El Gobierno de Cantabria licitó el megacontrato para terminar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) sin informes económicos de la autoridad competente, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, ni de la intervención de la comunidad autónoma, ni de evaluación previa.

Así se desprende del recurso del PSOE a todo el procedimiento al que ha tenido acceso El Faradio: un contrato de 20 años con Ferrovial-Siec, que se compromete a terminar las obras del hospital antes de mayo de 2015 y gestionará más de 40 servicios no sanitarios por un importe de 759 millones de euros, que pagará el Gobierno a la empresa mediante un canon anual.

La ausencia de informes económicos refuerza uno de los principales argumentos del recurso socialista, que defiende que no está justificada la necesidad de acudir a esta fórmula de financiación de las obras del hospital, que se podían haber acometido con recursos propios de la administración.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acaba de desestimar la urgencia de las medidas cautelares solicitadas por el PSOE, aunque ha pedido al Gobierno que presente alegaciones en los próximos 5 días. Entonces resolverá sobre las medidas cautelares y después quedará por ver si el TSJC entra a conocer el fondo del asunto, que es lo que piden los socialistas.

El recurso del PSOE es frente a la resolución del Tribunal Aministrativo Central de Recursos Contractuales (TAC), que no admitió a trámite un primer recurso de los socialistas sobre el Anuncio de Licitación, Pliego de Condiciones y Contenido del contrato de colaboración público-privada para una Actuación Global e Integrada en el HUMV.

ARGUMENTOS PARA LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO

En primer lugar, para la estimación del recurso, el PSOE plantea que fue presentado por el partido y a titulo particular, como ciudadana, de su secretaria general, Eva Díaz Tezanos, toda vez que el juez del TAC inadmitió a trámite el recurso socialista en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo que negaba la legitimidad de los partidos políticos para alegar actos de la administración. En concreto en un recurso contra la amnistía fiscal.

El PSOE de Cantabria presenta un recurso muy ‘a la madrileña’, y apela a un auto del TSJM de 2013, sobre una concesión del servicio público de asistencia sanitaria, que entiende que la actuación afecta al derecho constitucional de acceso a la sanidad universal.

Incluso en el caso de que hiciera falta un interés directo para poder recurrir, el PSOE esgrime que es un partido con capacidad de gobernar y que el megacontrato de Valdecilla limita su actuación y la compromete en los planos «ideológico, económico y decisorio». En resumen, que limita la capacidad política de decisión en materia de Sanidad por cinco legislaturas.

NULIDAD RADICAL DEL CONTRATO

Lo que el PSOE impugna es la licitación del contrato de Valdecilla, pide su «nulidad radical» y lo argumenta en que el procedimiento fue «incorrecto» y «caótico» en las fases de su anuncio y publicación.

En su opinión, se produjo una «transgresión» de los principios de contratación de la Unión Europea, que podría ser sancionable por la Comisión Europea, al no respetar los plazos para acceder a la licitación (pasaron 19 días entre anuncio y plazo para la presentación de ofertas, cuando deben pasar 52), y sin la firma de los servicios jurídicos de Sanidad ni de Presidencia.

Según los socialistas, el procedimiento también supone una «violación» de la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, alegan que sale a información como un contrato de «servicios», cuando debiera haber sido «mixto», y sin un «precio de referencia», que a juicio de los letrados recurrentes genera «sonrojo» desde el punto de vista de la transparencia que exige la Unión Europea.

FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El PSOE centra su recurso en que existían alternativas, y así acentúa que la Ley de Contratos del Sector Público establece que se puede acudir a este procedimiento «sólo cuando previamente se haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permitan la satisfacción de las finalidades públicas».

Así, los socialistas inciden en que no hubo un informe de evaluación previa, que perfectamente podía acreditar el Servicio Cántabro de Salud por la experiencia de los servicios ya externalizados,

Y recuerdan que el Gobierno del PP resolvió de forma «unilateral» el anterior contrato de la obra, cuyo proyecto técnico que estaba en ejecución, de manera que la obra «no es más que finalizar la ya iniciada» – La adjudicataria era una UTE de Ascan y OHL, hubo una controversia por los sobrecostes, y el Ejecutivo argumentó retraso en los plazos para resolver aquel contrato-.

El recurso trata de demostrar que el coste de la finalización de las obras de Valdecilla es de 99 millones de euros (IVA incluido), lo cual, incluidos los intereses de la financiación a 20 años, le supondría a la administración menos de 7 millones de euros por ejercicio (frente a los 40 millones de euros del canon que establece el megacontrato).

DIALOGO COMPETITIVO

Además de considerar «disparatado» el procedimiento de urgencia en un contrato que en muchos puntos es «ambiguo» y «no concreta cómo se va a hacer», o que la formulación legal es «torticera», el recurso apunta que la fórmula del diálogo competitivo no es adecuada.

Así, el recurso recuerda que el diálogo competitivo se permite para «casos especialmente complejos y para aquellos casos en que el órgano de contratación no se encuentre capacitado para definir los medios técnicos aptos para la finalidad pretendida».

En concreto, apela a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que determinó que «una actuación no se convierte en global por sumar varias actuaciones que pueden hacerse por separado».

Con esto, el PSOE pretende desmontar que se trate de un «proyecto de alta complejidad»,  sino que más bien lo ha complicado el Gobierno popular.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), el director gerente de Valdecilla, Cesar Pascual (a la derecha de la imagen) y la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, en una visita reciente a la obras de Valdecilla.