El Parlamento de Cantabria ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Santander que se paralice, de manera inmediata, la obra de los espigones en las playas de La Magdalena, Bikini y Los Peligros, en Santander, para estabilizar la arena de las playas.

En dos mociones presentadas por el PRC y Podemos, que se han debatido conjuntamente, se ha votado también exigir que las escolleras sean retiradas y que la zona recobre su estado inicial, antes del cambio paisajístico y estético que ha sufrido.

Una de las escolleras levantadas en las playas de Magdalena , Bikini y Peligros.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha insistido en que se ha cometido un “atentado paisajístico enorme”, y ha pedido “ser valientes” y “levantar la mano” para que las administraciones responsables reviertan la obra.

Por su parte, el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha defendido la paralización de las obras ante el “rechazo y alarma generalizada” entre la población de la capital por el “impacto paisajístico” que se está ocasionando a una singular playa natural urbana.

Blanco ha señalado que, conforme avanzan las obras, se están revelando grandes diferencias entre las infografías y proyectos y la realidad final; al igual que ha apuntado las “más que evidentes” discrepancias que hay entre el estudio de impacto ambiental y la valoración final de la demarcación de costas.

“Este proyecto no sólo va a suponer la mutilación del icónico paisaje de la bahía  si no también el emparedamiento de la emblemática  playa de La Magdalena sin necesidad alguna, puesto que existen informes y opiniones avaladas por expertos que así lo manifiestan”, señala el diputado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR RETIRAR EL RECURSO “UNILATERALMENTE”

Desde Podemos y Ciudadanos también ha habido críticas al PRC porque el Gobierno de Cantabria retirara “unilateralmente” el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto contra el proyecto, por posibles afecciones a la zona del Puntal, tras una moción que se aprobó en el Parlamento hace dos años.

Mientras que los regionalistas han defendido que solo se retiró el recurso por la vía judicial para “continuar con las negociaciones administrativas”, desde Podemos apuntan a que “fue un postureo” para congraciarse con Iñigo de la Serna, que había llegado pocos meses antes al Ministerio de Fomento.

Rubén Gómez (Cs) ha apuntado a que ésta es la “obra del terror”, que se ha debatido varias veces en el Parlamento por las decisiones del Ejecutivo de “retirar unilateralmente” el recurso.

También el PP, el único partido que ha votado en contra de la paralización, han criticado el “trilerismo político” del PRC, y les ha afeado que “se opongan ahora al procedimiento”, que defiende que ha sido adecuado y que, «si no se respeta”, supone «convertir todo en una jungla».

Ciudadanos había realizado enmiendas a las mociones, que no se han aceptado, para proponer que se realice un plan integral de la Bahía de Santander, encabezado con el Gobierno de Cantabria y que sea consensuado con los municipios colindantes. Sin embargo, tanto PRC como Podemos han asegurado que apoyarían la moción si se presentase en solitario.

En el PSOE, Silvia Abascal ha pedido que “se exploren otras alternativas”, que “no se premie lo económico frente al mantenimiento de una seña de identidad de nuestra región” y “se paralicen los trabajos antes de que no tengan remedio”, ya que cree que la opción escogida es “la que más impacto paisajístico tiene” y “la más perjudicial para el entorno de la Magdalena”.

CALIFICAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BASARSE EN UNA ENCUESTA “TENDENCIOSA Y DIRIGIDA”

Protesta contra las escolleras

Además, desde Podemos se critica que las obras se están realizado sin haber contado con la población. “Lo único que ha habido es una especie de acto propagandístico o un sucedáneo de la que debe ser la participación real y efectiva, al no reunir las condiciones necesarias deseables en un proyecto que va a ocasionar una transformación muy significativa en un paisaje emblemático y relevante de  la ciudad”, ha indicado José Ramón Blanco.

La formación morada recuerda que se realizó una encuesta “absolutamente tendenciosa” que “estaba totalmente dirigida”, con “opciones cerradas y extremas”, al preguntar a los ciudadanos si querían “una playa de piedra o una playa de arena” o si desean «estabilizar la playa o que el mar se lleve la arena”.

EL PP INSISTE EN QUE “NO ES MOMENTO DE PEDIR ESA PARALIZACIÓN”

Contrario al voto del resto de formaciones, el Partido Popular ha asegurado que “no es momento de pedir esa paralización”. El diputado popular, José Manuel Igual, ha asegurado que “ha habido momentos antes” porque “ha habido 12 años” y el propio Gobierno ha retirado el recurso contencioso-administrativo en el pasado al estar supuestamente conforme con los informes de Medio Ambiente.

“¿Quién paga las indemnizaciones, las responsabilidades administrativas?”, se ha preguntado Igual, que ha defendido que “la obra está sometida a impacto ambiental”, y ha recordado al Ejecutivo cántabro las similitudes y diferencias con el Puerto de Laredo.

“No vale ponerse el traje de lo que cuadra según el día que viene”, ha insistido al equipo de Revilla, a los que ha señalado que “ustedes tienen que gobernar”.

DE LA SERNA SE HACE RESPONSABLE DEL METROTUS

En cuanto al otro tema que está vivo en Santander y que ha supuesto las mayores protestas por un tema local, el MetroTUS, el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha defendido a su predecesora.

En una entrevista en Mix FM, el exalcalde ha reivindicado que este proyecto “viene de la legislatura anterior” y “se presentó cuando yo era alcalde”. De la Serna ha insistido en que “se presentó al Consejo de Movilidad y los diferentes colectivos relacionados con el tema” y que “parte de un diseño de la Universidad de Cantabria, que responde, no a decisiones políticas, sino al estudio de uno de los mejores departamentos técnicos”.

En cuanto a los problemas de los que se quejan los usuarios, De la Serna insiste, al igual que hace el Ayuntamiento en que “un proyecto así requiere una adaptación a la realidad de cada momento”, y acepta que “no todos (los autobuses) tienen que parar en intercambiadores”.

Sin embargo, ha alabado el “esfuerzo” de Gema Igual por “dialogar”, “tratando de buscar un proyecto que al final encontrará el encaje para que todo el mundo quede satisfecho”. Además, ha aprovechado para cargar contra los que él  considera que “se suman en todo momento a todo lo que vaya contra Ayto y el Partido Popular”, al tiempo que ha lamentado que “se habla de esto y no de las inversiones que la alcaldesa está realizando en Santander”, que asegura son “más que el Gobierno de Cantabria en estos momentos”.

EL PARLAMENTO VOTA EN CONTRA DE LA EXPORTACIÓN DE ARMAS A PAÍSES QUE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS

Además, este lunes el pleno del Parlamento de Cantabria, con 21 votos a favor (Podemos, PSOE, PRC y Carrancio), frente a 14 abstenciones, ha aprobado una moción de los podemitas para pedir al Gobierno de Cantabria que insta al Estado a que se «deniguen, suspendas o revoquen» las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países que violan los derechos humanos; así como que se usen nuestros puertos para trasladarlas.

Todo esto deriva del atraque, el pasado 8 de marzo, del Bahri Hofuf, un barco saudí cargado de explosivos y armas y que probablemente sean destinadas a la guerra contra Yemen. Se prevé que la naviera nacional saudí regresará a Santander el próximo 10 de abril.

El Gobierno de Cantabria, del que depende la Autoridad Portuaria, ha manifestado su rechazo a que el Puerto acoja un carguera con armas para una guerra “que está cebándose especialmente  con la población civil”, tal y como expresó la pasada semana el consejero Francisco Martín.

Según han denunciado Pasaje Seguro y la ONG vasca Ongi Etorri Errefuxiatuak, el barco desconectó las señales de localización marítima durante las 24 horas previas a su atraque a Santander, es decir, durante toda la maniobra de aproximación a puerto, lo que supondría un incumplimiento de la ley de puertos, además de borrar su nombre del casco y el hecho de que no fuera desplegada la bandera identificativa como transporte de mercancías peligrosas.

La moción aprobada es muy similar a la que se presentó la pasada semana en el Ayuntamiento de Santander, y que fue rechaza con los votos del PP y del concejal tránsfuga, David González.

En esta ocasión el PP se ha abstenido, como también ha hecho Ciudadanos, cuyo diputado, Rubén Gómez, cree que se trata de una propuesta “superficial y oportunista” que pretende “una salida fácil a un asunto muy complejo”.

Por su parte, el Partido Popular ha calificado de “demagogia que alcanza la pornografía” las críticas a las que se han unido el PSOE y el PRC por el aumento de las inversiones en materia de Defensa.

Los socialistas han insistido en que “el dinero es el dinero y parece que para el Gobierno está por encima de la ley”, acusándoles de, desde la llegada de Rajoy, “han aumentado la exportación de armas en España en comercio internacional”.

Los regionalistas han criticado el “secretismo oficial” en las inversiones en Defensa que cree que se está usando como un “apoyo a la industria de armas”. “Es lamentable que salvar vidas en el Mediterráneo sea delito y que exportar armas sea normal”, se ha lamentado Matilde Ruiz.

PODEMOS CRITICA LA “DESIDIA” DEL GOBIERNO PARA PROTEGER LA CASA GÁNDARA

También en este pleno Podemos Cantabria ha interpelado al consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes sobre la protección de la casa solariega de los Pérez Bustamante -más conocida como Casa Gándara-, situada en Puente San Miguel y cuya construcción data de 1635.

Verónica Ordóñez ha criticado la “desidia” del Gobierno de Cantabria, ante la “dejación administrativa” que ha favorecido el estado de ruina del inmueble y que se ha acentuado con la retirada del escudo, llevado a cabo por la empresa propietaria, Puente San Miguel SA, de la familia Botín,  pese a que tiene la condición de Bien de Interés Cultural.

El consejero ha asegurado que la protección en este caso corresponde únicamente al escudo, que la ley exige que la posible restauración derive en los propietarios. Además, ha asegurado que la retirada de este elemento ha sido por “motivos de seguridad”, ante el riesgo de desplome.

En 2016, una asociación municipal solicitó a la Administración que iniciara el procedimiento para la protección de la casa, aunque, hasta el momento, no se ha contestado ni se ha procurado protección.

Podemos considera la “supuesta protección de esta casa está plagada de irregularidades”, tanto por parte de la Consejería como de la empresa propietaria, a los que, pese a eso, no se les ha abierto expediente sancionador. “¿Para qué quieren ustedes instrumentos jurídicos que les permita proceder a restaurar la legalidad si quienes tienen que implementarlos miran para otro lado? ¿O es que no se ha hecho nada porque estamos hablando de la familia Botín?”, ha cuestionado Ordóñez.