El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, llama la atención sobre el contraste entre las identificaciones que se han venido haciendo desde la Policía a activistas antidesahucios, entre otros, y la falta de identificación inmediata por parte de la Policía Nacional a los ultras que protagonizaron incidentes contra asistentes a un acto del partido al que asistía Pablo Iglesias y medios de comunicación el pasado 27 de octubre en el Palacio de Festivales.

Los manifestantes intentaron acceder al Palacio de Festivales

Esa falta de identificación inmediata ha llevado al archivo, de manera provisional, de una de las causas judiciales, la de la reportera de Europa Press TV que fue zarandeada y atacada con el palo de la bandera española: en aplicación de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no hay autor conocido, el acaso se archiva.

Pero, tal y como ha manifestado Libres (la Asamblea por las Libertades y Contra la Represión), además de haberse hecho estas identificaciones en el acto (se hicieron días después y en estos momentos ya hay once personas identificadas por la Policía, presentes en la protesta que desembocó en incidentes), se podía haber ordenado el envío de estos datos al Juzgado de Instrucción número 2, que seguía esta denuncia, y que tampoco los pidió, decretando el archivo del auto sin esperar al resultado de la declaración de la agredida y de una prueba pericial que este mismo juzgado ordenó.

Por este motivo, Libres ha pedido la dimisión del delegado de Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, a quien reprochan su pasividad en este asunto, en contraste con el exceso de celo en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, sobre el que ha llegado a advertir recientemente incluso el Defensor del Pueblo.

Desde Podemos José Ramón Blanco (quien estuvo ese día y fue increpado por los manifestantes) se sumaba, en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2 FM) a la petición de dimisión que lanzaba este colectivo.

“Yo he visto como actúa contra activistas que defienden los derechos humanos y la Constitución, como la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con identificaciones, que además a veces no se hicieron in situ, y llegando a identificarse a gente sin antecedentes”, aseveraba, recordando la decena de identificaciones y sanciones a miembros de la PAH de Torrelavega o el “acoso y derribo” a Oscar Manteca, activista antidesahucios.

Frente a esto, contraponía Blanco, “no actúa” cuando quienes causan incidentes lanzan mensajes “fascistas y xenófobas”, por lo que considera que “está actuando de manera partidista a favor de grupos de extrema derecha”. Al respecto recordaba que, además, en este caso, se hicieron luego identificaciones de los autores.

También se refería al asunto María Jesús Cedrún, exsecretaria general de UGT en Cantabria, que fue juzgada después de que la versión de un policía la situara haciendo, durante una huelga general, sabotajes que ella siempre negó haber realizado. Para Cedrún, actual miembro del Consejo Económico y Social a nivel estatal, Delegación de Gobierno y Policía actúan “con unos de manera y con otros de otra”, apostillaba.

En cualquier caso, la causa de la reportera de Europa Press puede ser reabierta, y no es la única pendiente: está la querella presentada por el director de EL FARADIO, Oscar Allende, que también fue asaltado por este grupo; y una tercera de la que aún no han trascendido más detalles.

Además, Podemos ha pedido a Delegación de Gobierno que multe a los organizadores de la protesta, convocada a través de un grupo de Whatssapp, por tanto, a sus administradores, que no comunicaron la convocatoria a las instituciones, como establece la Ley, que también contempla multas para los organizadores de protestas que desemboquen en incidentes.