José Ramón Blanco, diputado de Podemos

El diputado de Podemos en el Parlamento de Cantabria, José Ramón Blanco, ha valorado la concesión del permiso de residencia al menor camerunés Samuel (nombre ficticio), como una «nueva victoria de la sociedad civil, que se ha organizado y al final ha hecho ceder a las autoridades en algo que era de sentido común».

En declaraciones al programa de radio EL FARADIO DE LA MAÑANA (Arco FM 103.2 de lunes a viernes de 8 a 10 a.m.) ha manifestado la satisfacción del partido morado: “Nos alegramos de que a este muchacho por fin le reconozcan lo que le correspondía por Ley».

«Es una buena noticia», ha aseverado Blanco, al tiempo que ha instado a «que se le reconozca todo de manera retroactiva, puesto que fue en 2015 cuando le tenían que haber dado los derechos y hoy en día tendría todo encarrilado para ser un ciudadano español».

Samuel ha obtenido su permiso de residencia la semana pasada, después de que la Fiscalía de Menores y el Gobierno de Cantabria hayan rectificado su postura en sendas resoluciones, pero todavía está pendiente que se le conceda con efectos retroactivos a la fecha (abril de 2015) en que pasó a disposición de los servicios de menores de la comunidad autónoma, que depende del Instituto Cántabro de los Servicios Sociales (área gestionada por el PSOE).

Es un asunto relevante porque, como ha explicado Blanco «ahora, dentro de un año, – Samuel- puede volver a tener problemas».

En este sentido el diputado de Podemos ha exigido «soluciones» porque, en su opinión, sería una «auténtica vergüenza» que «siga sufriendo por una administración que no ha querido reconocer un derecho que tienen los menores», después de «todo lo que ha sufrido desde que llegó a España».

SOBRE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Precisamente esta semana, el miércoles 19 de abril a las 19.30 horas, se inaugura en la librería La Vorágine Cultura Crítica la exposición «Niños de la calle, un mundo desconsolado», del fotoperiodista Antonio Ruiz.

Las fotogradías abordan el sistema de protección de menores de la Ciudad Autónoma de Melilla, que «ni es una referencia, ni tiene credibilidad alguna entre los menores no acompañados que acceden a España a través de dicha ciudad».

Imágenes que cuentan que «decenas de niños se ven abocados a vivir en las calles, exponiéndose a abusos, vejaciones o tramas delictivas, víctimas de una sociedad capitalista y racista que atentan contra ellos».

Las historias de niños que arriesgan sus vidas haciendo lo que ellos denominan “risky”, es decir, «intentar colarse de polizones en un barco que los lleve a la península, poder ir al colegio, conseguir documentación para ir creando una vida y un sueño lleno de libertad, como cualquiera de nosotros».

El fotógrafo recuerda que «son niños que huyen del hambre además de otras situaciones de vulnerabilidad», y reivindica que el Gobierno de España «tiene la obligación de garantizar su seguridad, su cuidado, su educación e integración», tal y como establece la propia legislación española.

Frente a esto, un 95% de estos niños manifiestan que no quieren estar en los centros de menores de Melilla por la violencia que reciben: «Palizas, aislamiento, intimidación, humillación… Diferentes tipos de torturas a los que se exponen si son expulsados en la frontera», denuncia el fotógrafo.

Además, plantea que «se proyecta sobre la población la falsa idea de que estos niños son culpables de la inseguridad ciudadana» cuando «sólo un 10% de los índices de criminalidad pueden tener este origen».

Las fotografías de esta muetra intentan «dignificar» a estos menores, así como «anular el lenguaje tóxico que se utiliza contra ellos y dar rostro a unos pequeños seres humanos con vidas muy duras».

Niños que «ríen, lloran, juegan y anhelan una vida plena y en libertad». Porque como destaca Antonio Ruiz «las infancias nunca duran, pero todo el mundo se merece una».