Otro recurso contra un plan que tuvo la directriz política de agotar el suelo || Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Santander

Un nuevo frente judicial amenaza con tumbar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander de 2012, con otro recurso que considera  que el documento está “alejado de la realidad” en sus previsiones económicas o demográficas, por lo que lo tacha de “irrisorio”, “pura fantasía”, “ilusorio” y con algún “contundente ejemplo de falta de rigor”.

A la espera del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el PGOU de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha señalado para este miércoles, 2 de noviembre, la votación y fallo de este nuevo recurso contra el Plan General de Santander.

Bajo la dirección del abogado Miguel Ángel Gutiérrez-Liébana, el recurso lo presenta la comunidad de propietarios del Zoco Gran Santander, contra el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria (que aprobó en última instancia el planeamiento en el año 2012, en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), como co-demandados.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL FARADIO, se trata de un nuevo recurso frente al PGOU basado, entre otras cuestiones, en la “falta de realidad” de las previsiones económicas o demográficas que sustentan el Plan, así como en la constatación de la desviación de las mismas en los primeros años de funcionamiento de la normativa.

“Una cosa es que el planificador pueda elegir un modelo de desarrollo municipal y otra muy distinta que tal modelo se encuentre tan alejado de la realidad que se muestre irrealizable”, concluye, por lo que “debe anularse el Plan” por vulnerar el artículo 52.1.e) de la Ley del Suelo de Cantabria de 2001.

Los denunciantes solicitan a la Sala que se declare la “ineficacia de la resolución que aprueba el PGOU de Santander” o la ineficacia de dicha aprobación en lo que se refiere a cuatro apartados, relativos tanto a cuestiones particulares del Zoco como a cuestiones de carácter general reguladas en el Plan General.

La Sala del TSJC que tiene que tomar una decisión sobre la validez del Plan General de 2012 está presidida por el juez Rafael Losada, ponente de este procedimiento, acompañado por los magistrados, Clara Penín Alegre y José Ignacio López Cáramo.

“IRRISORIO”, “PURA FANTASÍA” O “ILUSORIO”

En este sentido, la demanda señala la cifra “irrisoria” de ingresos procedentes de la ejecución del Plan en los presupuestos de 2013 y 2014, por lo que, y teniendo en cuenta “la cantidad de errores y fabulaciones”, es “pura fantasía” la recaudación de más de un millón de euros que recoge la memoria económica.

Y todavía “mucho más fantástico que en el primer cuatrienio se pretenda recaudar más del 50% de esa cantidad”, frente a la voluntad del legislador de que “los planeamientos sean ejecutables” en el periodo y forma programados “y no meros brindis al sol irrealizables”.

Por todo, considera “ilusorio” alcanzar las cantidades presupuestadas “no sólo las del primer cuatrienio sino, con seguridad, la suma de las previstas en los tres cuatrienios”.

“ESCASO RIGOR” Y “PURAMENTE VOLUNTARISTA”

Además, critica que el documento aprobado definitivamente elimina “toda la explicación, alcance y detalles de la reordenación ferroviaria — área específica AE-24 (B)–, que es “la operación urbanística de mayor alcance junto a la del Parque Litoral Norte”, lo cual es a juicio de los demandantes “otro contundente ejemplo del escaso rigor del PGOU”.

Tampoco aparece “explicación alguna” sobre los datos para el cálculo del presupuesto de los tres nuevos túneles en la ciudad, con una suma total de 44 millones de euros, en lo que el recurso califica como “una especie de partida alzada”.

Asimismo, señala que el propio Plan declara la programación como vinculante “pero después se dice que es orientativa”, con lo cual se “rebaja” el rigor del documento, cuyo contenido en materia de directrices y objetivos y su justificación es “puramente voluntarista”, porque espera un crecimiento económico que “tire” de la demanda de viviendas y que «los promotores tendrán preparados los desarrollos» para el momento de la aprobación del Plan.

“Nada de esto ha pasado después de tres años desde la aprobación definitiva, lo que demuestra la irrealidad de la memoria económica y financiera (que se traduce a todo el resto del planeamiento)”

Además, critica que “no existe realismo” en el cálculo de los costes de la adquisición de suelo en los Sistemas Generales, que “no se cuantifica debidamente”

En relación a los costes de obtención de suelo del Parque Público Litoral Norte por expropiación, apunta que “no puede diferir del valor de ese mismo suelo cuando se sitúa dentro de un sector urbanizable”, como aparece en una partida del Informe de Sostenibilidad Económica que “no tiene rigor alguno”.

Como consecuencia de lo anterior, el modelo que plantea la revisión del Plan General es “insostenible en términos económicos”, según los demandantes.

LA REALIDAD DESACREDITA UNA PREVISIÓN QUE «CARECE DE EXPLICACIÓN ALGUNA»

El alcalde del PGOU, Iñigo de la Serna, junto a su concejal de Urbanismo, César Díaz || Foto: Ayuntamiento de Santander

El demandante pide que se tengan en cuenta “la realidad de las previsiones de costes e ingresos de la memoria económica”, o los ingresos derivados de la ejecución del Plan recogidos en los presupuestos municipales de 2012 a 2015, que “desacreditan” una previsión de recaudación por impuestos y tasas que “carece de explicación alguna”.

Y el informe sobre evolución demográfica, que subraya un descenso de 3.000 habitantes desde la aprobación del PGOU a finales de 2012 hasta mediados de 2014, lo que supone un descenso de casi un 1,7%, mientras que la población de los municipios colindantes ha ido en aumento, lo cual “era ya sabido durante toda la tramintación”.

Para abundar en el desfase de estas previsiones, subraya los datos relativos a las licencias de obra, que pasaron de 321 en 1998, el año posterior al anterior plan en vigor, de 1997, a 68 en 2013, el primero año tras la aprobación del PGOU de 2012.

Un plan que se redactó en un periodo de “caída continuada” de licencias, desde las 1.349 concedidas en 2006 (fueron 7.000 desde 2000 hasta 2006) a las apenas 10 aprobadas en 2010. Desde entonces, señala la demanda, el incremento ha sido “tan irrisorio” que no llega al 5,05% de las concedidas hace una década.

EL PARQUE LITORAL NORTE

En este sentido, señala la “directriz política urbanística municipal” en el PGOU de “establecer un planeamiento al límite de la capacidad del municipio”, al tiempo que “no se establecen regulaciones propias para el Sistema Genera de Espacios Libres Exteriores y específicas para suelos de tan alto valor natural”, dejando reducido el Suelo Rústico a “unas pequeñas líneas vinculadas a infraestructuras”.

Así, el recurso solicita la ineficacia de la “adscripción de Sistemas Generales a los diferentes sectores de suelo urbanizable, los SUPS (SUP-1, SUP-4, SUP-5, SUP-6, SUP-7, SUP-7 bis, SUP-8, SUP-9, SUP-10, SUP-12 y SUP-13).

Y solicita la “invalidez de la clasificación” como Sistemas Generales de Espacios Libres Exteriores de los terrenos incluidos dentro de las áreas de protección del POL.

Es decir, el recurso impugna el fondo del modelo del Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado en 2012, que consiste en considerar toda la franja costera norte del municipio como suelo urbanizable delimitado cuando debía haber sido suelo rústico de especial protección, tanto en aplicación del POL como de la Ley de Costas.

Esa catalogación del suelo de la franja litoral norte responde a un uso, presuntamente ilegal (y en ese sentido apunta la sentencia del Tribunal Supremo), de una zona protegida como la reserva de gran zona verde del norte de la ciudad, con la intención urbanística de que sirva para generar derechos de construcción en la totalidad del resto del municipio, en la ciudad consolidada.

LA FICHA ESPECÍFICA DEL ZOCO GRAN SANTANDER

Además, la Comunidad de Propietarios del Zoco Gran Santander impugna las determinaciones del área específica 26B (la que afecta al Zoco) y pide que se declare que los terrenos afectados “deben ser regulados por la ordenanza subsidiaria de terciario, oficinas y comercial”.

El área específica 26B contempla una expropiación de un vial privado, del Zoco, para la construcción de una conexión entre la N-634 y la calle Ricardo López Aranda, como que no puede ser obtenido por ese procedimiento según el recurso.

Además, plantea objeciones a esa ficha específica del Plan, que vulnera hasta doce artículos de la Ley del Suelo de Cantabria en vigor (2001).

EL APARCAMIENTO DEL PALACIO DE FESTIVALES

Finalmente, los propietarios del Zoco reclaman que se respeten las determinaciones aprobadas respecto a la finca objeto de expropiación mediante la Ley 9/1990: la parcela aledaña al Palacio de Festivales, el aparcamiento, expropiada por la Diputación Regional a Astilleros del Atlántico para su destino a “plaza pública y jardines”.

Sin embargo, en el PGOU aparece, en su mayor parte, como equipamiento sin especificar, por lo que la mayor parte de la parcela “puede cambiar de uso” a “cualquiera de los previstos para equipamientos”, “incluso una explotación privada por la vía de una concesión administrativa con el fin de desarrollar cualquier actividad compatible con la figura de un equipamiento”.

Se trata de la parcela sobre la que el Gobierno de Cantabria quiere construir la sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), según desvelaba recientemente su  intención definitiva al respecto de la dotación cultural que lleva décadas adoleciendo de una gran dispersión de sedes, entre otros problemas.