Liberbank fuerza al límite los acuerdos judiciales con los afectados por las preferentes

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Tanto los afectados por las preferentes como la propia Administración de Justicia están razonablemente satisfechos con la marcha del Juzgado especializado en este problema (en realidas, el refuerzo de un juzgado ya existente, el número 7): los asuntos van a buen ritmo y las sentencias les van dando la razón.

Así se lo han traslado directamente representantes de la Plataforma que les agrupa a César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y a José Arsuaga, el juez decano de Santander.

Pero no todo son facilidades en un proceso en el que muchos de ellos llevan años y en el que las soluciones más efectivas, prácticamente las únicas, han llegado desde los tribunales.

Aparte de las sentencias, se están produciendo acuerdos con Liberbank, el banco del que forma parte la antigua Caja Cantabria y que emitió la mayoría de las preferentes que se suscribieron en la comunidad autónoma.

Son acuerdos con los que se evita la celebración del juicio y que tienden, en la línea de las sentencias, a dar la razón a los afectados.

Pese a ello, en la plataforma molesta especialmente que Liberbank espere hasta el último día, hasta prácticamente estar en la puerta de la sala donde se celebra el juicio, para proponer el acuerdo.

Los afectados lamentan que no se quiera llegar al acuerdo con antelación, como, por ejemplo, en las vistas previas que se celebran antes de los juicios, y consideran que se debe a una estrategia para “obstaculizar” la labor de los jueces y de paso desgastar a los preferentistas.

La otra ‘pega’ que, de alguna forma, ven en el funcionamiento del Juzgado es su propio carácter temporal. Fue una solución que habilitó la Justicia al detectar que la avalancha de demandas podría colapsar los juzgados

Hasta la fecha, se han registrado 1.400 demandas. El Juzgado ha registrado 584 procedimientos, ha dictado 35 sentencias y se han alcanzado 58 acuerdos.

En principio, los cálculos que manejan los responsables de la Administración de Justicia es que este órgano dure aproximadamente un año, por lo que los preferentistas avisan al resto de afectados que aún no hayan demandado de que pueden hacerlo y “aprovechar” así todas las oportunidades para recuperar el dinero que están en su mano.

En general, en la reunión le han transmitido a Tolosa y a Arsuega su satisfacción y el sentimiento de que en este asunto, “pueden confiar” en los jueces.

Y Tolosa les expresó su “compromiso de seguir trabajando” para solucionar cualquier problema que pueda surgir en la tramitación de los asuntos.

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