Este miércoles el Gobierno de Cantabria, junto a la asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Cantabria, han presentado el texto del primer borrador de la ley que buscará la igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Cantabria.

Esta ley, considerada por la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos como “un logro muy importante para Cantabria”, busca “promover una sociedad tolerante con la diversidad, erradicar la discriminación por orientación sexual y proteger a las víctimas”.

La pasada semana se celebró la Jornada de la reivindicación lésbica.

La ley a lo largo de sus 64 artículos recoge el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de estas personas, y las políticas públicas que se llevarán a cabo para garantizar este derecho en el ámbito educativo, sanitario, social, laboral, en la cultura, el ocio, el turismo, el deporte, los medios de comunicación, en justicia, interior y en la asistencia a víctimas.

Además, recoge los mecanismos para garantizar el derecho a la igualdad de las personas LGTBI, como es el derecho de admisión y el derecho a la protección y atención, y un régimen sancionador.

DERECHOS DE LOS MENORES TRANSEXUALES

La ley tiene una incidencia especial en el derecho de los menores transexuales a expresar y desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual.

Para ello, en los centros docentes se garantizará que el profesorado y personal del centro se dirija al menor transexual por el nombre elegido y la identidad elegida por éste en todas las actividades docentes y extraescolares en el centro, incluyendo los exámenes, y se respetará su imagen física y la libre elección de su indumentaria, incluido el  uniforme que elija.

La confidencialidad de sus datos y la adecuación de la documentación administrativa a su identidad elegida, así como el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios son otras de las medidas que expresamente recoge la ley.

Además, el Gobierno no suscribirá conciertos, ni subvencionará o dará ayudas públicas a aquellos centros que discriminen al alumnado por razón de identidad y orientación sexual o por expresión de género.

En materia sanitaria, los menores transexuales tienen derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad en el sexo deseado. Según el anteproyecto de ley, la negativa de los progenitores a autorizar estos tratamientos, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial en aquellos casos en los que, por causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor o ser contraria al mayor beneficio para su vida o salud.

Por otra parte, se consideran situaciones de riesgo de desprotección o de desprotección infantil la no aceptación, por parte de los progenitores de la orientación sexual o la identidad de género y siempre que esta circunstancia haya provocado o pueda llegar a provocar un daño significativo en su bienestar y desarrollo.

ALEGA PIDE UNA LEY NACIONAL

En el caso de las personas transexuales adultas, la ley recoge el derecho a ser identificadas y ser tratadas conforme a su identidad de género libremente determinada, a que la documentación administrativa sea acorde a su identidad deseada, y a elaborar un protocolo de atención integral para las personas transexuales.

La norma también establece que se evitará siempre que sea posible la intervención médica inmediata, quirúrgica u hormonal, y se velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebés recién nacidos de los que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida, con la excepción de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la persona recién nacida.

A estas medidas se suman otras en atención social, en el ámbito laboral, así como en la cultura, el ocio, el turismo, el deporte y los medios de comunicación.

La secretaria de ALEGA; Kiara Brambilla, ha incidido en la necesidad de que este derecho se regule por ley a nivel nacional, y ha llamado a los partidos políticos de la Comunidad Autónoma a que los apoyos que muestran durante las campañas electorales “se traduzcan en un apoyo sin condiciones a esta ley, en un apoyo total”.

“Nos gustaría que no hubiera una ley diferente en cada Comunidad Autónoma, donde según el territorio tengas unos derechos u otros pero tristemente el Gobierno central aún no se ha puesto a trabajar en este tema”, ha afirmado adelantando  que mañana se registrará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley en el que la federación estatal ha trabajado con la diferentes fuerzas políticas.

FRENAR LAS AGRESIONES

ALEGA, la asociación que defiende al colectivo de LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) en Cantabria, confía en que la nueva Ley de Igualdad que acaba de presentar el Gobierno autonómico sirva para combatir las agresiones que vienen sufriendo.

Así se manifestaba en declaraciones a EL FARADIO el nuevo presidente de ALEGA, Alberto Calera. Y es que, solo en Cantabria hay dos casos de agresiones a parejas homosexuales pendientes de resolución judicial; en la Comunidad de Madrid se produjeron el año pasado 236 agresiones.

Uno de los casos en Cantabria es el de Jaime, que el pasado año sufrió una agresión homófoba cuando era menor de edad, a la salida de un concierto, donde le agredieron entre insultos por besarse con su novio.

Recientemente ha realizado un vídeo en el que anima a los agredidos a denunciar; lo que a él le costó tanto hacer que tardó días y entonces resultó muy difícil localizar a los agresores.

El otro caso que queda pendiente es la decisión de la Audiencia Provincial de Cantabria, que el pasado mes de junio corrigió al juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega, al considerar que la agresión a una pareja gay en octubre de 2015 sí debe considerarse delito de odio.

Una pareja de hombres fue atacada a la salida de una discoteca de Torrelavega entre insultos a su orientación sexual, llamándoles “maricas”. Sin embargo, el juez que llevaba el caso en la fase de instrucción previa a determinar si hay o no juicio prefirió calificarlo como un delito leve, interpretando que los insultos no pretendían menoscabar la “dignidad” de la pareja. El fiscal presentó un recurso que atendió la Audiencia de Cantabria.