Partidos políticos y colectivos critican la arbitrariedad del Ayuntamiento de Santander a la hora de regular el uso de los locales municipales, públicos, por parte de colectivos sociales.

Una arbitrariedad que se ha puesto de manifiesto por el contraste entre la cesión de un local a la Asociación Pro-Vida Cantabria, con programas contra el aborto y mensajes contra la “ideología de género”, tras decirle a colectivos como Mujeres Jóvenes de Cantabria (MUJOCA) que no disponía de espacios municipales para que impartieran talleres de prevención de violencia de género entre adolescentes.

Las manifestaciones del pasado 8 de marzo han sido las más multitudinarias de los últimos años

Esa respuesta negativa, el que no había espacio disponible, la recordaban esta semana activistas de MUJOCA o de la Asamblea de Mujeres, que añadían que en su día propusieron que se creara en Santander una Casa de las Mujeres, para las asociaciones que las representan (como la hay con las entidades juveniles en el propio Ayuntamiento).

El PSOE de Santander planteará preguntas al respecto en comisión, poniendo el acento en los criterios y en la diferencia de trato según los colectivos, lo que le valió una airada respuesta del PP tachándole de «sectario» y acusándole de querer «vetar» a Provida (cuando el planteamiento del PSOE se limitaba a preguntar por los criterios).

Desde Izquierda Unida, que también preguntará por estos criterios, el concejal Miguel Saro incidía en declaraciones a EL FARADIO en que los colectivos tienen “muchas dificultades” para acceder a los locales municipales, al encontrarse con limitaciones como que la actividad se destine a fines formativos o se ciña a espacios “muy concretos” como los centros cívicos, que ya están bastante “copados” porque hay muchas actividades y “poco espacio”.

Pero en cambio, el Consistorio sí dispone de otros espacios públicos, locales conseguidos en cesiones urbanísticos, y estos “se manejan con arbitrariedad y discrecionalidad”, es decir, sin criterios racionales y objetivos.

Así, en el caso del colectivo Provida, Saro incide en lo “llamativo” que resulta que se ceda el local a esta asociación “ideológicamente marcada” y en línea con la “derecha religiosa” que “representa” el PP.

En este sentido, Patricia Manrique, activista en distintos movimientos sociales y experta en temas de género, expresaba la “lástima” que le producía este “desnivel”, “preocupante”, en el acceso de las asociaciones a estos espacios públicos,.

Y le “llamaba la atención” el que se negara el uso de instalaciones municipales para sus talleres de prevención de violencia de género entre adolescentes (“mujeres jóvenes trabajando para mujeres jóvenes”).

A su juicio, la alcaldesa de Santander “debe velar por la pluralidad” para que puedan usar espacios que son de todos tanto este colectivo como otros, más aún teniendo en cuenta las as “dificultades” que tienen en general los movimientos sociales para representar su labor.

Al respecto, María Jesús Cedrún, exsecretaria general de UGT –sindicato integrado en distintas plataformas y movimientos sociales de mujeres—mostraba su “sorpresa” por la cesión de este local por parte de “un Ayuntamiento que se caracteriza por no tener locales a disposición de los movimientos sociales”.

“Las asociaciones nunca han encontrado facilidades por parte del Ayuntamiento para el uso de locales”, aseveraba, a la vez que incidía en si hubo concurso público tanto para el uso del local como para recibir la subvención.

Finalmente, el concejal Antonio Mantecón, desde Santander Sí Puede, ponía el acento tanto en el “tinte ideológico antiaborto y antiLGTB” (es un colectivo que lanza mensajes y invita a actos a personas favorables al bus transfóbico de Hazte oír y que en su día protestaron contra la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo), como en que la subvención económica que también recibe “supone un pago por duplicado de un servicio que debería prestar el Ayuntamiento”.