||por Antonio Hontañón Abad, responsable del Área Socio-sanitaria de IU Santander||

Desde que tuvo la ocurrencia de inaugurar la cuesta de enero lanzando el globo sonda de un nuevo repago farmacéutico, la actual Ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, ya va por la media docena de rectificaciones públicas. Cualquier observador de la realidad política española sabe que estas rectificaciones, procediendo del PP, funcionan de manera muy similar a sus promesas electorales, de tal forma que casi se puede anticipar un movimiento atendiendo a las veces que se niega rotundamente.

Pasó con las diferentes subidas de impuestos, precedidas de igual número de desmentidos previos, pasó con el “yo no recortaré nada” de Rajoy en cada uno de sus debates electorales, ampliamente desmentido por la vía de los hechos recogidos el BOE. Y seguirá pasando, si atendemos al guion más o menos preestablecido que el PP debe seguir a modo de hoja de ruta. Y es que basta con acudir a la hemeroteca para encontrar las grandes líneas estratégicas de la política económica del PP. Coinciden milimétricamente con las “recomendaciones” que periódicamente eleva el jefe de misión del FMI en España, Helge Berger.

El precio de los fármacos, a debate.

En una de sus últimas visitas de trabajo, la misión del FMI advirtió a las autoridades españolas del riesgo de estancamiento de nuestra economía a tenor de sus sesudos análisis, y por supuesto despachó tres o cuatro grandes “recomendaciones”, véase contrato único, repago sanitario, repago educativo, y una nueva reforma laboral. Esto tuvo lugar en el verano del 2015. Así pues, parece previsible que una vez se ha constituido el segundo gobierno de Rajoy, y éste se encuentra apuntalado y asistido por las inercias bipartidistas procedentes del PSOE, y las nuevas fuerzas de lo viejo, llegadas a través de Ciudadanos, desde Bruselas y Washington les recuerden a todos ellos que es hora de comenzar a aplicar su agenda.

Por lo tanto, la amenaza del repago sanitario se cierne sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles disuadió a este de continuar con los manjares propios del Rey.

Y es que con medidas como la que se tomó en su día de obligar a los españoles a pagar dos veces por sus medicinas, se persigue la disuasión. Ir apartando progresivamente al ciudadano del servicio público. Lo reconocía el propio vicesecretario general de Comunicación del PP en aquellas fechas, justo después de negar que fuesen a introducir el mal llamado “copago sanitario”.

En una entrevista a la cadena Cope, el 15 de julio de 2011, Esteban González Pons aseguró que el repago “no busca recaudar más, busca que la gente vaya menos al médico. En mi opinión, no hay que incentivar que la gente vaya menos al médico, la gente es responsable y va al médico lo que necesita.” Esta vez la mentira se sostuvo menos de un año. El BOE del día 24 de abril de 2012 publicaba el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Es decir, el repago. Y la mentira. Todo a la vez, administrado como una de esas ciento cincuenta millones de recetas que dejaron de prescribirse a raíz de su entrada en vigor. A poco más de un año de su aprobación, la Sociedad Española de Medicina de Familia advertía a través de su presidente de las primeras consecuencias del repago; “que muchos enfermos crónicos no retiren sus medicinas.”

Hablamos no hace mucho de las mentiras-matrioska que el PPSOE había empleado en su operación mediática de diciembre respecto a la pobreza energética, y ese mismo esquema es el que el PP aplicó en su momento a la hora de introducir el repago en el imaginario colectivo. Nos hablaban de las interminables colas de ancianos sin más que hacer, que no encontraban mejor alivio a su soledad que acudir al médico y contribuir a incrementar el insoportable gasto farmacéutico que soportaban las arcas del Estado, mientras que la realidad una vez más acudía a desmentirles.

La Encuesta Nacional de Salud (ENS), elaborada por el Ministerio de Salud y el INE, refleja en estudios comprendidos entre los años 2003-2012 un descenso del porcentaje de españoles que habían consumido un medicamento en los quince días previos a la entrevista, del 66% al 60%. Y el descenso es el doble de acusado en Cantabria, pasando del 62% al 50%.

Por lo tanto, cuando nos lanzaron el repago a la cara en forma de decretazo, eran más que conscientes de que el problema de la sanidad española no se encontraba en los ávidos jubilados ansiosos por otra receta.

No, los verdaderos problemas que amenazan a la sanidad española y por ende a la cántabra, son otros. Que podrían sintetizarse en las privatizaciones y la escasa financiación pública. Destinamos muchos menos recursos a la sanidad desde el inicio de la crisis. Tal y como consigna la OCDE en sus Estadísticas sobre la salud 2014, España en comparación, “después de la crisis, el crecimiento en el gasto en salud cayó rápidamente y se convirtió en negativo en términos reales en el 2010 y el 2011.”

Entre los años 2011 y 2014, las comunidades autónomas redujeron la inversión en sanidad de manera dramática. Y esos recortes se efectuaron sobre una sanidad pública ya infradotada, por lo que resulta de justicia situar el principal foco de resistencia frente a los recortes en la hercúlea labor desarrollada por los trabajadores que conforman la sanidad pública.

Sin ellos el deterioro de nuestro sistema nacional de salud sería de una gravedad valorable en vidas humanas, muchas, que se hubieran perdido en medio de ese proceso paulatino por el que los servicios públicos se van deslizando desde su función original de protectores de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y redistribuidores (pág. 25) de la riqueza generada por esa sociedad, hasta su transformación en nuevos nichos de negocio a explotar por agentes privados.

La nueva lógica mercantilista que estos nuevos gestores de lo otrora público incorporan al día a día del servicio, es antagónica con esa función original que sintetizamos brevemente hace unas líneas, y se orienta en exclusiva en la obtención del máximo beneficio posible. El incremento de la tasa de explotación para la sanidad o la educación pública, en definitiva, sólo redunda en beneficio de unos pocos, y en perjuicio de la inmensa mayoría, el resto, nosotros.