Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han logrado que el Gobierno de Cantabria incluya cláusulas sociales en las contrataciones y se comprometa a crear una oficina o agencia de transparencia, lucha contra el fraude y la corrupción.

Mariano Carmona y Carlos Sánchez

Los máximos responsables en Cantabria de Comisiones Obreras, Carlos Sánchez, y de UGT, Mariano Carmona se mostraban «satisfechos» con estos dos compromisos que han negociado con el Ejecutivo.

“El Gobierno perdió la oportunidad de negociar o de discutir el presupuesto para llevarlo al Parlamento con mayor consenso social –apenas les dio tiempo ni datos para examinarlo–, pero decidimos no tirar la toalla e intentar alcanzar un grado de compromiso”, explicaba Carlos Sánchez, de CC.OO.

La negociación ha sido directa con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y supone que en primer trimestre de 2018 el Ejecutivo debe gestionar en el parlamento las herramientas para que las dos medidas entren en vigor.

Las clásulas sociales suponen que todos los contratos suscritos por el Gobierno autonómico obliguen al cumplimiento de criterios de respeto a los derechos laborales, ambientales o, incluso, de comercio justo.

Por su parte ,la oficina de transparencia, según el acuerdo llegado, deberá ser independiente y dará seguimiento a las ayudas y subvenciones concedidas por el Gobierno y colaborar a que “aflore la inmensa economía sumergida que hay en Cantabria”.

RENTA BÁSICA

Carlos Sánchez, secretario general de CCOO Cantabria, ha insistido en que se negocia en un momento de crecimiento sostenido de la economía y por eso es sangrante que no se recuperen derechos.

“Nos parece descabellado que a pesar de la recuperación de la economía la situación del empleo no mejore. Es el mayor presupuesto de la historia de Cantabria, pero se mantiene la brecha social, la alta precarización del empleo y la reiterada pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios”, añaden.

Por eso, Mariano Carmona ha insistido en una rueda de prensa en la necesidad de la nueva regulación de la Renta Social Básica, aspecto que está en el foco de las posibles negociaciones entre partidos (Podemos lo ha puesto como condición y el PSOE ha criticado sus propuestas parlamentarias en esta materia):  “el 54% de los parados de Cantabria no tienen ninguna prestación y a las personas hay que darles alguna solución. He percibido en la mesa [de negociación] que sí se va a hacer. Quedará por determinar qué partida se dedica a este tema y de dónde la quitamos”.

UNA REFORMA FISCAL «INSUFICIENTE»

La dotación presupuestaria para la futura Ley de Renta Social Básica, que debe caminar con rapidez al inicio de año según lo acordado, necesita de fondos.

Por eso, CCOO y UGT no entienden la tibieza de la reforma fiscal. “Nos gustaría que se hubiese negociado con nosotros porque deja mucho que desear en materia de equidad, solidaridad y progresividad. No entendemos que haya que dar una renta social básica y que haya que bajar los impuestos”, explicaba esta mañana Mariano Carmona: “La reforma fiscal debería ser más dura para descargara carga impositiva sobre las rentas más bajas y cargar sobre las rentas más solventes”.

Ambos sindicatos ven esta negociación como una apuesta de la “unidad de acción” para lograr “recuperar derechos perdidos” en lugar de hacer “una enmienda a la totalidad”. Aunque CCOO y UGT hacen una valoración positiva de los acuerdos, sí señalan las carencias de los presupuestos: no hay medidas reales para un cambio de modelo productivo; el Gobierno sigue con viejas fórmulas de estímulo de empleo que ya no son efectivas; no hay partidas específicas para la recuperación del Consejo Económico Social (CES), el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud, y no hay un proyecto real para el estímulo del sector primario.