El pleno del Parlamento ha vivido un empate en el primer punto del día de este 25 de septiembre, que ha supuesto que haya caído la moción presentada por el Partido Popular.

Los populares solicitaban que, en el plazo de cinco días, se hicieran públicos todos los gastos de los contratos que se han firmado en relación al patrocinio de las celebraciones del Año Jubilar Lebaniego.

Las cuentas no le han salido en esta ocasión a la oposición.

Contaba con el apoyo de Podemos, Ciudadanos, y el voto de Juan Ramón Carrancio, pero la falta del portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, hizo que sus votos empataran con los del ‘no’ de PRC y PSOE, razón por la cual la moción ha caído.

Pese a ello, el portavoz del PP en la materia de Turismo, Santiago Recio, ha insistido en que todo el asunto del patrocinio “huele muy mal”, porque considera “raro” que un patrocinador quiera ser anónimo, tal y como afirmó el consejero Francisco Martín en el pasado pleno. Sin embargo, considera “peor” que en las cláusulas de confidencialidad “no se aclare la cuantía de los patrocinios”.

Los otros dos partidos de la oposición, Ciudadanos y Podemos, han coincidido en que en la gestión pública “no pueden existir clausulas de confidencialidad”. “Los ciudadanos exigen transparencia”, asegura el portavoz de la formación naranja, Rubén Gómez, que ha instado al Gobierno a que “si una empresa las exige”, contacten con otra. “Su obligación es hacerlo siempre con la mayor de las transparencias”.

El portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha acusado al consejero de Industria y Turismo de “funcionar de manera improvisada, a golpe de ocurrencia y muy chapucera”, y ha puesto a exigir la documentación que habían solicitado, y de la que ha asegurado que les faltan datos. “¿Por qué un consejero puesto a dedo por el presidente puede ver una información y aquellos que representamos al pueblo de Cantabria no podemos?”, se cuestionó el diputado que ha añadido que cuanta más transparencia es «más difícil» es que exista corrupción

PODEMOS ANUNCIA QUE ESTÁN DISPUESTOS A ACUDIR A LOS TRIBUNALES

El reloj que marcaba la cuenta atrás para el Año Jubilar Lebaniego.

De hecho, el diputado de Podemos ha anunciado esta tarde que demandará al Gobierno de Cantabria si este continua negando información a su grupo parlamentario, vulnerando el Artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, que hace referencia a la facultad que todo parlamentario cántabro tiene de recabar todos aquellos documentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que le sean necesarios para poder cumplir sus funciones parlamentarias.

Blanco ha explicado que “lo que nuestro grupo ha detectado es muy poca claridad, cláusulas de confidencialidad en contratos o, lo que nos parece más grave, movimientos contables sometidos a confidencialidad, todos de la empresa CIE Cantabria International Events”.

Desde Podemos se ha solicitado de nuevo al Gobierno de Cantabria, en especial a la consejería que dirige Martín, “más transparencia y menos opacidad para así evitar prácticas corruptas” y han vuelto a recordar al Ejecutivo a qué esperan para tramitar la Ley de Transparencia, impulsada hace dos años por la formación morada.

EL GOBIERNO: “EL PP NO ES CAPAZ DE ASUMIR QUE EL AÑO JUBILAR HA SIDO UN TREMENDO ÉXITO”

En una posición intermedia, aunque también ha apoyado la propuesta popular, el ex diputado de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha templado las aguas asegurando que “es prematuro pedir el cese del consejero porque queda más de la mitad del año santo” y aún es pronto para aclarar el éxito o no del evento. Sin embargo, sí ha reconocido que le preocupan “ciertas afirmaciones del consejero”.

Desde los partidos del Gobierno insisten en que todo este revuelo procede de motivos políticos de la oposición, y no del éxito del Año Jubilar.

“Toda esta cuestión gira entorno a que el PP no es capaz de asumir que el Año Jubilar ha sido un tremendo éxito”, ha asegurado el portavoz socialista, Victor Casal, que cree que “el problema no está en los resultados del evento, sino en quien lo ha organizado”.

Casal también ha negado opacidad, ya que insiste en que la ley de transparencia no incluía clausulas de confidencialidad, así como también ha insistido en que Martín contestó a las preguntas del pasado pleno, donde reconoció que CANTUR destinará dinero público a ayudar a la Sociedad del Año Jubilar.

Desde el PRC, Ana Obregón Abascal ha insistido en que “los datos son tozudos” y éstos reflejan que “Cantabria está experimentando una gran mejora”. “Es usted muy negativo y se está precipitando demasiado en hacer balance”, le ha recriminado a Recio, al que ha acusado de presentar una moción “totalmente ilegal” puesto que se «recortan los plazos» establecidos en el reglamento de la Cámara para la entrega de documentación. Asímismo, le ha recordado a Podemos que sus solicitudes de documentación aún están “en plazo” para cumplirse.

NO HABRÁ RENTA SOCIAL PARA LOS JÓVENES QUE HAYAN ESTADO SOMETIDOS A TUTELA

Durante la celebración del pleno también se ha rechazado una moción de Podemos para instar al Gobierno regional a reconocer el derecho a la percepción de la Renta Social Básica para los jóvenes a partir de los 18 años que hayan estado sometidos a tutela o a cualquier otra medida de protección.

Además, Podemos quería que el Gobierno realizase convenios de colaboración, siempre que se solicitase a través de informes sociales, para garantizar las necesidades básicas de estos jóvenes y apoyarles en su proceso de inserción en la sociedad, a fin de que continuasen dándoles un recurso residencial que garantizase la cobertura de sus necesidades básicas y dentro de un plan individualizado con objetivos orientados a conseguir una vida independiente y su plena integración social.

La diputada de Podemos, Verónica Ordoñez, ha asegurado que los jóvenes tutelados, al cumplir los 18, “deben salir al mundo sin el apoyo de una familia y en un contexto de crisis económica con unos datos de empleo juvenil profundamente dramáticos, sin un entorno familiar que les proteja”; lo que les aboca a la precariedad.

Los tres grandes partidos, PP, PSOE y PRC han rechazado esta propuesta. Desde el Gobierno aseguran que «ya hay muchas garantías» para estos jóvenes y, desde el PP, coinciden en el diagnóstico pero aseguran que en lo que no están de acuerdo es en el tratamiento propuesto por Podemos.

«La solución no es darles una Renta Social Básica y que se busquen la vida, sino ayudarles, acompañarles y guiarles en sus años de estudios y durante sus primeras experiencias laborales», ha asegurado la diputado Isabel Urrutia. «Seguir haciendo lo que haría un padre de familia con su hijo cuando cumple su mayoría de edad. No darles la paga y olvidarse de ellos», ha añadido.

Desde Ciudadanos han preferido abstenerse «a la espera de la ley que presentaron el otro día», y que se refiere a la legislación que anunció Podemos para ampliar en derechos de la renta social, en atención con su acuerdo de investidura con el PRC y que cree que no se ha cumplido.

EL PARLAMENTO APOYA AL ESTADO PARA IMPEDIR EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA

En lo que no ha abstiene Ciudadanos es en su postura sobre la situación política en Cataluña, que ha convertido en una de sus principales políticas.

Durante el pleno, han presentado una moción, apoyada por PP y PRC, y rechazada por PSOE y Podemos, en la que se ha acordado manifestar el apoyo del Parlamento al Gobierno de España y a las instituciones del Estado para tratar de impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

El referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, ocupa durante estos días una gran parte de las informaciones periodísticas y también ha provocado la movilización de policías de toda España a Cataluña.

De hecho, este fin de semana ha supuesto muchas críticas esa movilización en lugares como Zaragoza, donde Podemos ha denunciado que había «escasez» de efectivos para proteger a los asistentes a su asamblea, y que trataron de boicotear varios centenares manifestantes, entre los que destacaban portadores de banderas franquistas. De hecho, en ese acto fue agredida con un botellazo la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, y cuya agresión ha condenado el Parlamento de Cantabria.