Primeras señales de transición urbanística en Cantabria
Arnuero es un municipio de la costa oriental de Cantabria que tiene a Isla como uno de los referentes de las villas marineras. Con apenas 2.000 habitantes, multiplica su población en temporada alta, visitas llegadas sobre todo desde el Gran Bilbao. Aunque intenta desestacionalizar con iniciativas de colaboración entre los dos sectores pujantes del momento, la hostelería y el sector agroalimentario, tiene grandes cicatrices de un pasado de ladrillo.
Como muchos otros ayuntamientos de la costa cántabra, Arnuero se había volcado hacia el sector de la construcción en los años 90 del siglo pasado, en una etapa histórica que se conoce como la del ladrillazo de la costa cántabra, de Castro Urdiales a San Vicente de la Barquera.
José Manuel Igual es alcalde del municipio desde el año 1998 y recibió en herencia de su propio partido, el PP, una serie de construcciones ilegales que fueron denunciadas y con el tiempo terminaron con sentencia firme de derribo. Un problema para los afectados, los compradores, pero también para las instituciones, que tienen que afrontar los gastos de las demoliciones y las indemnizaciones, toda vez que ha fracasado la estrategia de legalización de los sucesivos gobiernos regionales y de las fuerzas del tripartidismo (PRC, PP y PSOE): una vez tras otra el poder judicial ha rechazado estos planes porque las sentencias firmes son de obligado cumplimiento.
Arnuero, sin embargo, es uno de los primeros municipios en dar soluciones sin pretender evitar las órdenes judiciales de derribo, una treintena de sentencias que afectan a más de 800 viviendas. En el año 2009 se acometió la demolición de las dos primeras fases de la urbanización ilegal de la playa de La Arena, 42 de los 144 pisos que se construyeron fuera de la ley, en primera línea de playa.
El resto tendrá el mismo desenlace, pero por la vía del acuerdo, porque el Ayuntamiento ha llegado a soluciones dentro de la legalidad, con acuerdos con los propietarios y los denunciantes, los ecologistas de ARCA, que consistirán en la entrega de nuevas viviendas en zonas donde el nuevo Plan General permite.
Estas soluciones dialogadas son la primera piedra de todo un proyecto de nuevo urbanismo, sobre la base del diálogo con los vecinos en lugar de la cesión a los intereses de las constructoras. Se acaba de aprobar por consenso y está publicado en el BOC. Se denomina Programa de Desarrollo del Plan General (PDPG), un instrumento de participación que va más allá de los PGOU en el debate sobre los modelos de ciudades y territorios.
INNOVADOR EN URBANISMO PARTICIPATIVO
El documento de 77 páginas es «innovador» en «urbanismo participativo», «los vecinos dicen qué obras hay que hacer», sintetiza Igual en una entrevista concedida a EL FARADIO.
Con un horizonte en el año 2027, contempla las principales actuaciones. Su aprobación por unanimidad y sin alegaciones, tras las sugerencias de los vecinos y colectivos municipales y las aportaciones de la Agenda XXI Local, culmina un trabajo de tres años.
«Ayuda al pequeño propietario, al que quieren dejar fuera de la urbanización y al urbanismo participativo», reivindica el alcalde, que el próximo 2018 cumplirá 20 años con el bastón de mando y aspira a la reelección en 2019.
Además de completar la demolición de la urbanización de la playa de La Arena y su regeneración, contempla un aparcamiento en Quejo o un vial que mejore los accesos al casco histórico de Isla. En Bocarrero, donde se ubicarán las nuevas viviendas de los afectados por las sentencias de derribo, está proyectada la construcción de un Centro de Salud y Desarrollo (centro cultural, centro de mayores y centro de estudios sobre el cambio climático en el litoral) con vistas al Cincho. Se llamara Centro Adolfo Suárez, el político de la transición.
José Manuel Igual ha liderado el proceso, de la mano de las concejalías de Urbanismo, Educación y Medio Ambiente, las cuatro juntas vecinales, con la participación de colegios como el de Arquitectos o Aparajedores, la organización de distintos foros de debate y a través de los grupos de acción y las aportaciones de colectivos y asociaciones de todo tipo. Hasta los coros se han implicado.
En conjunto, el documento «más limpio» y «participativo» afecta a más de 70.000 metros cuadrados de espacio público que «mejorará la calidad de vida de los vecinos». «Y que además se va a desarrollar. Esa sí es mi responsabilidad, horizonte 2027, que no lo dude nadie», asevera Igual.
LA CIUDAD SIN LÍMITES
Desde el 21 de septiembre y hasta el 13 de diciembre, el Colegio de Arquitectos celebra el ciclo “Vida humana, vida urbana: la ciudad sin límites”, con el 2º Curso-Collage de diagnóstico, comprensión e intervención urbanística.
Este jueves, en el Espacio Ricardo Lorenzo de Santander, se desarrolla una mesa de gran interés para la transición urbanística. A las cuatro de la tarde interviene Susana Jiménez Carmona, que es música, filósofa y doctora en ciencias humanas y de la cultura (porque el urbanismo no es sólo de los ingenieros).
Es la impulsora y coordinadora de ‘El paseo de Jane’, un colectivo en marcha desde 2010 y que ha publicado con el mismo título un libro editado por Modernito Books. Es una iniciativa que homenajea a la activista Jane Jacobs para «reivindicar las calles como espacio público de convivencia y encuentro«.
Posteriormente, a las 18 horas, tomará la palabra el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Médico y político del Bloque Nacionalista Galego. En los últimos 15 años, esta pequeña ciudad de 80.000 habitantes se ha convertido en referencia de buenas prácticas al lograr que el 70% de los desplazamientos sean a pie o en bicicleta.
Y como colofón habrá una mesa redonda a la que está invitada Clara del Cerro, una arquitecta del equipo multidisciplinar que ganó en Santander la adjudicación del microespacio de Fernando de los Ríos, con un proyecto basado en encuestas a los vecinos para conocer sus necesidades y para implicarles en la renovación del barrio.
Un proyecto que fue presentado por Gema Igual, la hermana del alcalde de Arnuero, heredera en Santander de unas políticas urbanísticas del ministro de Fomento y exalcalde, Iñigo de la Serna.
Precisamente esta semana se ha cumplido un año de la anulación de un PGOU representativo de lo contrario en urbanismo, porque nunca reunió ningún consenso. El planeamiento fue denunciado en varios frentes y tumbado en los tribunales. Y empieza a tener consecuencias económicas.
También asiste, como alcalde de Bezana, el nuevo secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga. Es ingeniero de obras públicas de profesión y en Bezana, una ciudad de la periferia de Santander que ha pasado de ser ciudad dormitorio a desarrollar sus propias necesidades, ha limitado el crecimiento poblacional de la localidad en el nuevo PGOU.
CIUDADANOS VUELVE A SU PROGRAMA
Ciudadanos en Santander era hasta hace poco tiempo sinónimo de connivencia con el poder establecido del PP, en virtud de un acuerdo de investidura opaco, que se ha prolongado al resto de la legislatura. Durante los dos primeros años, los dos concejales electos por la formación naranja aparcaron su propio programa electoral (que pedía derogar la ordenanza limitadora de aparcamiento, la OLA, o el PGOU) y se han limitado a ser llave del PP, pleno tras pleno.
Esos dos concejales, David González y Cora Vielva, abandonaron Ciudadanos este año 2017 pero no entregaron sus actas de concejales, por lo que ahora son tránsfugas en los que se sigue apoyando el equipo de Gobierno.
Entretanto, el partido de Albert Rivera se está reorganizando en la capital, con los ‘fichajes’ de algunos de los más críticos con las políticas urbanísticas del Ayuntamiento de Santander, como el abogado Rafael Sebrango o el mediador y activista del patrimonio, Javier Ceruti.
Y este jueves a las 19 horas en el Hotel Bahía, Ciudadanos ha invitado a una mesa redonda sobre el futuro el urbanismo a Román San Emeterio, arquitecto y excoordinador de UPyD en Cantabria, al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria, Enrique Conde, una de las voces más críticas contra las malas prácticas como las bajas temerarias y Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados de la Administración que aglutinó a los afectados se sentencias de derribo, de casos, precisamente, como el de Arnuero.