“Lo que está pasando con Samuel no es excepcional: está pasando con más chicos”: es la denuncia que hacen tanto la abogada de Samuel, Eugenia Gómez de Diego, como movimientos sociales cántabros como Pasaje Seguro o la Fundación Raíces o el partido Podemos.

Samuel «K»

Samuel es un menor extranjero, natural de Camerún, contra quien pesa un procedimiento de expulsión, reactivado desde el Gobierno al negar validez a un documento oficial de su país que acreditaba que era menor de edad y dar paso a un proceso en el que se le hicieron unas pruebas médicas que determinaban su mayoría de edad y, por tanto, la salida del régimen de protección para los menores de edad y su expulsión de España.

De momento, Samuel, con una vida normalizada en su día a día, está a la espera de que se resuelva sobre su solicitud de suspensión de su expulsión hasta que se resuelva.

Esto es, lo que se pide, de forma más inminente, es que la expulsión no se aplique inmediatamente, sino que se paralice hasta que se decida si es legal o no, toda vez que el proceso se judicializará. El juicio por la suspensión será después de Navidad.

Mientras tanto, “el tiempo avanza en su contra” ya que es la segunda vez que le deniegan la tutela, afirmaba en EL FARADIO DE LA MAÑANA su abogada, Eugenia Gómez de Diego.

SE IGNORÓ UN DOCUMENTO OFICIAL

En el programa, la letrada explicaba que en todo este caso se está violando un principio básico de seguridad jurídica: el propio Gobierno de Cantabria admitió el pasaporte, que reflejaba su minoría de edad, y no lo impugnó, pero luego cambió de criterio, y se pasaron a las pruebas médicas, que dijeron que era mayor de edad.

Gómez de Diego incidía en que según la doctrina del Tribunal Supremo el pasaporte “tiene más peso que la prueba médica, que tiene un margen de error muy amplia”.

“La administración no puede ir contra sus actos, es un principio básico de seguridad jurídica que se incumple si la administración te dice una cosa y luego otra”, advertía

La letrada lamentaba que a la hora de hacérsele las pruebas de edad no se informara correctamente a Samuel ni de las consecuencias ni fuera asistido de un intérprete, o no contara con asistencia jurídica. Tampoco se comunicó al Fiscal que Samuel tenía pasaporte.

ANTE LA DUDA, SE PROTEGE AL DÉBIL

Gómez de Diego incide en que el Gobierno, en su comunicado de respuesta, admitía sus dudas en el proceso.

“Y el Tribunal Supremo dice que ante la duda se protege al menor, al que está en situación de vulnerabilidad. Si hay una duda, es la primera razón para proteger, se protege siempre. Si no está acreditado, es una duda tan fuerte que hay proteger”, recalcaba.

EL ICASS, CON LOS CRITERIOS “MÁS REACCIONARIOS”

En los movimientos sociales, la noticia se ha recibido con “sorpresa” y malestar: Patricia Manrique, del colectivo Pasaje Seguro de apoyo a refugiados y emigrantes, denunciaba que “hay más chavales en esta situación”.

“Hay una pauta en el ICASS (el Instituto Cántabro de Servicios Sociales) que sigue los criterios más reaccionarios”, aseveraba en EL FARADIO DE LA MAÑANA de Arco FM, que llamaba la atención que este criterio va contra las estipulaciones de organismos como la ONU o el Defensor del Pueblo.

Manrique señalaba la “incoherencia” de un Gobierno de Cantabria que “por un lado se reúne con organizaciones de la sociedad civil para promover campañas contra la xenofobia y el racismo”, pero, por otra, no trata a Samuel como un menor de edad, sino como un migrante al que ha “descartado” de la protección, “saltándose” los derechos del niño.

La activista de Pasaje Seguro censuraba que “sea el propio Gobierno el que provoque esta situación”, que tiene como consecuencia que los chavales quedan “en situación irregular” y “condenados a la marginalidad”.

Los colectivos advierten de que tomarán medidas, de momento ya han lanzado una campaña de apoyo en Change.org