estos servicios.

Saro recordaba que el órgano no tiene coste extra, y que sus funciones no las desarrolla nadie en estos momentos en el Ayuntamiento, mientras que otros Consistorios similares sí que se cuenta con él.

Es decir, no supondría una “duplicidad” de servicios y sería un control obligatorio, no sujeto a la voluntad del equipo de Gobierno.

La moción fue apoyada por Antonio Mantecón, quien se refirió a las quejas de los usuarios en servicios que gestionan empresas, como las basuras (ASCAN) o las aguas (Aqualia), servicios sobre los que el socialista Pedro Casares incidían en que están siendo o de peor calidad o más caros debido a que las empresas buscan “beneficio” y a veces lo logran a costa de rebajar la calidad del servicio.

Desde el PRC consideraban que estas medidas ayudarían a mejorar la fiscalización y, por tanto, la confianza ciudadana en los servicios, mientras que en Ciudadanos –que se abstuvo- lo veían innecesario, en la misma línea que el PP consideraba que ese control ya se hace en el Tribunal de Cuentas o en la Comisión de Economía, y opinaba que a los ciudadanos sólo les interesa la calidad de los servicios.

IU replicaó que en la Comisión de Economía no se ha abordado nunca ningún informe sobre los servicios privatizados, y Casares incidía en que el Tribunal de Cuentas recomienda una prestación directa de los servicios, además de recordar la tendencia en distintos ayuntamientos a remunicipalizar, es decir, volver a lo público, servicios.