Este martes el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 7/2016 sobre el mecanismo de financiación del coste del bono social.

Lo ha hecho con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canarias y Nuevas Canarias; y la oposición de Unidos Podemos, Ezquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu.

Concentración contra la pobreza energética en Santander.

Este reparto de la financiación ha sido duramente criticado por las pequeñas y medianas comercializadoras, y asociaciones de consumidores por considerarlo discriminatorio, excluyente y proponer un sistema de financiación muy perjudicial.

“Llevamos tiempo denunciando esta situación con otros colectivos”, ha asegurado este miércoles Marcos Gutiérrez, de la Plataforma Cantabria por lo Público, en EL FARADIO DE LA MAÑANA, que denuncia que la medida “llega tarde, en un momento de invierno avanzado”, y que “no cumple los objetivos de apoyo y cobertura a la sociedad que está en riesgo energético”.

CONCENTRACIÓN CONTRA ESTA LEY Y CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

El jueves han organizado una concentración contra la pobreza energética y esta nueva ley. Será en el Ayuntamiento de Santander a las 7 de la tarde, y se recomienda llevar mantas y velas para escenificar la protesta.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también ha criticado que la fórmula del decreto ley deje abierto “a que el Gobierno desarrolle reglamentariamente la norma en función de sus propios intereses”.

La plataforma denuncia que estas medidas dejan a muchos de consumidores sin asistencia. Y es que este bono solo pueden ofertarlo las denominadas comercializadoras de referencia, que son las 5 grandes empresas del oligopolio eléctrico, por lo que “deja al margen a todos los que tienen contratos eléctricos en el mercado libre”.

“Con esta norma aprobada Rosa, la anciana que murió en Reus, seguiría estando fuera del bono social pues tenía un contrato que estaba fuera de la tarifa regulada”, cuenta a EL FARADIO Gabriel Moreno, de la compañía energética cántabra Solabria.

Además, critica lo “desproporcionado” de la medida, pues las comercializadoras aportarán al bono social en función del número de contratos que tienen como clientes. “Eso significa que Solabria, que tiene 35 contratos domésticos, tendrá que pagar el doble de comercializadoras como Fortia que con 20 contratos hace el consumo del 4% de la energía eléctrica de toda España”.

Esto significa que las comercializadoras del mercado libre están obligadas a costear el bono social, a veces en una proporción mayor, pero ninguno de sus clientes puede acogerse a este.
Además, la plataforma denuncia que Solo aborda la parte eléctrico del 35% del consumo de una familia, el correspondiente a la luz, “y deja al margen al otro 65% en referencia al gas o el petróleo relacionados con el consumo de la calefacción”.