El expediente administrativo abierto por el Ayuntamiento de Santander después del derrumbe parcial del edificio de Sol 57 el pasado mes de julio se está revelando clave para que se produzcan procedimientos judiciales en los que se concreten las responsabilidades por el colapso del inmueble, después de una tramitación marcada por el contraste entre la agilidad de la concesión de las licencias y el retraso en las respuestas a las peticiones de los vecinos.

Es a ese expediente, una especie de investigación interna que puede desembocar en multas a las empresas, a cuyo desarrollo miran con atención tanto los propietarios de la Comunidad de Vecinos como el dueño del local Masters, en cuyo interior el inquilino (Dos Imanes Producciones) realizó los trabajos sin licencia adecuada que se señalan como causa del derrumbe.

Hoy se conocía que una de estas partes, los dueños del Masters, renuncia a personarse en la causa abierta en uno de los juzgados, lo que supone el archivo de esa cause.. Pero eso no significa ni que se haya cerrado la vía judicial ni que no existan indicios de delito. El propio auto conocido hoy apunta esa posibilidad: «Tal conducta podría constituir delito de daños por imprudencia grave”.

El auto habla de indicios de delito

LOS PROPIETARIOS DEL MASTERS

El juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha anunciado el archivo de la causa que llevaban ellos (existe una segunda causa, la que se presentó tras una denuncia de Ganemos/Tatiana Yáñez) y que tramita el 5.

El día del derrumbe

Desde el despacho que los representa, García de Enterría –un nombre con mucho reconocimiento y prestigio en el mundo del derecho urbanístico– explican a EL FARADIO que se retiran de esta parte del proceso al no apreciar indicios de delito por la vía penal, y añaden que sí denunciaron en un primer momento fue de forma preventiva, cautelar.

Pero eso no quiere decir que cierren la vía judicial, ya que aunque no haya responsabilidades penales sí que puede haberlas administrativas o civiles.

En cualquier caso, para tomar esa decisión se puede esperar a que se cierre el expediente administrativo abierto por el Ayuntamiento, en el que saldrán tanto posibles sanciones como información sobre el procedimiento que permita determinar más la petición de exigencias.

Según explica la resolución, notificada recientemente, los denunciantes –propietarios de una de las viviendas- han renunciado a la acción penal, por lo que no cabe continuar con la causa.

Sin embargo, dado que el Código Penal exige denuncia del agraviado y teniendo en cuenta que los denunciantes han renunciado procede el archivo provisional de la causa.

Este auto de sobreseimiento de Instrucción nº 3 no es firme y contra el mismo cabe recurso de reforma.

Hay otra derivada: fue a este Juzgado al que se derivó la investigación inicialmente abierta ante la Fiscalía a raíz de la petición de Santander Sí Puede y que decayó porque se encomendó a este juzgado al presentarse la denuncia por parte de los propietarios.

Y Fiscalía y juzgados no pueden investigar lo mismo a la vez, así que al iniciarse una causa, desapareció la otra.

La Fiscalía es el Ministerio Público, y hubiera podido investigar por sí misma.

NO ESTÁN CERRADAS LAS VÍAS JUDICIALES

-NO ES LA ÚNICA CAUSA

El archivo de esta causa no quiere decir ni que se haya cerrado la vía judicial ni que no se aprecien indicios de delito:

No sólo porque el auto hable de que sí existen indicios de un delito de daños por imprudencia, sino porque esta es sólo una de las dos causas.

Existe una segunda causa, la que se abrió tras una denuncia de la concejala Tatiana Yáñez (Ganemos). Si ella opta por personarse, la causa seguirá adelante. Si no lo hace, sucederá como con la de los dueños del Máster y se archivará.

-Y QUEDA LA COMUNIDAD DE LOS VECINOS

En cualquier caso, sigue pendiente de que se sustancie la participación del resto de los vecinos afectados por el derrumbe.

Ellos están también de momento pendientes del expediente administrativo abierto por el Ayuntamiento (el que no abrió inicialmente pese a constatar que la empresa había incumplido la licencia que se le había dado).

De hecho, ellos mismos podrían ejercer sus propias acciones judiciales, bien en su propia causa o bien en la que queda abierta, la de Ganemos.

Y para ello tienen un plazo legal de hasta cinco años (después prescribiría), algo a lo que no han renunciado.

La tramitación judicial podría afectar al expediente administrativo abierto por el Consistorio, del que podrían salir sanciones y multas, de modo que la prioridad es que este se cierre, una vez que ya han presentado alegaciones las empresas implicadas.

-Sin olvidar que, aunque haya desaparecido la petición de la Fiscalía, la figura de la acusación popular permitiría a Santander Sí Puede continuar con la búsqueda de responsabilidades judiciales.

CONTEXTO: UN DERRUMBE A LA VISTA DE TODOS

El derrumbe se produjo el pasado mes de julio. No hubo heridos debido a que estaba desalojado, pues los propios vecinos habían advertido días  antes de la existencia de grietas que achacaban, en base a un informe de su arquitecto, a las obras de reforma en el local de abajo, el antiguo Masters. Pese a esos avisos, el desalojo no se produjo hasta horas antes del derrumbe.

Las obras las promovía Dos Imanes Producciones, empresa cuyos socios son Guillermo Vega, hostelero y promotor de espectáculos como el festival Música en Grande, y Javier Ruiz Ocejo. Ambos son adjudicatarios habituales del Ayuntamiento de Santander y les unen tanto relaciones de amistad y cercanía con el ministro de Fomento y exalcalde, Íñigo de la Serna, así como con el concejal de Obras, César Díaz.

Esta relación llevó a que Santander Sí Puede pidiera una investigación en la Fiscalía al percibir indicios de trato de favor. Estos son los que encargan la obra, cuya dirección le corresponde al estudio de ingeniería Tainsa y que ejecutó Milán IC-Multiservicios.

CONTEXTO: TRÁMITES ÁGILES, TRÁMITES LENTOS

En los días y meses previos al derrumbe, según consta en documentación del propio Ayuntamiento de Santander, se produjeron distintas circunstancias que afectan a los trámites:

-Desde el primer momento los promotores de la obra querían hacer obras mayores. Un funcionario del Ayuntamiento les advirtió de que debían pedir licencia mayor, y no menor como pedían.

-El caso es que finalmente siguieron adelante con las obras, de carácter mayor pese a haber pedido licencia menor. Recibieron informes en el mismo día que los pidieron, en cuestión de horas, algo que el Ayuntamiento ha defendido como habitual, remitiéndose al informe de una empleada municipal en el que no se citan medidas ni casos similares y pese a los múltiples testimonios que indican que el período medio de concesión de licencias de obra en la ciudad es de tres meses, como mínimo.

-Comienzan las obras, y los vecinos notan efectos sobre sus propiedades. Encargan un informe a un arquitecto de la comunidad, que se lo remite al Ayuntamiento sin que llegara a ser visto nunca por el concejal de Obras, César Díaz.

-Las peticiones vecinales llevaron a una visita de inspección de una funcionaria municipal, de la que no se derivó ningún tipo de medida y que ni siquiera visitó los pisos para poder ver sobre el terreno las imágenes de grietas que había podido observar en el informe del arquitecto de la comunidad.

-Cuando se comprobó que, efectivamente, se están ejecutando obras mayores con licencia menor, se dictó una orden de paralización de los trabajos.

-El caso es que esa información le llegó con días de retraso a la Policía local, que, cuando se desplazó al edificio a comunicarla, se encontró con que la empresa ya tenía licencia de obra mayor (algo que no se les había trasladado a ellos; en estos casos los plazos medios son aún superiores a los tres meses o más de la obra menor). En el acto, preguntaron al Ayuntamiento si debía permitírseles seguir con los trabajos, y el Servicio de Obras les dijo que sí, por lo que la obra NUNCA LLEGÓ A ESTAR PARADA PESE A CARECER DE LICENCIA.

-Esa orden se hizo por teléfono, y pese a que no se contaba aún con una resolución formal que ordenara que siguieran. Esa resolución llegó al día siguiente, después de que distintos responsables del Servicio de Obras iniciaran entonces la elaboración de informes que desembocó en la resolución firmada por César Díaz que permitía seguir con unos trabajos QUE NUNCA ESTUVIERON PARADOS PESE A QUE ASÍ SE ORDENÓ.

-Aunque las obras consiguieron contar con la licencia adecuada, sí que incumplieron la que se les había dado inicialmente. Pese a detectarse ese incumplimiento, no se abrió un expediente sancionador, abierto ya después de que se produjera el derrumbe y no de forma automática al ver el incumplimiento. La investigación interna del Ayuntamiento aseguró que ese expediente no se abrió porque TODO EL PERSONAL QUE PODÍA ENCARGARSE DE ELLO ESTABA DE VACACIONES.

Son importantes en todo el proceso los papeles jugados por el jefe del Servicio de Arquitectura o por la funcionaria a la que se le ha encargado la instrucción del expediente que debiera desembocar en sanciones, cuyos informes activaron el expediente que vistió el reinicio de las obras y a cuyo resultado miran ahora todas las partes implicadas en el proceso.