Pasaje Seguro celebra la victoria judicial de Samuel, el menor camerunés al que el Gobierno de Cantabria derivó a unas pruebas de edad que precipitaron su desprotección y expulsión, pese a los reiterados avisos de que eran inexactas e innecesarias por disponer ya de documentación que acaba de confirmar la justicia.

Pero, sobre todo, este movimiento de apoyo a refugiados y migrantes quiere evitar más casos de lo que es una práctica generalizada.

Activistas de Pasaje Seguro cuando solicitaron la entrevista a Revilla

«Queremos alegrarnos, y nos alegramos de hecho, mucho, por ‘Samuel’… pero nos preocupan los “samueles” que siguen llegando, huyendo de la guerra y la miseria… por no hablar de los que quedan en el camino: ahogados, aplastados en los bajos de un camión, asfixiados, explotados por las mafias, abusados…», añaden.

De hecho, a raíz de trascender la historia de Samuel –con un fuerte apoyo social traducido en una masiva firma en Change.org– Pasaje Seguro elaboró, en coordinación con la Fundación Raíces, un protocolo para atender a los menores extranjeros en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Ese protocolo le fue entregado al presidente Revilla, que no les recibió directamente, por mediación de su jefe de Gabinete Guillermo Blanco, hace ya cinco meses, sin que tengan respuesta.

«Esperamos que esta sentencia haga reflexionar al Gobierno y nos llamen para decir qué medidas van a tomar. Visto lo visto, queda probado que se puede estar obrando con un exceso de celo con los niños migrantes que raya el racismo institucional”», aseveran en un comunicado en el que advierten de que “si la Administración no demuestra dar pasos en una dirección distinta, tendremos que conseguir proteger a los niños y niñas a golpe de sentencia» ya que «hay serias sospechas de otros casos de menores abandonados por la administración o indocumentados con lo que, a nuestro juicio, son malas artes».

LOS SERVICIOS SOCIALES DEBEN PROTEGER A LOS MENORES

“Se supone que el papel del ICASS es proteger a los menores, no ‘quitárselos de encima’ como han hecho con Samuel, anteponiendo su condición de migrante al hecho de que es un niño. Sobran víctimas de las fronteras exteriores y el ICASS parece querer poner su granito de arena generando fronteras interiores”, señalan desde Pasaje Seguro.

Samuel

E insisten en que las pruebas de edad «no estaban justificadas», tal y como establece el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Santander, que argumenta en la sentencia que se hicieron de forma indebida por tener ya partida de nacimiento que las contradecía y porque son inexactas.

«¿Son estos “servicios de protección” lo que queremos? ¿Pueden seguir funcionado como si tal cosa cuando los propios juzgados les advierten de que obran mal al practicar pruebas radiológicas —que dejan a niños y niñas en la cuneta— por sistema?», se preguntan.

Pasaje Seguro recuerda además en lo que va de año, 250 menores han muerto ahogados: “Invitamos al Gobierno y a la ciudadanía a reflexionar sobre qué clase de sociedad conformamos si a los supervivientes de un periplo dramático les tratamos así. ¿Pueden imaginar que hicieran eso con sus hijos? ¿Que después de jugarse la vida los trataran como delincuentes y los echaran de los servicios de protección? Es vergonzoso”.

Por ello, invitan a toda la ciudadanía, en especial al colectivo de abogados de oficio, a informarles de los casos que conozcan de maltrato institucional a menores a través de su dirección pasajesegurosantander@gmail.com