El Ayuntamiento de Santander tendrá que incluir cláusulas medioambientales en sus contrataciones de energía eléctrica o gas, priorizando la contratación con empresas cooperativas locales, con las que se deberá establecer vías de colaboración para la producción de energías renovables.

Ese es el contenido de una moción de Santander Sí Puede que fue aprobada en el último Pleno municipal logrando la unanimidad de todos los partidos..

Estas cooperativas, como es el caso de, en Cantabria, Solabria, se nutren de fuentes renovables, se apoyan en sus socios cooperativistas e incluye cláusulas sociales que impiden los cortes del suministro en casos de impagos, ante la preocupación que está suscitando el problema de la pobreza energética.

En la moción se especifica que en esas cláusulas medioambientales, a partir de junio-julio de 2017, figurarán criterios que prioricen o estimulen que toda la energía contratada sea de origen 100% renovable, aplicándose a todas las fases de la contratación, incluyendo la información previa o anuncio, la licitación, la adjudicación y la ejecución del contrato.

Y que de cara a concretar los requisitos de las comercializadoras se valorará que éstas tengan certificada su producción como limpia por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También se incluye que se acelerará la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética en sus instalaciones y la progresiva instalación en sus edificios de sistemas de generación de energía renovable destinados a cubrir el autoconsumo, además de suscribir la segunda fase del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía que asume los objetivos de la UE para 2030 en la lucha contra el cambio climático.

En la moción se incidía en que ya hay ayuntamientos como Madrid o Barcelona que introducen en sus pliegos de contratación la exigencia de que la energía eléctrica consumida sea de origen 100% renovable.

Pero en Santander los únicos requisitos para la contratación, según el pliego, son el precio, a quien realice la oferta más económica, obviando otros criterios, como las cláusulas sociales o medioambientales que incluyen más de setecientos municipios españoles en los pliegos de contratación de suministro eléctrico para dependencias municipales y que determina como principio general la propia Ley de Contratos del Sector Público o directivas europeas.

No fue la única moción que lograron que se aprobara los partidos de la oposición: el Pleno también aprobó, por unanimidad, una moción que había propuesta Izquierda Unida –partido que, por cierto, recientemente lanzaba una campaña por la nacionalización del sector eléctrico que recorrerá las calles de Cantabria—en la que se pedía que un asesoramiento específico por parte del Ayuntamiento de Santander a los afectados por las cláusulas suelo y los fraudes hipotecarios.

En este servicio se les informaría de su situación y de los pasos que deben seguir para recuperar su dinero (en línea con otros servicios municipales de asesoría o mediación, como el de temas hipotecarios que implantó Torrelavega y luego Santander, por ejemplo).