La votación del Congreso de los Diputados, que ha instado al Gobierno de España a derogar y modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, es una declaración de intenciones que en primer momento puede quedar como un simple gesto.

Pese a que parece que el Partido Popular está comenzando a verse obligado a desandar en algunas de sus leyes más absolutistas, algunos expertos alertan de que la realidad no será tan fácil de revertir.

Los movimientos sociales se han manifestado desde el comienzo por la aplicación de la Ley Mordaza

“La derogación de La Ley Mordaza no es posible porque algunas actuaciones quedarían impunes”, insiste el abogado Darío Serrano, que en multitud de ocasiones ha asesorado las labores de movimientos sociales como Libres.

El motivo es que “no hay una sola Ley Mordaza”, sino que se trata de “una batería de modificaciones legislativas que se han plasmado en procedimientos como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial pero, sobre todo, en el Código Penal”, recientemente reformado.

“Si se deroga totalmente quedarían cortar otras modificaciones que han hecho en el Código Penal”, añade el abogado, ya que por la vía penal se habían eliminado las faltas, delitos de menor gravedad, la mayoría relacionadas con el orden público. “Del Código Penal se pasan algunos delitos leves y otros a infracciones administrativas, que se exportaron a la Ley Mordaza. Si se derogan, estas actuaciones quedarían impunes por lo que es imposible que se lleve a cabo, habría un vacío legal”.

“CADA VEZ APARECEN MÁS PRÁCTICAS DE RECORTES DE LIBERTADES”

Y es que las Leyes Mordaza implicaban, entre otras medidas, que algunos delitos pasaban por la parte administrativa y podían ser directamente impuestas por los agentes de la autoridad, sin que mediara ningún juez.

Eso ha implicado que se aplique de un modo tan arbitrario, tal y como han criticado desde asociaciones como Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión. “El problema de la Ley Mordaza es que el policía dice que se le ha insultado, que se le ha hecho cualquier falta de respeto y la aplica”, critica uno de sus miembros, el profesor Manuel Corbera. “Además, son multas de 600 euros que si se pagan pronto se quedan en la mitad, por lo que mucha gente no se mete en un juicio”.

Por ese motivo, “no sabemos exactamente el número de aplicaciones exactas en Cantabria”, aunque ya los propios datos y estadísticas del Gobierno informan que Cantabria es, con una enorme diferencia, la Comunidad Autónoma en la que más se ha aplicado la Ley Mordaza. “En Cantabria hay entorno unas 565 multas por cada 100.000 habitantes, mientras que en comunidades como Madrid o Cataluña hay una media de 8 por cada 100.000 habitantes”.

Ante esto, Libres le ha pedido al Delegado de Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, que explique los motivos que llevan a esta alta incidencia en una región tan pequeña y con tan poco índice de delincuencia. “Hasta el momento no nos ha dado explicaciones convincentes, aunque no lo desmienten”, manifiesta.

El pasado mes de mayo, un joven fue identificado y multado por colocar pancartas en la Delegación de Gobierno de Santander.

Con la decisión del Congreso, desde Libres se muestran “moderadamente optimistas” porque “el PP y el Gobierno se quedan solos ante esta ley que recortaba de forma drástica los derechos y libertades”, y creen que este es un pequeño triunfo “fruto de las luchas en la calle”.

“Aun así, esta alegraría no debe confundirnos porque la batalla no está ganada, ni mucho menos”, añade. “En principio, la pelota ha sido colocada en el tejado del Gobierno, pero hay que recordar que la Ley Mordaza no es la única ley que se aplica desde un punto de vista represivo”.

Se refiere, por supuesto, a la reforma del Código Penal, pero “sobre todo y porque cada vez aparecen más” a una serie de prácticas policiales y judiciales que llevan siendo denunciadas desde 2010 por un informe de Amnistía Internacional, titulado ‘La sal en la herida’.

“Este informe revela torturas, montajes y archivos cerrados cuando hay denuncias. Y es algo que nos preocupan enormemente porque son parte de ese recorte de libertades en la práctica”

EL CASO DE CIUTAT MORTA, UN MONTAJE QUE ACABÓ EN MUERTE

Son casos como el que ocurrió en Barcelona el 4 de febrero de 2016, en un “monstruoso montaje policial” que “como novela diríamos que es exagerada pero es la realidad”, recuerda Corbera.

Allí, cinco personas que fueron acusadas de agredir a un policía durante el desalojo de un edificio okupa, que quedó tretapléjico tras caerle una maceta en la cabeza. “Tres chicos que ni siquiera estaban allí fueron detenidos por ser sudamericanos y punkis, y les torturaron de tal modo que tuvieran que llevarles al hospital. Allí había otros dos chicos punkys que habían tenido un accidente de bicicleta lejos de los hechos, a los que también acusaron y pasaron un calvario espantoso”, recuerda Cobera.

De hecho, el caso fue más grave que el enjuiciamiento y la encarcelación de estas personas sino que una de ellas, Patricia Heras, no pudo soportar la situación hasta el punto de que acabó suicidándose. “Son casos muy graves y demasiado habituales para ser casual”, añade el activista.

Precisamente ese caso se recordará este viernes con la presentación de la novela Ciutat Morta, que narra esos hechos con motivo de su décimo aniversario. El evento tendrá lugar en la librería crítica La Vorágine, ubicada en la calle Cisneros, a partir de las 19.30 horas.