Podemos duda de los motivos reales de la dimisión de la que fuera directora del Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal (PSOE), que en su día se justificaron por cuestiones “personales” y que se sucedieron tras la polémica por su negativa a aceptar el método del sorteo para adjudicar contrataciones municipales a desempleados en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.

Pero tras conocerse la investigación por parte de la UDEF, la rama de la policía que persigue delitos económicos y fiscales, a los cursos de formación en Cantabria, el partido ha recordado que las fechas del inicio de la investigación que llevó a los registros que se produjeron en dependencias del Gobierno “coinciden” con las de la dimisión de Díez Marzal.

Así lo ha expresado en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA la diputada de Podemos Verónica Ordóñez, que ha dicho que “igual es que Díez Marzal había oído que se estaba investigando” ese asunto, que desembocó en registros en sedes como la del ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

En concreto, la UDEF investiga la presunta existencia de mordidas dentro de la administración a los centros de formación, tras una denuncia de la Academia Cossío, excluida de los cursos subvencionados, a la que luego se han sumado testimonios de más academias.

Verónica Ordóñe, que ha aclarado que tenía conocimiento de esta denuncia, ha explicado que en este proceso “sorprenden” cuestiones como las acreditaciones de discapacidad, pues se comprueba que centros como Cossío las “cumplían” tras haber hecho obra, y pese a ello no recibieron las acreditaciones, mientras que existen otros que sí están acreditados a pesar de que no cumplían la normativa.

“Eso requiere una explicación”, ha aseverado la parlamentaria, para quien los cursos de formación son “la excusa que permite que el sistema se reproduzca” porque “la corrupción es sistémica”.

Y se beneficia de factores como la demora en los procedimientos judiciales, lo “complicado” que resulta demostrar los hechos por la abundante documentación necesaria, cuya recopilación lleva un tiempo que da margen a quienes quieran tapar el rastro, así como por la falta de protección a los denunciantes.