Este viernes finalizará el juicio de Preguntar No Es Delito, en el que se dirime la acusación contra los estudiantes y activistas denunciados tras las protestas durante una visita del entonces presidente Ignacio Diego a la Universidad de Cantabria a un acto con estudiantes al que se impidió la entrada a universitarios.

Uno de los acusados, Marcos Martínez Romano, recordaba el momento en el que se produjeron los hechos, hace tres años, en un momento de mucha protesta social y en la calle, como consecuencia de las medidas de recortes adoptadas en lo más álgido de la crisis económica

Los acusados posan con estudiantes que les han apoyado

“El primer objetivo era criminalizar la protesta, estábamos en un contexto de cierta potencia de las movilizaciones sociales y había que hacer ver que eso tenía consecuencias”, defendía entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2 FM).

Es decir, había protestas sucesivas y periódicas, “y había que pararlas” con el objetivo de “tratar de detener la movilización social”.

En suma, Martínez Romano considera que “el único objetivo” de todo el proceso desatado a partir de esa día “era hacer daño a los movimientos sociales”, recordando que por aquellas fechas hubo varios casos similares (como la multa a María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT en Cantabria; el juicio a Paco Gómez Nadal por documentar una acción en una oficina bancaria, las multas por el escrache a Ildefonso Calderón o sanciones varias por ocupaciones bancarias, en el marco de la aprobación de la Ley Mordaza, que desembocó en la creación de Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión).

SEGUNDA Y ÚLTIMA SESIÓN

En la primera sesión declararon los propios acusados, que recordaron que ellos sufrieron agresiones, y la mayoría de los testigos, quedando para esta un último testigo, una periodista que presenció los hechos, y varios informes de expertos.

Manifestantes que apoyaron a los activistas mientras se celebraba el juicio

Así que queda la duda de si el Ministerio Fiscal, única parte que formula acusación en el proceso, mantiene o rebaja sus peticiones iniciales de penas, tras la exhibición de los vídeos.

Se enfrentan a peticiones de pena por parte del Ministerio Fiscal (única acusación en el proceso, no hay acusación particular) de multas por valor de 4.400 euros para cada uno de ellos y a uno de ellos en concreto se le suma un año de cárcel por dar patadas a un coche.

En la otra vista nadie consiguió identificar a ninguno de los acusados como responsables de los autores de los golpes contra el coche oficial que se denuncian,  y el propio Ignacio Diego opinó que una de las acusadas no se arrojó con la pancarta sobre el coche, sino que pudo haberse tropezado en la huida.

Los acusados recibieron muchas muestras de apoyo con motivo de este juicio: hubo una huelga estudiantil (y no ha sido la primera por este caso) y una manifestación, además de una concentración de apoyo a las puertas del juzgado.