Si 2016 se despidió con la buena noticia en materia de libertades, con la victoria de Oscar Manteca en su proceso por la Ley Mordaza por una ocupación en Liberbank, 2017 ha empezado con la condena a Iván Martínez por la ocupación de Espacio Argumosa, y continua ahora con el caso del escrache al expresidente Ignacio Diego.

Las facturas de reparación de los vehículos y los testimonios de agentes, escoltas y asesores de Ignacio Diego, así como su propio testimonio, sirven a la Audiencia Provincial para apreciar indicios de delito en el ‘escrache’ al expresidente en la Universidad de Cantabria, en un auto en el que se resta valor a los testimonios de los procesados, a los vídeos que han aportado y a los testigos que no vieron agresión al presidente durante una visita suya a la UC en febrero de 2014 para participar en un acto llamado ‘Tengo una pregunta para usted’.

Los procesados protestaron, y se les impidió acceder al acto en el que el presidente iba a hablar. Esperaron a la salida y se produjeron incidentes con la escolta del expresidente, produciéndose, según estos y las facturas que aportaron, daños en sus vehículos.

La Audiencia Provincial rechaza en un auto el recurso de los imputados contra el auto del juzgado de instrucción en el que daba por cerrada la fase de investigación y enviaba el caso ya a juicio.

Secuencia del vídeo del escrache

En el auto se atribuyen de forma idéntica, literalmente, los mismos entrecomillados (“hijos de puta, asesinos, mecago en vuestros putos muertos, os vamos a matar, el día que os veamos por la calle con vuestras familias, os vamos a dar una paliza a vosotros y a vuestros hijos, que pena de bomba, fascistas”) a dos de los acusados.

Y se llega a asegurar que tres de ellos quisieron agredir al expresidente.

El auto resta valor al testimonio de una de las periodistas que presenció los hechos y que fue citada como testigo, que dijo que la integridad del presidente no corrió peligro en ningún momento.

Y, a la vez, rechaza la tesis de los acusados, que opinaban que los otros testigos no tenían una visión imparcial (básicamente, eran los agentes policiales, miembros de la escolta y un asesor del expresidente), remitiéndose a las facturas de las reparaciones para acabar precisando que la parcialidad o no de los testigos se verá en el juicio.

Los otros testigos que se habían pedido, de periodistas y reporteros presentes en el acto, no se admiten ahora, lo que hubiera permitido ampliar la fase de investigación, y tendrán que esperar ya al juicio.

El testimonio del expresidente, por su parte, le sirve al tribunal para reforzar el relato de los hechos, así como distintos reportajes fotógraficos de los sucesos.

Tampoco sirven los vídeos aportados por los imputados para desmontar las acusaciones, al entender que “las grabaciones audiovisuales solo reflejan instantes o momentos parciales de una realidad espacial localizada” y también que “había una multitud de personas” que hacían “imposible” que las cámaras pudieran abarcar todos los hechos que simultáneamente se estaban produciendo desde dentro (sin perjuicio de que se analicen en el juicio).

En el apartado específico de libertad de expresión y reunión, el auto matiza que se garantiza cuando sea pacífico, rechazando que lo fuera en este caso.

Estos hechos propiciaron la creación de la plataforma Preguntar no es delito.