El miércoles de la semana que viene será el juicio contra los estudiantes y activistas de Preguntar No Es Delito, acusados tras participar en una protesta durante la visita del expresidente Ignacio Diego a la UC con motivo de un acto al que se les vetó la entrada.

Y en los días previos se están sumando muestras de apoyo desde la comunidad educativa: ese día, ya estaban organizadas:

-la convocatoria a asistir al juicio en una concentración a las 8.30 horas como muestra de apoyo, en los juzgados de la calle Alta

– la huelga general estudiantil, convocada por el Colectivo de Estudiantes y el Frente de Estudiantes

-una gran manifestación ese día a las 12, frente a la sede de Ministerios, en Vargas.

Acciones a las que, según informaba el Colectivo de Estudiantes, una concentración en la Plaza del Interfacultativo, a las ocho de la tarde del lunes.

Representantes del Colectivo de Estudiantes

En este recorrido, el manifiesto de apoyo ha sumado casi mil firmas en cuatro días, tanto de ciudadanos a título particular, como de colectivos, como Libres (la Asamblea cántabra por las libertades y contra la represión), sindicatos de profesorado o la Federación de asociaciones de padres y madres (FAPA).

Y entre ellos destaca el del Consejo de Estudiantes (CEUC), organo de representación estudiantil que organizó el acto en cuestión.

Ayer decidieron en una asamblea extraordinaria sumarse a la convocatoria, en una actitud de apoyo a los estudiantes perjudicados que contrasta con la actitud mantenida durante los sucesos, restrictiva respecto a los accesos al acto por parte del entonces presidente.

Para el representante del Colest Adrián Martínez, “ha quedado de sobra demostrado que se trata de un montaje para intentar amordazar a quien lucha por la educación pública” y muestra su preocupación “por los numerosos casos de represión a sindicalistas y activistas en todo el estado español”.

«El Colectivo hace un llamamiento no solo a los estudiantes a solidarizarse y movilizarse ese día, sino a toda la sociedad para dejar claro el rechazo a esta acusación que se ha demostrado como un montaje”, añadía.

Los acusados se enfrentan a penas de prisión, y se les llegó a acusar de causar daños al vehículo del presidente, cuando ellos han asegurado haber sufrido incidentes con la escolta del presidente (que fue denunciante de los hechos, pero que finalmente no ha presentado, ni él ni el Gobierno, acusación en el proceso, en el que estará sólo la Fiscalía).