La Consejería de Obras Públicas y Vivienda estudiará crear una bolsa de pisos de particulares para destinarlo a alquiler social con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusión social, en respuesta a una petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Asimismo, este departamento se ha comprometido a estudiar la propuesta de los agentes sociales para que las entidades financieras faciliten la venta al Gobierno de sus inmuebles vacíos y, de este modo, el Ejecutivo pueda incrementar el parque de viviendas destinado al alquiler social.

El Gobierno recuerda que ya tomó medidas para movilizar las viviendas deshabitadas como, por ejemplo, sancionar a los particulares de los pisos de protección oficial que no los utilizan y ponerlos en alquiler.

Son algunos de los anuncios hechos por el consejero José María Mazón durante la reunión del Observatorio de la Vivienda de Cantabria, en el que se han presentado informes sobre el perfil del usuario entre los que destaca la tendencia a que los afectados por ejecuciones hipotecarias sean jóvenes en riesgo de exclusión social: más de la mitad tienen menos de 40 años.

EL PERFIL DE LOS USUARIOS

Durante el encuentro, técnicos de la Consejería de Obras Públicos han presentado un informe sobre las ejecuciones hipotecarias. Del estudio se extrae que las personas desahuciadas son principalmente personas en riesgo de exclusión social, donde los inmigrantes, las mujeres solteras o divorciadas con hijos a cargos y la población gitana son el grupo más numeroso.

Afectados por desahucios

Se subraya la dificultad de estas personas para entrar en el mercado laboral y, en particular, en sectores como el de las mujeres divorciadas, separadas o solteras con hijos a su cargo y sin red familiar de apoyo.

Según los datos analizados, un 72 por ciento de los demandantes de ayuda de la Oficina de Emergencia Habitacional son españoles frente al 11 por ciento que son extranjeros. Además, entre las familias monoparentales un 63 por ciento son mujeres divorciadas con hijos frente al 31 por ciento de solteras con hijos.

En cuanto a la edad de los demandantes, el consejero ha alertado de su juventud, ya que en un 50 por ciento de las personas que solicitan ayuda son menores de 40 años.

Atendiendo a su situación laboral, se podría decir que la mayoría de los demandantes de la oficina tienen una vida laboral reducida o inexistente. Son pocos los casos de personas que a consecuencia de la crisis económica han perdido su trabajo. La mayoría tienen perfiles de exclusión social con difícil acceso al mercado laboral.

BALANCE DE LA OFICINA

En este sentido, Mazón ha destacado los datos de la Oficina de Emergencia Habitacional que en 2016 atendió 174 casos, de los cuales 82 se encontraban se encontraban en una situación de emergencia que les impedía el acceso a una vivienda digna. En concreto, 45 tenían el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado o finalizado y a 37 se les había abierto el trámite de desahucio de alquiler o era previsible por impago.

Mazón ha señalado que el año pasado se evitaron que 26 familias fueran desahuciadas de sus viviendas, 5 por incumplimiento del pago de la hipoteca y 21 por impago de alquiler, y que se alojó a 22 familias en el parque público de alquiler.

LA VIVIENDA EN CANTABRIA

La Consejería de Obras ha presentado también un estudio sobre el precio de la compraventa y el alquiler de vivienda. Según los últimos datos, los precios más altos para adquirir una vivienda están en Castro Urdiales, a 2.041 euros el metro cuadrado; en Laredo, a 2.015 euros, y en Santander, a 1.956. Sin embargo, los precios más bajos se registraron en Los Corrales, a 1.067 euros el metro, y en Torrelavega, a 1.161.

Con respecto al alquiler, en general se puede destacar que hay menor oferta de viviendas en alquiler y que los precios han subido de forma generalizada. Así, Cantabria se sitúa por detrás de Cataluña, Madrid, el País Vasco, Baleares, Navarra y Canarias.

Los mayores valores de alquiler se encuentran en Santander, a un precio de 8,22 euros el metro cuadrado, y en Castro Urdiales, a 9,45 el metro cuadrado, con excepción de los municipios en el que el alquiler es estacional como es el caso de Laredo que destaca con 12,56 euros el metro cuadrado.

En cuanto a la evolución de la actividad edificatoria, Mazón ha subrayado que la tendencia ha cambiado y mientras que la rehabilitación era tradicionalmente marginal respecto a la obra nueva, desde el 2012 esta se sitúa entre el 50 por ciento o el 60 por ciento de la edificación, frente al 10 por ciento que se encontraba antes de ese año.

La reunión ha contado con la asistencia de representantes de CEOE-CEPYME; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y EAPN Cantabria; los sindicatos UGT y CCOO, así como el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco; el gerente de Gesvican, José Orruela, y técnicos de ambos departamentos, entre otros.