Samuel, en una entrevista concedida a El Faradio en septiembre de 2016 || Foto: Guillem Ruisánchez

El menor extranjero no acompañado (MENA) camerunés Samuel (nombre ficticio), ha obtenido el permiso de residencia (NIE), después de una larga disputa con las administraciones cántabra y española, que llevó al archivo en dos ocasiones de la orden de expulsión.

Así lo ha podido confirmar EL FARADIO, en lo que supone un hito importante, pero no definitivo al 100%, en el proceso administrativo al que se ha ido enfrentando Samuel estos años.

La tutela administrativa del Gobierno de Cantabria era requisito previo e indispensable para que Samuel pudiera pedir al Gobierno de España el permiso de residencia.

Pero sigue pendiente de que los efectos del permiso de residencia concedido ahora a Samuel se retrotraigan a la fecha en que fue puesto a disposición del Servicio de Menores del Gobierno de Cantabria, en el mes de abril del año 2015.

Un asunto que no es baladí, porque el permiso de residencia que ahora se le concede caduca en un año. En ese momento, Samuel ya será mayor de edad y sólo podrá renovar los papeles si tiene un trabajo. Pero si hubieran transcurrido dos años como menor en España se le habrían generado una serie de prestaciones y servicios que sin ese reconocimiento se le estarían negando.

FISCALÍA E ICASS RECTIFICAN

Para llegar a este punto ha habido una serie de actos administrativos de rectificación de la postura que habían mantenido tanto la Fiscalía de Menores como el Instituto Cántabro de los Servicios Sociales (ICASS).

Primero, la Abogada del Estado (Delegación del Gobierno) se allanó a la petición de Samuel de archivo de la orden de expulsión, tramitada por segunda vez (ya había sido archivada una orden idéntica en 2016) por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, con base en la resolución de la Fiscalía de Menores que indicaba que Samuel tenía «18 años o más».

La resolución se apoyó en una prueba de determinación de la edad que solicitó el ICASS y que era innecesaria (el MENA estaba documentado), como indica el derecho internacional que está incorporado a las leyes europeas y españolas.

Era la segunda vez que la Fiscalía de Menores se pronunciaba en el mismo sentido, porque el ICASS, a pesar de que se había archivado la primera orden de expulsión, volvió a pedir pruebas de edad complementarias que estaban del todo injustificadas: Samuel, desde el primer momento de su llegada a Santander, había acreditado con documentación que era menor de edad. Primero con una partida de nacimiento y después con el pasaporte que expidió la Embajada de Camerún en Madrid.

Como también contó EL FARADIO, el ICASS ocultó a la Fiscalía de Menores la partida de nacimiento de Samuel cuando por primera vez pidió una prueba de determinación de la edad. Aquel documento, del que tuvo conocimiento desde el primer momento, reflejaba que el menor camerunés nació en junio de 1999, por lo que tenía 15 años al llegar a Santander.

LA HISTORIA DE SAMUEL

Antes de ser un MENA (Menor Extranjero No Acompañado) Samuel es un emigrante subsahariano. Junto a unos amigos emprendió el viaje desde Duala (Camerún), que les llevaría a atravesar Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, en busca de oportunidades y sueños en Europa.

Samuel lo pudo hacer con el apoyo económico de su tía, su familiar más cercano desde que perdió a su padre y a su madre, hace muchos años.

En el camino se enfrentó a todo tipo de riesgos, incluido un intento frustrado de salto de la valla de Melilla. Sus compañeros de viaje pudieron pasar esa frontera. Algunos están en Francia y otro llegó a Barcelona. Pero él no pudo burlar a la policía de Marruecos y terminó aquella tentativa molido a palos, según su propio relato a EL FARADIO, en el que se señala una importante cicatriz en el cráneo que certifica la dureza de los golpes recibidos.

En la conversación, que mantiene con un buen nivel de castellano, recuerda con angustia el naufragio en el Estrecho de Gibraltar, que salvó gracias al avistamiento de la patera en la que navegaban a la deriva por parte de un ferry con destino al Puerto de Málaga que escuchó el sonido desesperado de un silbato. Aquella madrugada de invierno en el Mediterráneo se salvaron milagrosamente decenas de vidas.

En adelante, fue acogido por una ONG en Algeciras, que pronto le compraría un billete al destino que eligiera. Y ese lugar fue la estación de autobuses de Santander, donde Samuel tenía un contacto. Sin embargo, pronto comprobó que no había sitio para él en el piso de su colega y entró en contacto con personal de Cáritas, que se hizo cargo hasta derivar su caso, como correspondía, a la Policía Nacional y de forma provisional al Centro de Menores El Acebo, que depende del ICASS del Gobierno de Cantabria.

INTENSO DEBATE SOCIAL Y POLÍTICO

Cuando trascendió la historia de Samuel, los movimientos sociales se volcaron en la denuncia del trato que estaba recibiendo de las administraciones, hasta el punto de que Pasaje Seguro llegó a tachar la actitud de «racismo institucional» y lanzó una petición en change.org que alcanzó las 100.000 firmas.

El Gobierno de Cantabria y el ICASS respondieron con un ‘no comment’ a preguntas de EL FARADIO sobre la situación del MENA, y posteriormente rechazaron los hechos denunciados. Según su versión, ni la Fiscalía ni el Ejecutivo regional habían reactivado la expulsión de Samuel y el procedimiento era correcto.

En una reunión con Pasaje Seguro, el ICASS admitió que Samuel no tuvo intérprete ni asistencia legal, con lo que también se habían conculcado sus derechos, y propuso un nuevo protocolo de atención a MENAS que puso sobre la mesa del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

La Asociación Raíces advirtió que lo que estaba pasando con Samuel no era un caso aislado y que estaba pasando en todas las comunidades autónomas, y otras asociaciones y profesionales, como la empresaria Lucía Zamora que había trabajado con casos similares en Cantabria Acoge, denunciaron la «aberración» de las pruebas de edad.

Desde la oposición política, Podemos reveló que había más menores extranjeros no acompañados en la misma situación en Cantabria y pidió las dimisiones en el ICASS, de la directora, Felisa Lois, y de la subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia, Vanesa Solórzano.

En un debate muy acalorado en el Parlamento, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, acusó a todos de mentir, atacando también a los medios de comunicación que publicaban «falsedades», en su opinión, como manifestó en Twitter tras aquella sesión parlamentaria, con un mensaje con el que lamentaba que «no todo vale en política«.