||por MANUEL CORBERA, miembro de LIBRES (la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión  y PASAJE SEGURO||

Tres jóvenes están sentados en un banco de un pequeño parque. Uno de ellos está liando un cigarrillo. Dos policías, celosos de su papel de vigilantes de la seguridad ciudadana y creyendo percibir indicios de delito, se les acercan y les piden la documentación. El joven que está liando el cigarrillo, creyéndose seguro ya que lo que lía no es más que tabaco, les pregunta que por qué, que no están haciendo nada malo. El policía le dice que mejor se calle y le entreguen los DNI. El joven, que siempre fue un poco rebelde y provocador, insiste en que les digan por qué. El policía le pregunta que qué está liando y el joven responde que tabaco, que los cigarrillos empaquetados están muy caros; sus compañeros ríen. El policía lo comprueba: ¡vaya!, el indicio de delito ha resultado erróneo. Pero el policía insiste en que se identifiquen. Finalmente los jóvenes entregan los DNI y los policías toman nota. Al cabo de unos meses el joven rebelde recibe una sanción por falta de respeto y resistencia a la autoridad.

Manifestación

Esta historia es inventada, pero absolutamente verosímil. Hay otras que han sucedido y parecen mucho más absurdas. Quién no recuerda a aquella señora que en una panadería se le ocurrió decir a un policía que allí no se podía aparcar. O el del ciudadano multado en el aeropuerto de El Prat en Barcelona por dirigirse a un policía nacional en catalán. Hace unos días la periodista Cristina Fallarás recibió una multa de 600 euros por discutir con un policía sobre si podía o no permanecer en la calzada, en un carril cortado al tráfico por la propia policía, cuando la concentración que se estaba realizando enfrente de la Embajada de México abarrotaba la acera. Discutir es poner en cuestión la autoridad de la policía.

Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley para la Protección y Seguridad Ciudadana y de la Reforma del Código Penal (las principales leyes mordaza junto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Privada) ya han corrido verdaderos ríos de tinta denunciando el recorte que estas leyes han supuesto a las libertades y derechos fundamentales, sobre todo en lo que hace a la limitación de la libertad de expresión, reunión y manifestación, al derecho a la protesta y a la información.

También en lo que hace a la criminalización de los comportamientos contestatarios, de las manifestaciones de indignación, de los actos de reprobación pública a nuestros políticos y gobernantes.

Ambas leyes, que se complementan, se diseñaron cuidadosamente para enfrentarse a la protesta y a sus nuevas formas; para amedrentar a los activistas sociales mediante sanciones económicas que podían hipotecar su vida, o condenar a prisión por resistencia, supuestas lesiones, convocatorias de manifestaciones prohibidas, o por terrorismo –según la nueva definición que incluye a aquellos que pretenden subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública- (Pandora, Nahuel) o enaltecimiento del mismo en chistes en la red (Cassandra), canciones (Strawberry) o representaciones de titiriteros.

Su aplicación la conocemos de sobra en aquellos casos de activistas que por lo general denuncian sus sanciones, las socializan para que podamos defendernos mejor: “si nos tocan a una nos tocan a todas”.

Pero no hace falta más que una simple ojeada a los datos de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que proporciona el Ministerio del Interior para darnos cuenta de que además de lo que sabemos hay más, mucho más.

Las principales causas de sanción en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, sólo por detrás de la tenencia de drogas para consumo propio, han sido las de falta de respeto y desobediencia a la autoridad, que sólo en 2016 han recaudado más de 10 millones de euros en el conjunto del Estado (aún faltarían los sancionados por la Ertzaintza y Mossos d’Esquadra que no se incluyen en los datos del Ministerio del Interior).

Es evidente que ese alto número de sanciones no corresponde únicamente a las impuestas a activistas, sino a un amplio espectro de la ciudadanía, y aunque sin datos disponibles al respecto me atrevería a apostar a que en su mayor parte son jóvenes.

La ley establece como delito grave (penado con multas de entre 601 y 30.000 euros)
36.6.: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

Y como delito leve (penado con entre 100 y 600 euros) 37.4: Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.

¿Qué tiene que ver esto con la seguridad ciudadana?

Uno de las cuestiones más graves -a mi modo de ver- de la Ley de Seguridad Ciudadana es el poder otorgado a los agentes de policía. Como muchas veces se ha dicho se les ha convertido en juez y parte. Su criterio es el que vale a la hora de interpretar formulaciones tan ambiguas como las que aparecen en los artículos 36.6 y 37.4. Su actuación, por tanto, es discrecional.

Además la ley les concede presunción de veracidad, obligando a los sancionados -en el improbable caso de que inicien una costosa reclamación y renuncien a la reducción por pronto pago- a probar su inocencia, algo que cualquier jurista considera prácticamente imposible. Ser sancionada supone además ser incorporada a un registro policial de infractores (que probablemente vulnere el derecho de privacidad de datos) y en caso de reincidencia la cuantía de la siguiente sanción se eleva dentro de la horquilla contemplada en la ley.

La seguridad es la excusa; la restricción de las libertades, la desactivación de la protesta, la desmovilización de los movimientos organizados para rechazar las políticas austericidas, las privatizaciones de los servicios públicos, la corrupción generalizada, y un largo etcétera, es el objetivo primero de esta batería de leyes mordaza.

Pero hay más. “Si nos callan te callan”, gritábamos en alguna manifestación tratando de avisar a la ciudadanía de que esto no era sólo con nosotras, que lo que defendíamos eran los derechos y libertades de todas. Y así se está dejando notar.

El objetivo último de las leyes mordaza va más allá de la represión de activistas. Lo que persiguen es disciplinar a la ciudadanía, que debe aceptar su empobrecimiento generalizado por necesidades del sistema y por la fuerza de la autoridad.

De ahí la importancia de que en este juego la policía recupere una posición de autoridad indiscutible, del cállate y obedece. Se persigue que la ciudadanía tema a la policía, que -como sucedía durante el franquismo- se dirija a ella con la sumisión y el miedo de quien habla con un agente investido de autoridad absoluta y que puede ejercer su poder de manera discrecional y sin limitaciones. Mejor tenerlos lejos. Los propios cuerpos de policías deberían pensarse si esa es la imagen que desean, pero día a día esa es la que va ganando terreno.

Por cierto, ni en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por el PSOE ni en la del PNV se aborda este asunto.