Los vecinos afectados por el urbanismo por el anulado Plan General de Santander, comparecerán públicamente en la comisión que, a partir del mes de septiembre, comenzará a trabajar en la Proposición de Ley de modificación de la Ley del Suelo, que se establecerá la regulación de las normas urbanísticas transitorias a aprobar en supuestos de anulación de planes generales de ordenación urbana.

Vecinos del Pilón y Prado San Roque en el Parlamento de Cantabria, en su anterior comparecencia, que se hizo a puerta cerrada.

Esta comisión se llevará a cabo dentro de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, encargada del área de urbanismo. El pasado 4 de junio, el Partido Popular llevó la propuesta al Parlamento de Cantabria para resucitar el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, que ha anulado el Supremo el pasado año.

El PP logró el apoyo del PRC y Ciudadanos, siendo el primer gran choque de los dos partidos del Gobierno, que en ese mismo pleno tampoco concordaron en el asunto que se refiere al nuevo jefe de Policía de Cantabria, indultado tras una condena por torturas.

La regulación de las “normas urbanísticas transitorias” busca aprobar en casos de anulación de Planes Generales de Ordenación Urbana, y que ciertos proyectos, al retroceder la normal al anterior PGOU, no se pierdan.

PODEMOS: ESTE CAMBIO “ES PARA NOSOTROS UNA MUESTRA DE TRANSPARENCIA”

La comparecencia de los vecinos se ha aprobado por unanimidad a petición de Podemos. Su portavoz, Verónica Ordóñez, ha manifestado su satisfacción. “Cuando tuvimos que tramitar la modificación legislativa para incluir el derecho al realojo y retorno en la ley del suelo se pusieron todo tipo de trabas a las comparecencias de los vecinos y vecinas, llevándolo incluso al formato de ponencia para que no fuesen públicas, por lo que este cambio en la manera de tramitar esta nueva modificación legislativa es para nosotros una muestra de transparencia y de que solo peleando las causas estas salen adelante”.

Para recabar la opinión de la ciudadanía cántabra, Podemos ha llamado a comparecer a miembros de la plataforma ‘El Pilón del Alta’, plataforma ‘Antonio Cabezón’, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Bahía, Plataforma en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, Plataforma en Defensa de la Senda Costera, Plataforma ‘Prado San Roque-Río de la Pila, la Asociación de Vecinos de Los Arenales y Asociación de Vecinos de Cueto.

LA ALCALDESA DE SANTANDER Y EDILES DE LA OPOSICIÓN

A estas comparecencias se suman las de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director general de Urbanismo del Gobierno regional, Francisco González Buendía; el concejal de Urbanismo de la capital cántabra, César Díaz y dos ediles de la oposición, Miguel Saro y Antonio Mantecón.

En total son dieciséis personas la que componen el listado de comparecencias solicitadas por el grupo parlamentario Podemos para esta comisión, el cual ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.

IMPROVISACIÓN URBANÍSTICA PARA ALCALDES Y CONSTRUCTORES

En general, el texto consagra la provisionalidad y la discrecionalidad en las normas urbanísticas que impera desde hace décadas en Cantabria, ya que permite anular los planes generales, total o parcialmente, por un plazo de hasta cuatro años, con prórrogas si se vuelven a producir cambios legales.

Mediante estas normas urbanísticas se reducen considerablemente los procesos de participación pública, en los que los ciudadanos podrían presentar alegaciones con sus aportaciones a estas nuevas normas, que se ciñen a un plazo de 20 días.

La aprobación final de estas normas correspondería a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y del Urbanismo, órgano mixto de representación en el que se sentarán los constructores, tal y como pidió la Asociación de Constructores y Promotores en una reclamación aceptada por el Gobierno de Cantabria, que canaliza las competencias en materia de urbanismo a través de la macroconsejería a cuyo frente está la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos.

El PP defiende que esta medida, pensada para actuar sobre el suelo urbano del municipio, se corresponde con legislación estatal y las leyes del suelo de otras comunidades autonómicas, que repasa en su iniciativa parlamentaria.

Por otro lado, para la asociación ecologista ARCA, la reforma es un “atajo” que “eleva lo transitorio a la categoría de definitivo” y que cree que está hecha como “solución” para “inversores y promotores particulares”, por lo que ya avisan de que no descartan llevar a los tribunales las actuaciones que se puedan hacer con esta cobertura.