El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado la persecución sindical que están sufriendo sus miembros en la empresa pública SODERCAN, a cuyo frente está el polémico Salvador Blanco, y que ellos achacan a sus denuncias sobre «nepotismo» en la gestión.

Salvador Blanco

Así, recuerdan que la apertura de un expediente sancionador y la sanción impuesta a un delegado de CC.OO en la empresa pública coincide en el tiempo con las denuncias que han realizado de “nepotismo” en la promoción profesional de la presidenta del Comité de Empresa, militante y miembro de listas del PSOE.

Además, el sindicato señala como «figura relevante» en todo el proceso a un empleado contratado por Salvador Blanco (Miguel Ángel Ibáñez).

Comisiones recuerda sus posicionamientos críticos con medidas impuestas tanto por gobiernos de PP como de PSOE, como el ERE –con el que se despidió a uno de los delegados de CC.OO– que, aseguran, defendieron Ibáñez o el recientemente condenado Jesús de las Cuevas.

«Creemos que en una empresa pública, que tiene que gestionar fondos públicos de todos los ciudadanos, debe ser un ejemplo de transparencia en la gestión de los recursos públicos como en la gestión de personal», señalan, por lo que instan al Gobierno de Cantabria a «exigir a los gestores de Sodercan que normalicen la situación de conflicto permanente con una parte de la representación del personal, que exijan una gestión ejemplar de los recursos humanos, evitando situaciones de discriminación sindical».

UNA GESTIÓN POLÉMICA

La empresa pública SODERCAN lleva siendo polémica desde el comienzo de la legislatura, tras pasar de la Consejería de Industria a la cartera asociada a la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, así como por el informe del Interventor que desvelaba prácticas irregulares en la gestión de Salvador Blanco o la dimisión de uno de sus directivos, Víctor Gijón, responsable de Internacional y ‘fontanero’ del PSOE, al ser condenado por la gestión en su anterior empresa, Grupo Digital.

Esta misma semana se conocía el aviso del Interventor del Gobierno, encargado del control de l Ejecutivo, de que la falta de medios humanos le impide cumplir adecuadamente con sus funciones de fiscalización del sector público, es decir, empresas públicas o fundaciones.