El Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) cambió las garantías de sus préstamos y avales a Ecomasa, la frustrada fábrica de estufas, por otras que le perjudicaban, según refleja el Interventor General de Cantabria –funcionario que vela por el cumplimiento de las normas en operaciones económicas del Gobierno– en un informe al que ha tenido acceso EL FARADIO.

Sede de Ecomasa

El ICAF es un organismo del Gobierno de Cantabria que ha canalizado inversiones públicas en empresas privadas, en este caso, Ecomasa, que recibió 10 millones de euros (cinco como aval y cinco como préstamo), para integrar a los trabajadores despedidos de Teka, en una operación emprendida por el anterior Gobierno de Ignacio Diego que está pendiente de acciones judiciales y de una comisión investigación.

Desde el Gobierno se comprometió el apoyo a este proyecto industrial, materializado en un primer momento en los avales y préstamos (porque luego llegaría la entrada de SODERCAN, otro ente público, en su accionariado).

LAS GARANTÍAS INICIALES Y LAS FINALES

La concesión de préstamos y avales, como cualquier operación financiera, lleva aparejada unas garantías para que el beneficiario pueda responder de ella si algo sale mal.

En este caso, según relata el interventor, cuando se firmó la operación, en abril de 2012, las garantías eran restricciones a la disposición de fondos.

Pero en octubre se pasó ya a pignorar acciones (significa retener, de forma que no puedan venderse) de empresas que había ido comprando Ecomasa y a prenda (una retención ligada a la devolución del crédito) sobre acciones de una empresa comprada y de otra sociedad del grupo.

Ecomasa

Y, finalmente, en marzo de 2013, esas garantías eran la prenda ya no sobre acciones, sino sobre material y derechos de cobro futuros de sociedades del propio Grupo Ecomasa.

Es decir, las primeras garantías eran líquidas, bienes reales, y las últimas, expectativas (en algún caso, cambiantes) sobre acciones por un valor coincidente con el aval.

Sin embargo, ningún perito externo e independiente tasó esas acciones para comprobar que su valor era el que se planteaba, el que coincidía con el aval, de forma que se desconoce si cubrían el riesgo de insolvencia o si permitían recuperar la inversión.

Y en la escritura sobre una de las marcas, se le asignó un valor de 4,5 millones de euros. El propio ICAF renunció en esa escritura a conocer detalles sobre la titularidad y las cargas que tuviera esa marca.

El Instituto Cántabro de Finanzas tampoco comprobó si la maquinaria hipotecada a favor de ellos tenía el valor citado y era el de mercado, 2 millones de euros, en una escritura que además no fue inscrita en el registro.

OTRAS IRREGULARIDADES

Además, a Intervención no le consta solicitud del aval y préstamo por escrito, y se pidió para las necesidades financieras de 2012, sin llegar a concretar el alcance económico real de la inversión ni cómo se iba a financiar, además de no determinarse adecuadamente el riesgo de la operación.

Trabajadores de Ecomasa-Néstor Martin manifestándose frente al Parlamento.

No hubo informes sobre la viabilidad legal (necesario para saber si se encuadran como Ayudas de Estado, prohibidas por la Unión Europea), comercial y técnica del proyecto.

Sí que los hubo sobre su viabilidad industrial (básicamente, si creían que el proyecto podía hacerse) y financiera. Y la documentación se hace en base a estudio de lo remitido por el ICAF, sin pedir documentación a la empresa.

Pero es que además, Intervención cuestiona los informes de viabilidad industrial, que emite el Gobierno de Cantabria, ya que se ciñeron a definir que la maquinaria era la adecuada.

La ausencia de informe comercial (que determine si tiene espacio en el mercado) se considera grave, ya que de ello dependen las ventas, es decir, los ingresos que servirían para recuperar la inversión pública realizada.

A Intervención le llamó la atención la elevada proporción de facturación entre empresas del mismo grupo, con compras, ventas y créditos recíprocos.

O que no se evaluara que el proyecto fuera a generar actividad suficiente para contratar a los empleados de Teka a los que se comprometió a absorber tras el ERE y después de que estos aportaran para tal fin su indemnización.