El Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF, organismo del Gobierno de Cantabria que canaliza las operaciones de crédito e inversión pública en empresas privadas) no supervisó los avales presentados en una operación financiera por el empresario Santiago Díaz, máximo responsable del grupo SADISA, al que pertenecen, entre otras, la constructora ASCAN (y al que esta semana se conocía un juez situaba como inspirador del fraude fiscal en una venta de propiedades y terrenos en El Cuco).

SADISA

En concreto, esa operación –que ha llamado la atención del Interventor General de Cantabria, según consta en un informe consultado por EL FARADIO– consistió en un aval del Gobierno autonómico la pasada legislatura para cuya concesión, por cierto, fue necesario cambiar una ley cántabra.

Esto sucedió en la legislatura anterior, con el PP en el Gobierno, cuando SADISA se encontraba en dificultades (como consecuencia tanto de la crisis económica como de la rescisión de contratos por parte de ese mismo Ejecutivo, como los de Valdecilla o Colegios del Mundo, entre otros).

Lo que hizo la empresa fue pedir un aval que le sirviera para ir ante los bancos a pedir crédito, y el dueño de la empresa sus propios bienes particulares como garantía ante la administración.

El problema, detectado por el Interventor, es que desde el ICAF no se hizo una valoración de esos bienes, es decir, no se comprobó mediante la tasación de ellos por parte de un perito independiente si su valor se correspondía o guardaba algún tipo de proporción con el importe del aval para la operación que quería realizar.

El interventor añade a esto que esos bienes planteados por Díaz no permitían una liquidez inmediata.

Y advierte de la disparidad de criterios en general dentro del ICAF sobre el tema de las garantías, lo que impide, señala, evaluar si es posible la recuperación del dinero.

LA OPERACIÓN

En el documento que fiscaliza el funcionamiento del Instituto Cántabro de Finanzas, el interventor advierte de que no se presentó información sobre el impacto económico y social de esta medida, un informe que se debe presentar de forma previa a la concesión del aval.

Sede del Grupo

En este sentido, el interventor llama la atención sobre la falta de criterios claros sobre quién debe decidir si la operación sigue adelante en base a criterios estratégicos, ya que en algunas ocasiones el ICAF pide estos informes a otro organismo del Gobierno de Cantabria, y en este caso fue el Instituto Cántabro de Finanzas quien lo determinó.

Y ese informe llamaba la atención sobre la cuestión de que el aval no se correspondía con ninguna actividad estratégica de las declaradas así por el Consejo de Gobierno, algo para lo que fue necesario cambiar ese listado incluyendo el supuesto en que se encontraba SADISA.

Tampoco constaba información sobre quién supervisó la operación ni la calificación del rating (algo que sucede en otras operaciones del ICAF con empresas privadas), aunque sí se especificó que la empresa estaba en condiciones de asumir un nuevo riesgo.

EL CAMBIO LEGAL

El Tribunal de Cuentas ya señaló que este aval desencadenó un cambio legislativo en Cantabria: en 2012 SADISA pidió un aval público, y para que esto se haga era necesario que la actividad económica apoyada estuviera en el listado de actividades estratégicas que establece el propio Gobierno de Cantabria.

El Gobierno optó entonces por sumar un nuevo objetivo estratégico a ese listado, que era el “mantenimiento del empleo en aquellas empresas que, teniendo un elevado volumen de plantilla y una situación razonablemente saneada, estén sufriendo, temporalmente, dificultades para acceder a la financiación bancaria”.

Plaza de San Martín

Gracias a ese cambio, aprobado en Consejo de Gobierno, se aprobó un aval de 4 millones de euros, renovado posteriormente.

Pero como se trata de una disposición de Gobierno que excedía las previsiones iniciales de la ley por la que se creó el ICAF, lo que se hizo fue modificar la ley en 2013 y eliminando ya la referencia a sectores estratégicos, de forma que bastaría con que la empresa avalada estuviera domiciliada en Cantabria.

El cambio legal (que al Tribunal de Cuentas le pareció “especialmente significativo” se hizo, además, a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, es decir, el documento que se aprueba junto a las grandes cuentas de Cantabria y en el que se aprovecha para cambiar de golpe varias leyes.

Como muchas en el sector, la empresa pasó por dificultades que le llevaron a presentar un preconcurso de acreedores, del que logró salir gracias a un acuerdo de financiación con distintos bancos, capitaneados por el Santander.

El grupo está pendiente de lo que suceda con el rescate al Puerto de Laredo, del que era concesionaria junto a FCC, en una sociedad cuyo concurso desencadenó ese rescate, cifrado por el Gobierno en 12 millones de euros.

En Santander, donde es adjudicataria del servicio de recogida de basuras, tiene propiedades en la zona de San Martín, aprobadas a través de un convenio urbanístico tramitado de forma exprés y el Ayuntamiento aceptó su petición de construir una plaza en la zona que realizarían ellos mismos, y se aprobó la modificación del Plan Sardinero (unas normas de protección a edificios de la zona) a petición suya y de los Botín (del Santander), petición que fue denegada años antes a otros particulares de la zona y en la que se enmarcó una operación de compraventa de terrenos entre fincas de ambas familias.