El Juzgado de lo Social Nº5 de Santander ha declarado nulo el despido del sindicalista de GSW, Ismael Anievas ocurrido el pasado 15 de mayo tras repartir pasquines sindicales en la fábrica de Nueva Montaña.

Protesta de USO, tras los despidos, ante la sede de la empresa

El titular del Juzgado,  el magistrado Ramón Gimeno Lahoz, ha dictado una  sentencia en la que condena a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador, abono de los salarios dejados de percibir y una indemnización de 9.000 euros “para la reparación integra y contribuir a prevenir el daño”.

En su sentencia, divulgada por el sindicato, el magistrado llega a afirmar que GSW “no quería bajo ningún concepto la aparición de USO en la planta de Santander”,  y que  para ello “avisó primero y sancionó después, de manera que no hubiera dudas: de forma inmediata y despidiendo al delegado sindical también”.

Así, se califica de “voluntad represiva” la actuación empresarial y que lo que pretendía con el despido fulminante del sindicalista era “un aviso a navegantes” para evitar la constitución del sindicato. La sentencia puede ser recurrida en un plazo de 5 días.

EMPRESA CON SUBVENCIONES, LOS DESPIDOS LOS HACE UN EXALTO CARGO

Desde el sindicato, Mercedes Martínez, secretaria general de USO Cantabria, advierte de la «magnitud» de este «ataque a los derechos fundamentales» del que ya avisaron a las instituciones (en concreto, contactaron con la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos) antes de acudir a la vía judicial.

Además, recordó que apenas un mes antes de estos despidos de los que informaron a Díaz Tezanos, la empresa había recibido un aval del propio Gobierno de 15,5 millones de euros para circulantes, es decir, para obtener liquidez. «La vicepresidenta miró para otro lado», aseveran, pidiendo que asuma responsabilidades políticas por su «negligente» actuación.

«Algo grave falla en Cantabria. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo autonómico, aun teniendo conocimiento detallado y expreso de la situación ocurrida semanas después de inyectar 15,5 millones de euros de dinero público, han movido un solo dedo para defender uno de los derechos fundamentales en que se asienta nuestra democracia. Miran para otro lado», lamentan.

Para USO, «asistimos, una vez más, al chantaje de las grandes empresas, ávidas de recursos públicos, pero que campan a sus anchas porque nuestra clase política es torpe, pusilánime y fatua»

Por su parte, Pedro Ayllón. Secretario general estatal de Industria de USO hace hincapié en que el grupo CELSA, al que pertenece GSW (la antigua Nueva Montaña Quijano) «está transgrediendo» los derechos fundamentales, tanto aquí como en Barcelona, por lo que le piden que «finalice de manera inmediata su política antisindical, esto es, que deje de perseguir, de acosar y de coaccionar a los representantes de USO, ya sean afiliados o delegados».

Y señalan expresamente a la responsable de los despidos: Rosa María Castrillo Fernández, actual directora de recursos humanos de la fábrica y que fue directora general de Empleo de Cantabria e inspectora de Trabajo entre los años 2004 y 2011, cuyo cese piden.