Incendio en la calle Cisneros

El pasado 15 de septiembre el entresuelo del número 24 de la calle Cisneros ardió, afectando a varias plantas del edificio y las viviendas anexas.

Aunque no provocó daños personales directos, este hecho puso en evidencia las condiciones de vida que han tenido que soportar este tiempo los vecinos de la zona, con la presencia de toxicómanos y okupas, que han llevado al barrio tráfico de drogas y prostitución, y que ha provocado que gran parte de los vecinos que estaban alquilados se marcharan de la zona.

Sobre estos hechos, los vecinos de Cisneros, especialmente los más cercanos al lugar, que habitan en los números 22, 24 y 26, también responsabilizan al Ayuntamiento de Santander, que consideran que fue negligente y no tomó las medidas adecuadas sobre las denuncias que llevan un año registrando en el Consistorio.

Los vecinos registraron la primera denuncia en septiembre de 2015, y posteriormente repitieron la acción en febrero de este año. El registro del Ayuntamiento confirmó el 9 de febrero la entrada de una denuncia que revelaba el estado del inmueble.

Aunque durante este tiempo el Ayuntamiento ha mantenido que no tenía competencia para hacer más que lo que hizo, el 19 de abril, el concejal de urbanismo César Díaz realizó un escrito oficial que se publicó en el BOC del 4 de mayo ante la imposibilidad de contactar con los propietarios del entresuelo ocupado.

En este escrito se instaba a los herederos de Juan Antonio Cordero Carril, anterior propietario ya fallecido, a reparar las deficiencias señaladas en el inmueble, eliminar escombros, reparar forjados, y activar las instalaciones de forma que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

Para llevar a cabo estas obras de carácter urgente, el Ayuntamiento eximió a los propietarios de la necesidad de solicitar la licencia municipal de obras. Este es un procedimiento habitual en los casos en los que la estructura tiene un peligro inminente.

Se dio de plazo máximo para el comienzo de las obras de tres meses, iniciándose desde el momento de la publicación en el BOC, el 4 de mayo. En caso de no llevarse a cabo estas obras en dicho plazo, el propio Ayuntamiento debía responsabilizarse de ellas con cargo a los propietarios, o a la imposición de multas coercitivas de 300 a 3.000 euros.

Estas obras debieron llevarse a cabo al finalizar estos tres meses de plazo, es decir, desde el 4 de agosto de 2016. Cuando se produjo el incendio, el 15 de septiembre, ya había transcurrido más de un mes del plazo que el Consistorio que se había dado para intervenir en el edificio.

El caso llega al pleno de este miércoles en el Ayuntamiento de Santander, a través de preguntas de Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, que en su escrito, en el que menciona el citado BOC, preguntará también al equipo de Gobierno qué se hizo desde el Consistorio para tratar de evitar este incendio.