El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de la capital cántabra a abonar la cláusula de reequilibro financiero a Empark, la empresa concesionaria del aparcamiento de la Plaza de México, en una decisión que el Consistorio ya ha acordado recurrir.

El Mercado de México

En la sentencia se explica cómo en noviembre de 2016 la empresa invocó la cláusula del contrato por la cual la Administración puede salir a su rescate si tiene pérdidas como consecuencia de modificaciones responsabilidad del propio Ayuntamiento.

En concreto, la empresa se refería a la obligación “sobrevenida” de abonar el IBI, al ser un impuesto nuevo, aprobado en el año 2001, con posterioridad a que ellos recibieran la concesión del aparcamiento subterráneo, en el año 81.

Desde el Consistorio se argumenta que en realidad la empresa es titular de la concesión desde 2009, después, por tanto, de que se implantara el IBI (y que, en cualquier caso, antes había un impuesto equiparable). Más en concreto, lo que había antes era una exención de este impuesto en caso de uso de suelo municipal, que luego sería suprimida.

La magistrada que ha seguido el caso especifica que la adjudicación se hizo, por un plazo de 50 años, a la empresa Aparcamientos de Cantabria SA, en una concesión que luego, a lo largo de los años, ha ido cediendo los derechos a nuevas empresas, como Estacionamientos Subterráneos SA (1998), empresa que luego cambiaría de nombre en dos ocasiones: Cintra (2001) y Empark (2009), la actual.

Por tanto, rechaza que esta empresa se hiciera cargo del servicio después de la aprobación del citado impuesto, ya que en realidad era la misma, con nuevo nombre.

Uno de los motivos que esgrime el equipo de Gobierno para rechazar abonar el reequilibrio es que ese cambio legal es consecuencia de decisiones de otra administración: el juzgado recalca que los reequilibrios también se abonan en esos casos.

El Ayuntamiento también plantea que de hecho han tomado medidas para que pague menos, al reducirles desde el Consistorio el canon que debe pagar la empresa.

El Consistorio alega, asimismo, que la bajada de tipos de interés ha hecho que se reduzcan los costes financieros que afronta la empresa responsable del aparcamiento bajo la Plaza de México (espacio en el que en alguna campaña electoral se llegó a hablar de un proyecto de centro comercial).

Todos esos motivos no son suficientes para el Juzgado, que recalca que el reequilibrio se basa en cuestiones imprevisibles que puedan perjudicar a la empresa, por lo que rechaza la pretensión del Ayuntamiento contra el reequilibrio.

La cifra que se reclama no ha sido fijada, asciende a las cantidades del IBI correspondientes de todos esos años. El Ayuntamiento ya ha anunciado recurso ante esta sentencia.

SENTENCIA CORREOS

Y no es el único fallo judicial que ha perdido recientemente el Ayuntamiento de Santander (al margen de sentencias más relevantes como la anulación del PGOU o la anulación que afectó a las bonificaciones municipales de la plusvalía) : el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha dado la razón a Correos, dependiente del Ministerio de Fomento a cuyo frente está el exalcalde Íñigo de la Serna, frente a una reclamación que le hacía el Consistorio.

En concreto, el conflicto se refería al extravío de 60 notificaciones de multas de la OLA por un importe de en torno a 5.000 euros, dentro del contrato que ambas administraciones mantienen para la prestación de servicios sociales.

El Ayuntamiento reclamaba a Correos una indemnización y una multa (una penalidad) de 1.200 euros, algo que el organismo estatal consideraba contrario a los pliegos firmados con las condiciones, que establecían la penalidad como sustitutiva de la indemnización, pero no acumulatoria.

La sentencia da la razón a Correos, al considerar que no ha probado que como consecuencia del extravío (que no se niega) caducaran los expedientes de las multas y no se pudieran cobrar.
Según explica, para que las multas prescriban deben pasar tres meses, y el Juzgado entiende que no está confirmado que hubiera un segundo intento de notificarlas.

IU ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE “TRABAJAR PARA ASEGURAR LOS BENEFICIOS A EMPRESAS A COSTA DE LOS SANTANDERINOS”

El portavoz de IU en Santander, Miguel Saro, ha manifestado su “profundo malestar” por esta sentencia sobre el IBI del Parking de la Plaza de México, “cuyo abono volverá a salir del bolsillo de los santanderinos”.

Para el edil, esta sentencia “pone de manifiesto que el Gobierno municipal o bien trabaja exclusivamente para los intereses de toda la red de empresas que gestionan servicios públicos y concesionarias de dominio público, o bien nuestros dirigentes son completamente inútiles”

Desde IU aseguran que “siempre han denunciado la redacción de contratos de concesiones municipales que parecen tener como único objeto el asegurar la tasa de ganancia para las empresas concesionaria, a desprecio de la calidad del servicio público que soportan y de los teóricos riesgos de mercado que deben soportar las empresas”.

Para Miguel Saro, este ejemplo es paradigmático de la “insoportable herencia recibida que soportamos los santanderinos de la nefasta gestión del PP de los últimos decenios”.

El representante de IU explica que se otorgó la concesión por 50 años a una empresa con tales privilegios “para asegurarse el beneficio que hacen caer sobre los santanderinos unos costes insoportables”.

“Se debe recordar, además, que en materia de movilidad, como es el caso, el PP ha construido parkings insostenibles e innecesarios como el de Mendicouague, cuya empresa concesionaria está en liquidación, habiéndose resuelto el contrato y estando pendiente de pago el coste del rescate de la concesión por parte de todos los vecinos de Santander, por importe superior a cinco millones de euros”, ha criticado.

Desde la formación de izquierdas han solicitado “en múltiples ocasiones más responsabilidad al gobierno municipal” para gestionar directamente servicios públicos que están externalizados “y que suponen más de 55 millones de euros de gastos cada año de los presupuestos municipales”.

Sin embargo, lamenta Saro, “ante cada petición el Gobierno local y los tránsfugas que lo apoyan han rehusado cualquier pretensión de recuperar para la gestión directa servicio alguno”.

MANTECÓN: “UN NUEVO EJEMPLO DE CAPITALISMO DE AMIGUETES”

También ha reaccionado el concejal de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, que cree que este caso es “un nuevo ejemplo de ese capitalismo de amiguetes que se desarrolla en Santander desde hace 40 años” que supone un “lastre” para los ciudadanos y un “lucrativo negocio para una pequeña élite de empresarios muy bien relacionados con este partido”.

Cree que esta “cadena de sentencias” en contra de la gestión municipal “irá in crescendo”, ya que el equipo de Gobierno del PP gestiona el patrimonio “sin ningún tipo de responsabilidad de sus actos”, y esto se une a una gestión de las inversiones “en la que se despilfarran los recursos municipales en proyectos fraudulentos que no solo no mejoran la vida de los ciudadanos sino que la empeoran de manera significativa”.

PODEMOS LAMENTA QUE “LA POBLACIÓN SERÁ DE NUEVO LA MÁS PERJUDICADA”

Desde Podemos Santander, que no tiene representación municipal en el pleno, su secretaria general, Lydia Alegría, ha lamentado que “la población de Santander será de nuevo la más perjudicada por la mala gestión del Ayuntamiento”.

Podemos Santander ha criticado que las “decisiones erróneas” del Consistorio “no hacen más que endeudar a la ciudadanía”, que “cada día está más cansada de tener que pagar los platos rotos de unos políticos  irresponsables, cuyas actuaciones demuestran en demasiadas ocasiones una total incompetencia para la gestión del bien común”.

“Volvemos a ver a lo que nos tiene acostumbrados el equipo de gobierno donde pagan los justos por pecadores por su mala gestión que son,como siempre, los vecinos y vecinas de Santander”, se ha lamentado Alegría, que recuerda que no es la primera vez que la ciudadanía se enfrenta a un problema similar, ya que “ya lo hemos visto con anterioridad en casos como Santurban o las plusvalías o con nefastos contratos públicos como el relacionado con la vigilancia de las playas”.

Aunque la cifra que se reclama por la empresa concesionaria, Empark, aún no ha sido fijada asciende a las cantidades del IBI correspondientes desde 2001, año en que se aprobó el impuesto, y que la concesionaria se niega a abonar al considerar que cuando se le adjudicó el concurso, por un plazo de 50 años, no existía ese impuesto, y en cualquier caso, estaba exenta.

Independientemente de ello, el Ayuntamiento, que ha recurrido la decisión judicial, deberá abonar las cantidades que se fijen, una situación que no pasaría, según Alegría, “si el Ayuntamiento se centrase en estar al servicio de la ciudadanía y no de empresas amigas porque al final siempre es el bolsillo de los santanderinos y santanderinas el que se resiente”.