La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander acaba de colocar en un brete a los grupos políticos en el Parlamento de Cantabria.

Miembros de la PAH en el Parlamento de Cantabria

Este lunes han presentado en la Cámara autonómica una petición para que este órgano envíe al Congreso de los Diputados la ley de vivienda que promueve a nivel estatal este colectivo antidesahucios.

Es decir, lo que se plantea es que, al margen de que se empezara a tramitar en el Congreso esa ley, con cinco medidas muy concretas («las cinco de la PAH»), sea Cantabria la que pida que se empiece a tramitar en Madrid. Es una posibilidad recogida en el artículo 87.3 de la Constitución y supondría una mayor carga de legitimidad a la hora de abordar esta reforma legislativa, presentada de forma paralela en el Congreso hace dos semanas  (el mismo día que en Cantabria se producía un caso de desahucio que pudo ser paralizado, temporalmente) que además se pide que se haga por urgencia.

El brete llega cuando la PAH recuerda que en Cantabria PRC, PSOE y Podemos ya firmaron en su día su apoyo expreso a las medidas de esta ley, por lo que entienden que ahora apoyar esta tramitación «no les debería suponer ningún problema».

Este colectivo antidesahucios recuerda la «situación límite» de muchas familias, ya que la emergencia hipotecaria persiste (pese a que el Gobierno del PP pronosticó que no habría más casos cuando aprobaron una ley) y se le suma que el problema de los desahucios se está trasladando al alquiler, además de la situación de pobreza energética.

La ley recoge medidas que parten de propuestas de las propias familias afectadas y que han logrado el apoyo de más de 200 organizaciones o colectivos. La PAH reclama por tanto su origen desde la sociedad civil, y recuerda que el Gobierno del PP podría interponer un veto al proyecto, tiene de plazo hasta el mes de marzo para presentar un veto que sería «vetar a la democracia y a las familias».

«Tenemos un problema habitacional, y el PP no quiere hablar de ello. No quiere hablar del
problema porque no quiere hablar de las soluciones que existen y que reclama la sociedad civil. Es necesario que frente a esta amenaza los Parlamentos Autonómicos exijan el trámite de
nuestro texto para asegurar que se inicie un diálogo democrático en el Congreso alrededor de
nuestras demandas», aseveran.

Hace años la PAH presentó una iniciativa legislativa popular con medidas para frenar las desahucios, que fue aceptada y vacíada de contenido durante el trámite en el Congreso de los Diputados, para acabar siendo cuestionada por los tribunales europeos, que han señalado en reiteradas ocasiones que la legislación hipotecaria española y las cláusulas de las hipotecas vulneran las layes de protección al consumidor.

Desde entonces, el problema de los desahucios ha saltado a la primera línea de la agenda política, llegando a los programas electorales y a las medidas de Gobierno. En Cantabria, esta legislatura se creó la Oficina de Emergencia Habitacional, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, que desde la calle Juan de Herrera, 2,  asesora a afectados o media con bancos. Se puede contactar en los teléfonos 942 318 980 y 942 318 982 o en la dirección de correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es

LAS CINCO DE LA PAH

Esta iniciativa contempla cinco puntos clave que nacen de las demandas de los colectivos antidesahucios y de protección del derecho a la vivienda: dación en pago retroactiva, alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados.

Más de medio centenar de personas se concentraron para paralizar el desahucio de Gama

Además de la dación en pago, el primero de los puntos incluye la condonación de la deuda o la eliminación de las cláusulas abusivas y la compensación económica por las mismas, mientras que en el segundo, la PAH demanda un marco regulatorio de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

En el apartado de no más desahucios, destacan las peticiones de moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, la obligatoriedad de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar el desahucio y la de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación, asegurando el Derecho de Arraigo en los mismos, ofreciéndoles en el mismo municipio o barrio.

Desde el colectivo antidesahucios consideran que la nueva Ley ha de incrementar el parque público de vivienda, con alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar y defienden la obligatoriedad de movilización de la vivienda vacía.

Por último, apuestan por el principio de precaución en el suministro de servicios básicos como agua, luz o gas, una tarifa social en función de la capacidad adquisitiva y que la Administración no asuma las deudas sino que deben ser las suministradoras las que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.