Demasiada gente para que sea una conspiración: la gestión de Salvador Blanco al frente de la empresa pública SODERCAN ya había cosechado críticas de los tribunales –haciendo hincapié en la crisis de GFB–, por el Tribunal de Cuentas y por el Interventor General de Cantabria, un alto funcionario ratificado en su puesto por el propio Gobierno que nombró a Blanco.

Salvador Blanco declarando ante el juez

Todo ese cúmulo de reproches generó críticas políticas, como la del secretario general de Podemos en Cantabria, Julio Revuelta, quien –como muchas otras voces– cuestionó a Blanco, en este caso en el programa La Ventana de la Cadena Ser en unas declaraciones por las que Blanco le denunció y cuya legalidad ha ratificado por el juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander.

El Ministerio Fiscal, es decir, la parte pública en todo proceso judicial, no lo vio claro en la vista pública –en la que Salvador Blanco quiso impedir la entrada de los medios de comunicación, circunstancia que la experiencia en información de tribunales nos dice que se reserva para casos graves de abusos o que involucren a menores—y en la que se quejó también de la convocatoria de una concentración de apoyo a Revuelta a la entrada del complejo judicial de Salesas.

El juzgado considera que hablar de irregularidades, mala gestión y posibles corrupciones en relación a Salvador Blanco no excede de la libertad de expresión en el marco de la crítica política.

CRITICAS MAYORITARIAS A SU GESTIÓN

Y aunque Blanco se presentó durante el juicio como un funcionario público, la sentencia incide en que también admitió durante la vista que su designación al frente de SODERCAN fue directa, como cargo de confianza política –en sus dos etapas, dependiendo de dirigentes socialistas–.

La resolución judicial también señala que las críticas a Blanco fueron en su condición de gestor público, sin referencias personales –la demanda la hizo a título personal—.

Pero el juez considera que las críticas a su gestión eran en ese momento “una cuestión de viva actualidad política” –llegó a ser reprobado por la mayoría parlamentaria en varias ocasiones- como prueban “múltiples y reiteradas” informaciones consultadas.

En este sentido, añade que un sector mayoritario de la opinión pública estaba “absolutamente convencido” de las críticas a su gestión sin que este estado fuera “inducido” de forma “artificial” por este partido.

De hecho, en la sentencia se afirma que las críticas no provinieron exclusivamente del Podemos: la mayoría en el Parlamento –con más partidos que los morados– votó su reprobación y las críticas llegaron de formaciones como Ciudadanos.

APOYADAS EN EL INFORME DE INTERVENCIÓN

El juez dice textualmente que Revuelta “se limitó a reproducir la línea política de su partido basándose en el informe de auditoría” sobre SODERCAN, “muy crítico” con su gestión.

Y también sostiene que pese a que las sentencias sobre GFB no le condenaron, sí que fueron “extraordinariamente críticas” con su gestión, “plagada de irregularidades”, tal y como aseveró el secretario general de Podemos.

La propia denuncia se fundamentaba en premisas falsas, al sostener que Revuelta le había achacado que robara, algo que el líder de Podemos no dijo en esa tertulia sobre Blanco y a lo que el juez se refiere expresamente, negando el uso de esta palabra asociada a Blanco y reiterando que habló de una gestión “irregular y perjudicial”.

“Calificar la gestión del demandante como afectada por irregularidades y corrupciones, son opiniones y expresiones perfectamente lógicas y razonables, y que no exceden del ejercicio de un derecho de crítica por lo demás fundamentado y explicado”, dice la sentencia, que detalla que en este caso las críticas se apoyaban en el informe de Intervención, que repasa prácticas como contratos fraccionados para evitar el concurso, empresas que conocían de antemano la existencia de concursos públicos o contratos dados por trabajos que no constan. entre otras.

Por tanto, se absuelve a Julio Revuelta de las acusaciones de Salvador Blanco, quien tendrá que pagar las costas y que había cuantificado el perjuicio a su honor en un euro.