El Ayuntamiento de Santander lo va a dar todo en el recurso contra la sentencia que anuló sus criterios para las bonificaciones en el impuesto municipal de la plusvalía, al considerar que provocaba situaciones de discriminación, a raíz del caso del abogado Miguel Gómez Cotera.

Miguel Gómez Cotera, abogado de la plusvalía

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 le dio la razón y, aunque el equipo de Gobierno del PP inicialmente dijo que acataría esa sentencia, al final acabó presentando recurso en los tribunales.

Un recurso en el que se ve que sacan toda la artillería de la que disponen: es un extenso documento de una treintena de páginas que enumera profusamente otras sentencias judiciales sobre la plusvalía (si bien sobre el asunto en concreto, la discriminación en las bonificaciones, no existen antecedentes al ser la de Santander la primera sentencia de España al respecto).

Y que, como dato destacable, firma el máximo responsable de la política legal del Ayuntamiento, esto es, José Francisco Fernández, director de los servicios jurídicos, cuando hasta la fecha venían actuando letrados municipales.

Desde que denunció su situación, que puso sobre el foco este impuesto municipal, Gómez Cotera se ha ido enfrentando a toda la maquinaria municipal:

-Nada más conocerse, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González-Pescador, esgrimió un informe del letrado municipal en el que se abogaba por rechazar directamente las tesis de Miguel Gómez Cotera y que reproducía los argumentos dados por el equipo de Gobierno. El interventor general del Ayuntamiento no vio claro estas intenciones.

-En lugar de responderle directamente al afectado, el equipo de Gobierno emitió un comunicado de prensa con la respuesta y aludiendo a ese informe.

-Ese informe no era obra directa del letrado. Este le daba validez a los argumentos que previamente había preparado la directora de Ingresos Públicos del Ayuntamiento de Santander, que no es un cargo técnico ni funcionarial, sino que en realidad es un cargo de confianza ligado a la Concejalía de Economía (por cierto, uno de los mejor retribuidos en el Consistorio).

-Cuando Cotera quiso consultarlo, se le denegó el acceso al expediente administrativo con los detalles e información sobre su caso, y con el citado informe, remitiéndole al comunicado de prensa

-El propio alcalde en esas fechas, Íñigo de la Serna, aseguró que se trataba de una situación particular cuando la oposición pidió cambiarla (la modificación de la plusvalía no hubiera afectado a este caso, pues no puede tener efecto retroactivo). Se aferraba a la legalidad de unos informes que luego han cuestionado los tribunales que, en primera instancia, han dado la razón al afectado.

-Y llegó a cuestionar que Miguel Gómez Cotera viviera en Santander, cuando su certificado de empadronamiento llevaba la firma del propio regidor.

LA PLUSVALÍA

La plusvalía municipal es el impuesto que recauda la administración local por la transmisión de viviendas en herencia, equiparable (y complementario) al de sucesiones en el ámbito autonómico.

La zona norte de Santander también critica la fiscalidad municipal

Desde 2015, el Ayuntamiento comenzó a aplicar bonificaciones del 90% al pago de la plusvalía, siempre que se cumplan dos condiciones: que el inmueble constituya la vivienda habitual y que el valor catastral del suelo no supere los 60.000 euros.

Así, se pueden acoger a la bonificación tanto el cónyuge del fallecido, como los ascendientes o descendientes empadronados en el domicilio familiar los dos años previos a la muerte del propietario.

Es esta última condición la discutida, a partir del recurso de un joven santanderino, abogado, Miguel Gómez Cotera, que consideraba que tal y como está la ordenanza en Santander, podría ser inconstitucional, al establecer una discriminación en situaciones similares, por ejemplo, entre dos hermanos.

El propio Ayuntamiento de Madrid en la época en que la alcaldesa era Ana Botella con el PP había eliminado esta práctica.

De fondo, la capacidad recaudatoria de este ingreso: 7 millones en el último ejercicio en Santander, sólo por debajo del IBI en la generación de ingresos.

La plusvalía también esta puesta en cuestión por el Tribunal Constitucional, que ha criticado en una reciente sentencia que se siguiera cobrando este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en una venta incluso en un período de crisis del sector inmobiliaria en el que al vender se producían pérdidas y no ganancias.

En Santander, los partidos que ejercen la oposición municipal han pedido que se modifique la ordenanza que regula este impuesto. Todos salvo Ciudadanos, apoyo constante del PP, que durante mucho tiempo rehusó dar una respuesta en persona al afectado cuando les planteó el tema.

La lucha de Miguel Gómez Cotera se suma a otro conato de rebelión fiscal en Santander: las movilizaciones, sobre todo en la costa norte de Santander, contra el catastrazo, consecuencia de la recalificación al alza de terrenos en esa zona prevista en el Plan General, que al considerarlo todo listo para urbanizar elevaba la presión fiscal.