La nueva Ley del Suelo anunciada esta semana por el Gobierno de Cantabria no incluye el derecho al realojo y retorno aprobado en el Parlamento para atender el problema generado a raíz de la operación urbanística en el santanderino barrio de El Pilón.

Del proyecto se han destacado aspectos como una tasa de entre el 3 y el 5% a la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, con una prórroga de dos años a la disposición transitoria que se aprobó en la etapa del PP en el Gobierno. A partir de entonces, no se elimina la posibilidad de construir en suelo rústico, sino que se condiciona a la aprobación de planes especiales municipales.

El barrio santanderino de El Pilón lucha contra su proceso de gentrificación

Asimismo, se regula la extracción minera en el subsuelo de terrenos rústicos de especial protección, lo que está generando debate sobre si afecta o no a la fractura hidráulica.
Pero lo que no figura es el derecho al realojo y retorno a sus barrios de los vecinos afectados por procesos expropiatorios.

Fue una situación que afecta a distintos barrios de Santander, entre los que la mayor urgencia se dio en el caso de El Pilón, donde una constructora, gracias a la financiación de Bankia, logró la mayoría en el organismo llamado Junta de Compensación que le permitió imponer su criterio para construir nuevas viviendas desalojando a los vecinos.

A instancias de los vecinos del barrio, constituidos en plataforma, se llevó una solución al Parlamento de Cantabria que logró el apoyo de todos los partidos de la oposición, esto es, PP, Podemos y Ciudadanos.

Estos tres partidos suman mayoría frente a los partidos que apoyan al Gobierno de Cantabria, PSOE y PRC, y sus votos permitieron una modificación de la Ley del Suelo que permitió recoger ese derecho.

Todo en un proceso en el que Ciudadanos admitió que había recibido presiones de empresas constructoras y que contó con la abstención de PSOE y PRC, quienes rechazaban legislar “a la carta” para un problema determinado y defendían que la solución para los vecinos de El Pilón iba a quedar recogida en una futura modificación de la Ley del Suelo de carácter más amplia.

Pero con el tiempo esa modificación no recoge ese derecho al realojo que, por otra parte, provocó dudas sobre su constitucionalidad por el Gobierno central: de momento, ante las dudas surgidas, se ha convocado una comisión bilateral. Si finalmente se presentara recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo central, la ley aprobada por la oposición quedaría en suspenso.

Por otra parte, la Ley del Suelo sí que lleva la fórmula de las normas urbanísticas transitorias que reclamaba el Ayuntamiento de Santander (si bien inicialmente lo pedía en la Ley de Acompañamiento) como forma de solucionar el problema creado tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital y su regreso al plan anterior, el de 1997, para encajar los proyectos del plan anulado.