El pleno del Ayuntamiento de Santander, con los votos del Partido Popular y del concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González, ha rechazado la propuesta del PRC de paralizar las obras de las escolleras que se está desarrollando en la playa de La Magdalena, por parte del Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Medio Ambiente.

Previamente, un grupo de personas se ha concentrado en la plaza del Ayuntamiento, pintando carteles y protestando contra la obra, que colectivos ecologistas como ARCA o de defensa del patrimonio como Grupo Alceda o administraciones como el Instituto Oceanográfico o el Puerto de Santander han calificado como perjudiciales tanto visual como medio ambientalmente.

Escollera de La Magdalena

Incluso esta semana se ha interpuesto la primera denuncia ante la Fiscalía, registrada por el abogado Javier Gómez-Acebo, que solicita investigar la posible comisión de un delito contra el medio ambiente ante un informe elaborado por un científico del Oceanográfico que alerta que hasta 264 especies se verían afectadas por los rellenos de arena que lleva aparejado el proyecto.

Estos mismos ciudadanos han acudido al debate de la moción que ha presentado el PRC, donde el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila ha destacado en su moción que Costas ya tiene experiencia en “realizar obras contra el patrimonio paisajístico en Santander”, como es el caso de la Senda Costera. Y también que el MetroTUS prueba que el Ayuntamiento ha “tropezado” con las protestas ciudadanas por su gestión.

El concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, ha insistido en que éste se trata de un “proyecto viejo” que cuenta con el aval de estudios de la Universidad de Cantabria y se “consultó a los ciudadanos”. De hecho, defiende que «todas las alternativas son con diques o con escolleras, no hay otra solución».

“Si no se actúa no tendremos playa la mayor parte del año”, ha asegurado, a lo que el concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro, ha respondido que Santander tiene “tres meses de playa al año” y “parece que quieran convertirlo en Marina d’ Or para tener una playa de 8 meses al año”.

Quirós también ha criticado la posición del PRC cuando en el Gobierno “no quisieron opinar cuando se les preguntó”, y cree que se ha unido a las denuncias por “oportunismo” y para “tratar de sacar rédito político”.

Por parte del exciudadano, González ha afeado la diferente actitud del Ejecutivo cántabro en otras obras similares como el Puerto de Laredo o de San Vicente de la Barquera, por lo que el hecho de que la moción la haya presentado el PRC le ha servido para votar en contra, insistiendo en que solo busca ser un “boicot” para Santander.

MIGUEL SARO AFEA LA “INACCIÓN” DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Desde la oposición, el edil de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón ha entonado la autocrítica porque su partido no haya sido “adecuadamente previsor” sobre este caso y cree que han «fallado a la ciudadanía por no haber sido suficientemente enérgicos para luchar contra este tema”. Aun así, insiste en que “no estamos a destiempo de paralizar el proyecto, hay que escuchar a la ciudadanía”.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Saro, ha criticado la “inacción” del Gobierno de Cantabria en esta obra “horrenda a nivel paisajístico”, ya que ha recordado que el Ejecutivo retiró el recurso que se planteó y ejercer su responsabilidad “sin justificación” como un detalle a Iñigo de la Serna.

Aun así, Saro ha insistido en que el proyecto debe paralizarse y que la participación pública que defiende el equipo de Gobierno es “insuficiente” porque considera que podría condicionarse a una ciudadanía sin conocimientos técnicos con infografías engañosas. “Habría que ver cómo plantearon la pregunta. La mayoría queremos playa pero no a cualquier precio. Recapaciten, por favor”, ha pedido.

El otro socio del Gobierno cántabro, el PSOE, se ha unido al PRC para denunciar que el PP ha vendido “medias verdades” y “discursos interesados” para desviar el debate. “El debate no es si los santanderinos queremos o no playas”, asegura Pedro Casares, que añade que “existen otras alternativas”.

También les ha instado a “no buscar culpables en ARCA o Ecologistas en Acción” porque “ellos no están haciendo la obra”, ni “traslade la responsabilidad de este proyecto a los ciudadanos de Santander”. Por ello ha instado al equipo de Gobierno a “presentar un proyecto participativo ahora que la gente ya está informada”.

IZQUIERDA UNIDA LLEVARÁ EL TEMA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Participantes en una de las protestas contra los diques (Foto: Carlos Atienza)

Izquierda Unida llevará el tema al Congreso de los Diputados a través de preguntas que ha registrado la diputada de la formación en el Congreso, Isabel Salud, para que el Gobierno responda a la “alarma social” canalizada por grupos como ARCA y Alceda.

De hecho, preguntarán por qué el estudio de impacto ambiental refleja impactos en tres especies bentónicas cuando investigadores del Instituto Oceanográfico han trasladado, en la denuncia ante la Fiscalía, que superan las 200 que se verían afectadas por los rellenos de arena que lleva aparejado el proyecto; y si el Ministerio de Medio Ambiente conoce este informe y tiene explicación para esa diferente valoración, recordando que el Estudio de Impacto ambiental consideró este proyecto como “impacto negativo” mientras que la Demarcación de Costas lo trató como “asumible” e inquiriendo también por el motivo de esta “divergencia de criterio”.

Pero también se hace eco de las dudas que sobre el proyecto expusieron instituciones como el propio Oceanográfico o el Puerto de Santander.

En concreto, el Puerto, dependiente del Ministerio de Fomento, advirtió de las posibles consecuencias sobre el canal de navegación, aspecto sobre el que pregunta la diputada de Izquierda Unida, así como por si se conocen los impactos en las mareas sobre los que se ha advertido.

LA PASIEGA Y LOS AGENTES DE MOVILIDAD

En el pleno también se ha aprobado instar al Gobierno cántabro a continuar los trabajos oportunos para conseguir que se sitúe en el Llano de La Pasiega un gran centro logístico de referencia en la Cornisa Cantábrica y al Ministerio de Fomento para que colabore “activamente”.

La moción solo ha contado con la abstención de IU, Santander Sí Puede y Ganemos. Mantecón ha lamentado que “lo único que han encontrado de La Pasiega es un power point con 5 diapositivas” y el PP insiste en que “es un proyecto muy verde”, a pesar de que data de hace doce años y que “es oscuro”, por lo que insta al Gobierno de Cantabria a “ponerse a trabajar ya y desarrollar sus competencias”.

También se ha aprobado que los agentes de movilidad se integren en la Policía Local, al que ya estaban subordinados. El equipo de Gobierno, que ha presentado la propuesta, ha defendido que ha habido modificaciones organizativas que requieren rejuvenecer y aumentar la plantilla.

La integración se hará mediante promoción interna horizontal de turno libre restringido, como en otras comunidades autónomas, tras un consenso del Ayuntamiento con los sindicatos, que llevan años reclamando esta integración.

SANTANDER NO SE POSICIONA CONTRA EL BARCO SAUDÍ Y EL TRÁFICO DE ARMAS A PAÍSES QUE NO RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS

El debate más tenso ha venido tras la moción de Antonio Mantecón, que solicitaba que el Ayuntamiento de Santander se manifestara en contra de la utilización del Puerto de Santander como punto de carga de armamento de cualquier tipo para cualquier destino, especialmente si se tiene la certeza de que dicho destino es el de un conflicto bélico latente, como es la guerra de Yemen.

La moción, transaccionada por el PSOE, pedía también que se inste al Gobierno de España para que se apruebe una normativa que permita que se denieguen, suspendan o revoquen las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde se violan los derechos humanos y que el Consistorio instara a la Capitanía Marítima de Santander a no permitir ninguna operación de “carga de armas y explosivos con destino a la guerra de Temen”, y a que sancionen con la “máxima multa posible” al buque saudí Bahri Hofuf por la “infracción grave” de la Ley de Puertos al apagar las señales de localización marítima durante toda la maniobra de aproximación a puerto.

Con esta petición, IU ha defendido que “encaja en los límites y convenios” de la “legislación internacional” sobre derechos humanos. Sin embargo, ni PP ni David González han apoyado la medida, escudándose de que en otras ciudades como Cádiz Cádiz los partidos de izquierdas sí apoyaron la creación y traslado de armamento para Arabia Saudí, amparándose en la creación de empleo.

Algunos concejales de la oposición, como el propio Mantecón y su excompañera de Ganemos, Tatiana Yáñez, han afeado que el teniente de alcalde, César Díaz, haya utilizado la ironía en este tema, provocando las risas de algunos de sus compañeros de partido.

César Díaz ha tachado la propuesta de “demagogia” y asegura que se basa en “prohibir”, asegurando que Arabia Saudí es la “misma dictadura mala malísima que está matando a mucha gente” para todos.