Fue una de las principales apuestas que vendió Revilla cuando regresó a la Presidencia del Gobierno de Cantabria: sus contactos televisivos estatales le permitirían abrir el Ejecutivo a perfiles independientes, profesionales y alejados de los intereses partidistas.

Parte de ellos estarían en la oficina anticorrupción, un organismo cuya creación anunció él, sin que nadie se lo exigiera.

Y sorprendió con el fichaje como consejero de Industria, Turismo y Comercio de Francisco Martín, sin militancia de partido y que en su anterior Gobierno fue propuesto por el PSOE como consejero de Medio Ambiente. Sorprendió el cambio en el partido que proponía, y el perfil técnico que vendieron, más aún en un área (Turismo) que en otras legislaturas estuvo comandada por alguien tan político como Javier López Marcano, vicesecretario del PRC.

Revilla con Bertín

Pero de la Oficina Anticorrupción nunca se supo, con el argumento de que en Cantabria no había grandes casos (la Fiscalía acaba de pedir prórroga para la investigación de los cursos de formación que escudriña la UDEF), en una situación que no parecía haber cambiado en exceso (si acaso, a peor), desde que el propio Revilla hizo el anuncio.

El caso es que en el Gobierno de Cantabria ya había gente para fiscalizar la gestión del propio Ejecutivo.

Se llama Interventor, es funcionario de alta gama, y aunque el actual fue nombrado por el PP como jefe, lo cierto es que el PRC-PSOE debió fiarse de él, pues le mantuvo y mantiene.

No sabemos lo que hubiera pasado con una Oficina anticorrupción que afeara prácticas del Gobierno, pero lo cierto es que no parecen muy propensos en el bipartito en minoría a dejarse criticar: al Interventor le llovieron críticas por su Informe de SODERCAN crítico con su gestión y que lo cierto es que era un informe antiguo que debían conocer, por lo que más bien parece que lo que molestó fue que se supiera su contenido. También es cierto que ese interventor nombrado por el PP ha identificado irregularidades en MARE, durante la gestión de Ignacio Diego.

Pero acusaron de partidismo a un funcionario nombrado por ellos mismos como jefe y cuyos informes han aireado con entusiasmo cuando han sido críticos con el PP, caso de MARE.

Y luego llegó la dimisión del responsable de la empresa pública del Año Lebaniego, procedente del mundo profesional, sin adscripción al partido y con un elevado umbral ético –que se ha tratado de esconder con innecesarias alusiones a que “le pudo la presión”, como llegó a decir el presidente Revilla-.

Fue días antes del comienzo de los fastos del que debía ser un gran evento turístico para Cantabria, y sin llegar a firmar el contrato para los materiales promocionales, que a las pulseras y etc incorporaba en los pliegos como criterio el tener un producto alimentario y una red de distribución.

Sólo una empresa se presenta, la cadena La Gallofa en la que no hace tanto trabajaba como jefa de Recursos Humanos la que fuera jefa de Recursos Humanos de la empresa pública CANTUR en la era del rehabilitado (sic) Marcano. En Cantabria las puertas giratorias no son eléctricas, pasan por un horno. Vuelta y vuelta.

Su sucesor, elogiado por quienes le conocen y respetan por su capacidad profesional en sectores como el editorial y hostelero, no deja de esconder un valor seguro, el de la militancia: es responsable del partido en la zona de Liébana y miembro de ADIC. La moraleja es clara: hay que asegurarse de tener la casa no limpia, impoluta, antes de dar el paso a recibir visitas. Y en Cantabria nos queda aún un largo peregrinaje para expiar este pecado original de la comunidad autónoma.