Uno de los acusados de Preguntar No Es Delito es un apasionado de la ciencia política. Así que no era de extrañar que en su derecho a la última palabra con el que se ha cerrado el juicio, Marcos Martínez Romano lo hiciera citando un texto ni más ni menos que de Nicolás Maquiavelo: “las buenas leyes nacen de esos tumultos a los que muchos condenan con desconsideración”.

Otro de ellos, Diego San Gabriel, contaba que en su trabajo de profesor de Historia de España hoy le hubiera tocado abordar con sus alumnos como hace más de un siglo se conquistaron derechos como el de reunión o la libertad de expresión justo antes, recordó, del trienio absolutista.

En general, en ese último turno varios acusados han instado a seguir luchando por conquistar derechos de forma pacífica, que es como, han insistido, lo hicieron ellos aquel día de hace cuatro años en el que protestaron porque  se les impidiera el acceso a un acto público en la Universidad de Cantabria al que acudía el entonces presidente del Gobierno, Ignacio Diego.

Al final, como se ha puesto de manifiesto durante las dos sesiones, todo el caso parte de un prejuicio, el pensar que la protesta convocada inicialmente por la presencia de Diego en la Universidad en un momento de recortes educativos tenía el objetivo de impedir el acto.

A esa visión previa, expresada en el juicio por los escoltas de Diego, se ha sumado el Ministerio Fiscal –única acusación en el proceso, toda vez que el propio expresidente no ha formulado ninguna–, para quien todo obedeció al objetivo “coordinado” de “boicotear” el acto.

Según expuso en sus conclusiones finales, lo que los acusados y el resto de manifestantes querrán era “follón” y “confrontación” con el presidente, en un “sabotaje” al acto, que querían “reventar” para que Diego no pudiera hablar.

En su versión, fueron los acusados los que negaron el acceso a otras personas al acto, mientras que estos y varios testigos, entre ellos miembros de la organización, han relatado como se les negó la entrada, pese a que el propio Diego estaba dispuesto

De hecho, ha justificado que no se dejara entrar a gente al acto en que se les conocía porque pertenecían a movimientos sociales, citando expresamente a Cantabria No Se Vende. «¿Cómo se va a dejar entrar a gente que quiere impedir el acto y no dejar que entren otros?», apostillaba.

Además, sostenía que esto sucedió en unos años de mucha «permisividad» con las protestas en los que hubo un «sector» que estuvo muy activo en la calle y cuando todas las protestas se consideraban «legítimas».

En concreto, en la de aquel día, basándose en los vídeos, describió a los participantes como un “grupo de exaltados”, entre los que había uno «encapuchado tipo kale borroka” y otro “representante” de Podemos (hoy desvinculado de la formación).

No le han valido al Fiscal los testimonios de los periodistas que cubrieron el acto y que han declarado estos días como testigos que vieron que se impidió el acceso y que los acusados no hicieron intento de agresión, y les ha tachado de “sectarios” y “parciales”.

Y tampoco se ha mostrado muy conforme con la “manipulación” y “campaña de tergiversación exterior” o el impacto mediático, así como por los actos de apoyo a los acusados como la huelga general o la plataforma, que veía de algún modo incompatibles con la defensa legal (ha considerado ”absurdo” que se creara).

En la misma línea, ha tratado de deslegitimar su asistencia al acto por el hecho de que no todos fueran universitarios (hay testigos que recordaron que habían asistido personas mayores, por ejemplo), y ha planteado que si quieren defender derechos deberían montar un partido político (como si fuera la única vía para hacerlo y no pudiera tener esa responsabilidad .

 “¿SOY CONFLICTIVA POR TENER IDEAS PROPIAS?”

No obstante, pese a la dureza de su intervención final, finalmente el Fiscal ha rebajado la petición de pena en lo relacionado con los daños en el coche oficial, después de que los peritos los hayan minimizado (de 700 a 190 euros), y que pasan del año de prisión para uno de los acusados, que queda retirada, a una multa de 240. Para todos los acusados se sigue pidiendo una multa de 4.400 euros por delitos de coacciones y falta contra el orden público.

La defensa ha pedido la libre absolución (o, en su defecto, que las coacciones se consideren prescritas al haber transcurrido cuatro años), y, en cualquier caso, ha recalcado que difícilmente los acusados pudieron ser los quisieran agredir o impedir la libertad de movimiento (coacciones) del presidente, ya que estaban en estado de «shock» y «paralizados», lo que no puede entenderse como resistencia a la autoridad, no siquiera «resistencia pasiva» o «rebeldía física».

De hecho, han remarcado que la propia Universidad no requirió la intervención policial pese a que contaban con una dotación: los incidentes se produjeron con la escolta.

En su alegato final, los acusados han insistido en su comportamiento “pacífico” y sin violencia ese día, por contraste con las agresiones (empujones o un puñetazo en el cuello, recordaban, remitiéndose a los vídeos).

“Movilizarse es algo básico”, señalaba Marcos Martínez Romano. “Yo sólo quería expresarme”, añadía Diego San Gabriel. “Es la única forma de conquistar derechos”, secundaba Guillermo Díaz.

Mario Pardo hablaba de los testimonios “falsos” y “contradictorios” de estos días, que les situaban incluso en lugares distintos de la acción, con una “desproporción” muy “surrealista”.

Y han descrito sus sentimientos de “angustia” e “impotencia”. La más expresiva ha sido Raquel Cifrián, quien hablaba de la “indefensión” tanto de ese día como de ahí en adelante al verse descrita como una persona agresiva.

“¿Soy conflictiva por tener ideas propias, por querer defender la educación pública?”, se preguntaba, tras relatar el miedo que ha tenido por su futuro profesional cuando intentaba buscar trabajo ý temía que le sacaran el tema o la adscribieran a esa definición. “Si buscaban castigarnos, ya hemos sufrido, y nuestras familias, daños irreparables”.