El Gobierno de Cantabria no actuó de forma correcta al retirarle la protección a Samuel, un menor camerunés que había llegado solo a España, encargando para ello una prueba de edad que no sólo es poco fiable por inexacta sino que es innecesaria cuando se tiene su propia documentación, como era este caso.

Lo ha dicho la Justicia, dando la razón a Samuel (nombre ficticio) en una sentencia que su abogada, Eugenia Gómez de Diego, espera que sirva para que el Gobierno de Cantabria revise los protocolos de actuación ante los menores (sobre la mesa está una propuesta concreta del colectivo Pasaje Seguro en esa línea).

Samuel

Así lo aseguraba la letrada santanderina en declaraciones a EL FARADIO de ARCO FM (103.2 FM), donde recordaba la “sorpresa” e “incredulidad” que sintieron al ver como a Samuel se le negó, por dos veces, la tutela con el argumento de la edad pese a que en su documentación constaba como menor.

En cualquier caso, lo importante para Gómez de Diego es la necesidad de un cambio en las políticas de protección a los menores extranjeros no acompañados (denominados administrativamente MENAs), un asunto al que se enfrentan muchos abogados en todo el país.

La abogada confía en que a la vista de esta sentencia el Gobierno de Cantabria, y en concreto el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) pueda modificar sus protocolos de actuación con menores extranjeros para darles una protección “que no se está dando”, en contra del criterio general para la atención a menores, marcado por el Tribunal Supremo, de que “ante la duda, se protege”.

El colectivo Pasaje Seguro Cantabria ha alertado en varias ocasiones de que puede haber más casos como el de Samuel, y de hecho le ha trasladado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla –a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Blanco- una propuesta de protocolo de atención a menores extranjeros, con el asesoramiento de la Fundación Raíces, que atiende estos casos en toda España.